La crisis política de Perú no parece tener fin tras una convulsa jornada de martes, signada por el enfrentamiento entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso, disuelto por este.
Mercedes Aráoz, quien había nombrada presidenta por el Parlamento opositor como respuesta a su disolución por Vizcarra, renunció al cargo debido a que “no existen las condiciones mínimas para ejercer el encargo”, por lo que pidió al mandatario que convoque a elecciones “en el más breve plazo”.
Aráoz dejó el cargo un día después de rendir juramento como presidenta en una inusual sesión parlamentaria tras su cierre por Vizcarra. El mandatario cerró el parlamento después de que no se le concediera la posibilidad de instalar rigurosos filtros al proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional, un órgano clave en el manejo del poder local.
Esta decisión disminuye un tanto el clima de incertidumbre política que reina en Perú desde la disolución del Parlamento unicameral dominado por el partido opositor Fuerza Popular de Keiko Fujimori, quien se encuentra en prisión mientras la fiscalía conduce una investigación sobre el presunto recibo de sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Crisis política en #Perú
"Se ha roto el orden constitucional", argumentó la exvicepresidenta Mercedes Aráoz en su renuncia a la presidencia interina.
¿Existe un vacío político en el país? [ml] pic.twitter.com/crYbSa6jgX
— DW Español (@dw_espanol) October 2, 2019
Horas antes, Aráoz fue denunciada por el delito de usurpación de funciones por dos destituidos legisladores izquierdistas que estaban a favor de la disolución del Parlamento. Las leyes peruanas castigan el delito de usurpación de funciones con una pena de entre 4 y 7 años de cárcel.
Antes de su renuncia, la Organización de Estados Americanos propuso que el Tribunal Constitucional de Perú se pronunciara sobre la legalidad de la disolución del Congreso y la decisión del Parlamento de reemplazar al mandatario por Aráoz, quien también renunció a su cargo como vicepresidenta.
En un comunicado la OEA valoró como un “paso constructivo” que Vizcarra haya convocado a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020 “y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano”. Los nuevos 130 legisladores culminarán su gestión el 28 de julio de 2021 cuando junto a Vizcarra entregarán el poder a la siguiente administración Ejecutiva y Legislativa.
Decenas de peruanos comenzaron a apostarse detrás de las rejas para apoyar por segundo día la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso. Otros miles salieron la víspera a celebrar el “cierre del nido de las ratas”, en referencia al desprestigiado Parlamento unicameral, mientras las fuerzas armadas y policiales junto a la Asamblea de Gobiernos Regionales le mostraron su respaldo.
Por el contrario, Aráoz no recibió apoyo de ninguna institución pública salvo del Parlamento luego de que fuera disuelto, por lo que sus decisiones no tienen ningún valor, dijo a The Associated Press César Landa, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Las decisiones parlamentarias son “como los frutos de un árbol que ya están podridos”, añadió.
Sin embargo, otros abogados consideraron que Vizcarra realizó un mal manejo político de la situación. “El presidente ha traspasado todos los límites, se ha ido más allá de lo debido”, dijo Raúl Ferrero, quien era senador cuando en 1992 el Congreso fue disuelto por el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), el más reciente episodio de este tipo en la historia peruana.
El presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, admitió en una conferencia con la prensa internacional que “por el momento” era presidente de la Comisión Permanente, el órgano de casi 30 parlamentarios que sobrevive tras la disolución y únicamente acumula los decretos de urgencia con los que Vizcarra legislará hasta que se instale el nuevo Congreso en 2020.
Poco antes dijo a la colombiana Blu Radio que Vizcarra había dado “un golpe de Estado” y admitió que será un “tema legal, largo, tedioso y delicado” definir quién es el presidente de Perú.
Precisamente el Tribunal Constitucional, conformado por siete magistrados y clave en el manejo del poder, fue el centro de la disputa que desencadenó la disolución del Parlamento. Vizcarra buscaba que el Congreso escogiera a seis integrantes pero añadiendo rigurosos filtros para su elección, pero el Parlamento hizo caso omiso al pedido y eligió a uno de ellos. Esa actitud provocó el cierre del Legislativo.
El máximo órgano judicial en asuntos constitucionales debe definir pronto la liberación o permanencia en prisión de Keiko Fujimori. También debe decidir si la fiscalía puede investigar a más de dos decenas de congresistas que habrían recibido dinero de Odebrecht para sus campañas. Su nueva composición se convirtió en el epicentro de la batalla entre el gobierno de Vizcarra, que lanzó una cruzada anticorrupción en 2018, y el Parlamento cuyos integrantes necesitaban tener magistrados afines a sus intereses.
Se espera que Vizcarra y su nuevo primer ministro, Vicente Zeballos, nombren pronto a su gabinete y una de las expectativas más grandes es conocer quién será el nuevo ministro de Economía.
Zeballos ya anunció este miércoles que el presidente gobernará hasta el 28 de julio de 2021 y no renunciará al cargo como solicitó la oposición.
Unos 300 policías mantenían rodeado el Parlamento y el general policial Jorge Lam dijo a la prensa que sólo estaban autorizados a ingresar al edificio los miembros de la Comisión Permanente. Dos legisladores opositores, Gilbert Violeta y Carlos Tubino, afirmaron a la prensa que habían recibido agresiones físicas por parte de simpatizantes del gobierno de Vizcarra.
Otros dos legisladores opositores, Víctor García y Roberto Vieira, intentaban viajar a Estados Unidos alegando motivos familiares. García dijo a la prensa que regresará en dos días.
En 1992, además de disolver el Parlamento, Fujimori también cerró la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, detuvo al presidente del Legislativo, sacó los tanques de guerra a las calles y censuró a la prensa tras enviar escuadrones de militares que entraron por la fuerza a las redacciones, emisoras y televisoras.
Fujimori se mantuvo ocho años más en el poder y fue reelecto dos veces. Abandonó la presidencia en el año 2000 tras varios escándalos de corrupción y finalmente dimitió desde Japón, adonde había huido. Fujimori está sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos durante su gestión. También está sentenciado por corrupción.
“Los peruanos no derramarán muchas lágrimas”, dijo Steven Levitsky, un politólogo de la Universidad de Harvard que ha estudiado extensamente a la nación, en referencia al disuelto Congreso. “Por ahora la democracia es probablemente segura porque todo el mundo es débil”, añadió. “Eso garantiza cierto pluralismo, pero deja a Perú vulnerable a un político demagógico”.
