Patricia es colombiana, aunque vive en Brasil desde hace siete años. Nació en Pasto, Nariño, la región andina de Colombia que vio recientemente caer —no exenta de polémicas y debates— la estatua del independentista de mismo nombre y símbolo de la región. Fueron derrumbadas también la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali, epicentro de la movilización, y la de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá. Los altivos fundadores no escaparon al sismo social colombiano que ha tomado el país desde el 28 de abril. Desde entonces, las protestas inundan las calles, las redes sociales y los medios de prensa, con una fuerza que ni siquiera el miedo a la pandemia que, en ese país, hasta este 27/05, había reportado ya 86.693 muertes, ha logrado contener.
¿Los motivos? Aunque aparentemente relacionados con las recientes reformas tributarias y de salud impulsadas por el gabinete del casi saliente Iván Duque, medios de prensa internacionales coinciden en que las causas principales habría que buscarlas en factores acumulativos que durante años han venido gangrenando el tejido social colombiano: la desigualdad económica y la inseguridad alimentaria decurrente, así como la progresiva militarización y el conflicto duradero con la guerrilla que ha frustrado las negociaciones de paz realizadas hasta el momento.
El conflicto social colombiano tiene un precedente histórico importante. Según el Doctor en Historia y residente en la ciudad de Cali, Héctor Cuevas Arenas, consultado por OnCuba, la ausencia de populismos activos en el poder político, que ha caracterizado la gobernabilidad colombiana contemporánea, se conjuga en una ecuación nefasta con la inhabilidad para el diálogo entre las élites del país y los sectores populares. Según el experto, el ciclo actual de la violencia en Colombia tuvo su marco fundacional en 1948, cuando tras el asesinato del político liberal Jorge Eliécer Gaitán, los sectores políticos liberales-conservadores hicieron un pacto, el llamado “Frente Nacional” o “democracia cerrada”, que significó cooptarse todo el Estado y cerrar el diálogo al resto de los actores.
En los días actuales, el gobierno de Iván Duque no es más que una continuidad de dicha lógica de silenciamiento popular y secuestro del diálogo político que ha marcado la retórica y gobernabilidad colombiana en las últimas décadas. La gestión del candidato del partido Centro Democrático no había, hasta estallar la pandemia, encontrado una narrativa y sentido de gobierno, pues, según refiere Cuevas, “se ha caracterizado por su intransigencia y por andar a la deriva en lo que se refiere a las grandes problemáticas nacionales, a lo que se suman las afrontas del ala guerrerista”. En ese intento de dar rumbo a su gestión, el gabinete de Duque se lanza con las polémicas reformas tributaria y de salud.
¿Por qué un candidato saliente y a las puertas de una posible reelección se arriesgaría a dar este paso? Según comenta a OnCuba el Doctor en Estudios Económicos y Sociales Jorge E. Forero, “hay que entender que su gobierno (el de Iván Duque) opera bajo el imperativo neoliberal; por lo tanto, está en el poder para implementar medidas destinadas a extraer tantos recursos económicos de los bolsillos de la clase trabajadora como resulte posible, dejando intactas las utilidades de las distintas formas de capital. Un gobierno de este tipo, por lo tanto, no puede perder meses valiosos de gestión, que pueden ser empleados para continuar con el saqueo que caracteriza al neoliberalismo. Queda además la sensación más amplia de que el uribismo se siente inmune a cualquier forma de justicia, y que considera que la aplicación de la violencia sistemática y brutal es suficiente para imponer cualquier medida gubernamental, no importa cuán impopular esta resulte”.
Ante esos “truenos”, la caída de las estatuas no es nada. El desabastecimiento resultante de los bloqueos en carreteras y la represión policial han resultado del embate entre manifestantes y las estructuras de control público, que se valen de la retórica del gobierno como plataforma para atribuir a las protestas un carácter de vandalismo, lo cual ampara a su vez la represión a los manifestantes. De paso, el ala derechista se aprovecha del caos para afirmarse como autoridad, enfatizar la narrativa de la militarización y “cultivar un escenario donde la solución guerrerista y de aparente autoridad gane mayor presencia”, en las palabras del experto Héctor Cuevas.
Así las cosas, la violencia y abusos por parte de las fuerzas de contención públicas había dejado hasta el 21 de mayo un saldo de al menos 27 muertes y 27 casos —reportados— de violencia sexual y de género. Además, se suman a estas tragedias un índice significativo de desaparecidos y la muerte de varias personas a manos de civiles armados, en el que constituía en 2017 el país donde habían registradas, nada menos, que 9.497 armas por cada mil habitantes, según el Informe de la Fundación “Ideas para la Paz” (FIP). En ese contexto, la incertidumbre respecto a las negociaciones, las divisiones internas del lado de los manifestantes y la posibilidad real, o no, de un diálogo que sane —o al menos de el primer paso para sanar— las viejas heridas, son otras de las nubes oscuras que pesan sobre el panorama actual.
“Yo veo la situación como una olla de presión”, comentaba a OnCuba Patricia, quien, a pesar de residir en Brasil, se levanta y se acuesta leyendo noticias sobre su país, mientras teme por la seguridad de sus familiares, que residen en la región Nariñense, y por la propia, pues, aún estando lejos de casa “las personas de mi ciudad están recibiendo amenazas por su activismo cibernético”. “En Colombia mucha gente quedó en la pobreza por la pandemia y la falta de políticas de aislamiento y restricción. Muchos colombianos viven hoy del trabajo informal y el gobierno no ofreció ninguna ayuda concreta a esas personas. La vacunación va lenta y en medio de toda esa situación “el Duque” propuso una reforma de salud”, comentaba, describiendo un escenario que parecía la ecuación perfecta para un desborde social. Y así fue.
Las Reformas infelices: donde todo comenzó.
El pasado 15 de abril, el Ministerio de Hacienda de Colombia presentó un proyecto de reforma tributaria que, en líneas muy generales, proponía medidas para la recuperación del país por la situación fiscal que la pandemia generó. Además de la imposición del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) para los bienes de consumo y servicios básicos, otra de las novedades del proyecto de reforma era expandir el concepto del contribuyente; lo cual, obviamente, afectaría a un mayor segmento de la población, sobre todo a la base trabajadora.
De acuerdo con la propuesta presentada por el entonces Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el recaudo propuesto tendría como fuente principal a las personas naturales, de las cuales saldría el 73%. Hablamos de un país que ha retrocedido veinte años en el indicador de reducción de la pobreza, según refiere el diario El Espectador, argumento que los datos vehiculizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia amparan, ya que en marzo de 2021 la República contabilizaba nada menos que 3,4 millones de desempleados, con un aumento de 468.000 desempleados respecto al mismo período en 2020. Ante este panorama, el gobierno de Duque se lanza con un programa de recuperación fiscal que no podía ser más inoportuno y que le ha costado índices críticos de desaprobación pública a su gabinete, alcanzando el 63.2% de desaprobación general, según datos de abril de 2021 vehiculizados por Invamer.
Una reforma tributaria para tapar los huecos económicos exprimiendo a los sectores populares parece, por lo bajo, descontextualizada. El Doctor Cuevas califica como “torpeza” del gobierno el haberse atrevido a presentar una reforma tributaria —de manera intransigente, además— en un contexto económico tan delicado. “Eso fue como el detonante de todas estas marchas, pero detrás de ellas también están otras expresiones políticas sustentadas en la violencia, que responden a la coexistencia contradictoria entre unas instituciones que aparentemente son sólidas y parecen ofrecer el marco para metabolizar los conflictos y esa versión del repertorio político colombiano sustentado en la exclusión, en el patrimonialismo y en el “aniquilamiento” del otro al no permitir un escenario de discusión de diferentes proyectos políticos”.
Por su parte, la reforma de salud no se quedaba atrás; el pliego proponía, en líneas generales, favorecer a la iniciativa privada ante el derecho público a la salud de todos los sectores de la población colombiana, además de la regionalización de los servicios. Todo esto en medio de una crisis sanitaria mundial que en Latinoamérica ha sido devastadora. A finales de abril, de hecho, Colombia era ya el cuarto país con mayor cantidad de muertes semanales por el nuevo coronavirus a nivel mundial, mientras figuraba como decimoprimero en el ranking absoluto de muertes por la pandemia.
Todos esos factores, sumados a un antecedente importante en las protestas en 2019, configuran la movilización actual, que estalla en medio de un panorama social crítico donde “toda la desesperanza, la frustración y las deudas históricas no resueltas ni discutidas desbordaron la capacidad de un Estado que no tiene un norte de gobernabilidad”, a decir de Cuevas.
El saldo de las negociaciones
Miembros del Comité Nacional del Paro de Colombia se reunieron con representantes del gobierno de Iván Duque el domingo 16/05 para negociar las más de 100 demandas que, del lado del Comité, orientan la movilización social. Hasta el momento, las negociaciones han resultado en que se ha archivado la reforma de salud y en la retirada de la reforma tributaria. No obstante, el Paro sigue, las calles continúan llenas y la violencia aumenta, tanto la policial como la de los grupos de delincuencia barrial para los cuales la coyuntura de dispersión no puede ser más favorable. Y sigue, sobre todo, porque no solo el Comité del Paro, al frente de las negociaciones, tiene propuestas que hacer.
Según los especialistas consultados por OnCuba, la continuidad de las movilizaciones podría significar la pérdida de capital político por parte del frente del Paro y ser contraproducente para los sectores progresistas en las venideras elecciones, mientras el gobierno, estratégicamente, recurre a la dilación y al titubeo retórico como instrumentos para legitimarse, debilitar a los sectores de la izquierda y “cultivar un escenario donde la solución guerrerista y de aparente autoridad gane mayor presencia”, destaca el historiador Héctor Cuevas. Entonces, ante la conquista ya realizada de la anulación de los dos proyectos de reforma, ¿sería la hora de parar?
Al respecto, el Doctor Cuevas indicaba que la anormalidad económica generada por la situación del Paro nacional ha ido desgastando inevitablemente a sectores económicos que, a pesar de ser políticamente progresistas, necesitan producir y dinamizar sus estructuras económicas. “Esto genera procesos de quiebres y contradicciones. Tanto la coalición de gobierno como los representantes del Paro pueden estar desgastándose políticamente y esto va a producir polarizaciones políticas que enredarán el asunto en las elecciones venideras, gane la izquierda o la derecha. Si gana la izquierda, es posible que haya una ingobernabilidad bastante fuerte, si gana la derecha pues los problemas sociales que he comentado se reforzarán”.
Por su parte, el Doctor Forero considera que “es poco probable que las negociaciones entre el Comité de Paro y el gobierno nacional conduzcan a una solución por varias razones: primero porque las demandas actuales presentadas por el Comité y por diversos actores de la sociedad civil demandan el establecimiento de responsabilidades respecto a los graves casos de violaciones a los derechos humanos presentadas en las últimas semanas, algo que pondría en apuros judiciales a los funcionarios del gobierno y a la cúpula policial y militar que constituye, hoy por hoy, su único punto de apoyo. En segundo lugar, el pliego de demandas contiene un conjunto de reivindicaciones que requieren inversiones presupuestales que están muy por encima de las posibilidades del Estado, si es que el gobierno insiste en su negativa de cobrar impuestos a quienes más tienen. Finalmente puede decirse que hay una conciencia por parte de las y los manifestantes de que lo que se requiere es un cambio estructural, que un Gobierno de derecha es claramente incapaz de proveer”.
Otro elemento a destacar es la heterogeneidad y discordancias internas dentro de los sectores que protestan. Hasta el momento, las movilizaciones en Colombia han estado representadas por dos sectores principales, bastante diferentes entre sí en lo que respecta a su origen social. Por un lado, están los representantes del Comité del Paro, integrado por la dirigencia sindical y la dirigencia barrial, y por otro, la llamada “resistencia de primera línea”, o jóvenes segregados de ambientes de estudio y trabajo, que no tienen una relación ni articulación directa con el Comité Nacional del Paro, sector al que le es derecho atribuida la posibilidad de negociar directamente con el gobierno.
“En cuanto a las divisiones internas del paro, hay que entender dos factores: el primero la composición del llamado Comité de Paro, fundamentalmente constituido por distintas organizaciones gremiales, con peso importante de sindicatos y con una participación minoritaria de las y los estudiantes. Esta composición impide al Comité representar a una movilización conformada por personas excluidas socialmente y que por lo tanto se encuentran en la informalidad o en el desempleo y sin ningún tipo de acceso a la educación. Precisamente por esta composición existe también una brecha generacional entre quienes se encuentran negociando y quienes están liderando la movilización, que son personas jóvenes, en su gran mayoría”, indicaba Jorge Forero a OnCuba.
Paro 2.0: Las movilizaciones toman las redes
No solo las calles han estado tomadas por las ondas de movilización recientes; las protestas también han capilarizado hacia los medios digitales, circuitos clave de producción de sentido y acción política en la contemporaneidad. Ante la selectividad noticiosa de los medios de prensa locales, las redes sociales han impulsado una serie de iniciativas, como la de la organización “Temblores ONG”, que busca visibilizar las protestas en Colombia por medio de un hashtag en Twitter y el apoyo de herramientas de localización espacial de Google que permiten a los usuarios “acompañar” las movilizaciones.
Del mismo modo, la capacidad de articulación para los asociativismos en las redes sociales ha promovido iniciativas interesantes como la movilización reciente de miembros del fandom k-pop para silenciar los hashtags promovidos por el gobierno para deslegitimar a los manifestantes. Tal ha sido el impacto de esta movilización digital que, actualmente, quien busque la etiqueta #UribeTieneLaRazón en Twitter podrá comprobar que ha sido ocupada por una avalancha de tweets sobre la escena de pop coreana, con fotos de grupos musicales y fancams (vídeos cortos de grupos musicales que se usan como estrategia de spam para aumentar la visibilidad de ciertos tópicos en las redes y silenciar otros) que nada tienen que ver con la narrativa derechista colombiana; lo mismo ha sucedido con otras etiquetas uribistas como #NoMásParo y #LaTomaDeCali, según reporta el diario El País.
A la deriva: puntos suspensivos
El panorama político colombiano está encuadrado, a nivel regional, en un giro derechista neoliberal importante que desgasta cada vez más a los sectores populares y progresistas y agota las posibilidades de negociación con estos proyectos políticos. Ante la sistémica falta de representación en los programas de gobierno y políticas públicas, las personas ven en la ocupación de las calles la única válvula de escape posible para la conquista de sus derechos. En Colombia, a pesar de que las movilizaciones de abril cuentan con un ala políticamente articulada, simbolizada por el Comité del Paro, los cimientos sociales que históricamente se han ido acumulando para dar pie al estallido siguen estando ausentes en el diálogo, tanto internamente como en el que está siendo trabado con el gobierno, y la fragmentación de los sectores progresistas laceran el movimiento desde sus bases. Así, cualquier análisis sobre la situación actual de las protestas no podría ser reducida al binarismo “gobierno-Paro”; ni tampoco al detonante de las reformas; eso sería negar la complejidad histórica de las fuerzas impulsoras de las movilizaciones, que no son ni recientes ni tienen tampoco una solución inmediata.
Aunque la anulación de las polémicas reformas del gobierno Duque es sin dudas una conquista, todavía queda bastante camino por recorrer, y muchas heridas sociales por sanar; heridas que ni el actual Paro Nacional y ni siquiera la posibilidad de un gobierno de izquierda en las venideras elecciones sanarían del todo. Mientras esto ocurre, las grietas se dilatan y las arterias urbanas se inundan de sangre, armas y ausencias. Aun así, Colombia grita, sus venas se abren y con ellas, tiemblan las bases de un modelo de neoliberal desarrollo que, como diría Eduardo Galeano, es un viaje que “tiene más náufragos que navegantes”.
