Amado Viera
Dos años atrás, Annelys1, residente en el barrio La Vigía, en Camagüey, acordó con sus hermanos quedarse al cuidado de los ancianos de la familia. Sucedió antes de que su hermana menor emigrara a España para hacer un posgrado. Entonces, el mayor de los tres hermanos ya había emigrado a Ecuador, en 2015, y de ahí siguó rumbo a Estados Unidos.
Ambos se comprometieron a ayudar económicamente a Annelys para la atención de los abuelos maternos, encamados, y a los padres de los tres.
En 2022, a los 89 años, el abuelo materno de Annelys murió. Mientras, la condición física de su abuela seguía deteriorándose. Terminaría por perder conciencia de la realidad a causa del Alzheimer. Los padres de Annelys, los cuidadores principales de los ancianos, tienen sus propios padecimientos. Su padre es sobreviviente de un cáncer de próstata, y su madre lidia con problemas circulatorios e hipertensión.
Viviendo a un par de cuadras de sus padres parecía lógico que fuera Annelys la encargada de ayudarlos. Sobre todo porque entre sus planes inmediatos no estaba emigrar. “Mi esposo y yo teníamos claro que no íbamos a someter a los niños a la locura de la ruta con los coyotes. Si viajábamos tenía que ser legalmente, saliendo y llegando en avión. Tampoco estaba de acuerdo con que él se fuera alante y al cabo de unos años tratara de reclamarnos. He visto muy pocos matrimonios sobrevivir a esa separación”, explica.
Las cosas cambiaron en enero último, con la entrada en vigor del nuevo programa de parole para emigrar a Estados Unidos. El suegro de Annelys, ciudadano estadounidense, se ofreció a acoger a la familia para que viajaran a Estados Unidos. Ella vaciló durante semanas antes de plantearle la posibilidad a sus padres. Incluso después de hacerlo, de que estos le diesen su “visto bueno” y de completar el proceso burocrático, a la espera solo de la autorización final para partir, le cuesta hacerse a la idea.
“Ellos me dijeron que no puedo postergar mi vida, pero hasta cierto punto el sentimiento que me queda es de que estoy dejándolos solos, quién sabe por cuánto tiempo”, confiesa.
Cubanos en tiempos de “parol”: la nueva experiencia migratoria insular
Mientras los jóvenes se van
“La población migrante cubana se sigue concentrando en edades jóvenes. Es cierto que migran personas de todos los grupos de edades, pero el grueso de esa migración sigue siendo una población en las edades productivas y reproductivas, entre los 19 y 49 años; con una creciente presencia femenina, y también de altos niveles de cualificación”.
Así lo explica un estudio del Centro de Estudios Demográficos presentado durante la conferencia Escenarios Estratégicos, organizada a finales de 2022 por el Centro de Investigaciones de Política Internacional de La Habana.
El escenario migratorio actual es el menos deseable para un país en franca crisis demográfica, en el que hacia 2030 un tercio de la población tendrá 60 años o más.
De cumplirse los pronósticos, por esas fechas el número de ancianos será un 27 % mayor que el de los niños y adolescentes, y casi el doble que el de los jóvenes de entre 19 y 34 años de edad. Un estudio elaborado en 2015 por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) ya anticipaba un dato significativo: de los 3,2 millones de adultos mayores que en 2030 vivirán en Cuba, alrededor de un millón tendrá 75 años o más. Entre 2015 y 2030 esta última franja etaria podría crecer en torno al 8 %, mientras que la población general, en el mejor de los casos, se mantendrá sin grandes variaciones.
La “frontera de los 75 años” no es un lugar común, asegura un artículo de los investigadores Jesús Menéndez, Adyalis Guevara y Liliana Rodríguez, publicado en marzo por la revista Temas, que describe cómo la necesidad de ayuda para la vida diaria aumenta de manera exponencial a partir de esa edad.
Durante la Encuesta Nacional del Envejecimiento Poblacional en Cuba, desarrollada en 2017, el 27,3 % de los ancianos consultados refirió algún grado de dependencia hacia familiares, amistades, vecinos o instituciones. El 7,6 % declaró que tenía necesidades de auxilio para realizar actividades básicas. “La demanda insatisfecha de sistemas de cuidado y de apoyo a las familias parece actuar como inhibidora para iniciar nuevos proyectos para el 86,7 % de la población de sesenta años y más”, agrega el colectivo de autores.
Son datos que coinciden con tendencias internacionales. Un manual para la atención de ancianos, confeccionado en 2021 por especialistas de las universidades de Adelphi y Columbia, en Estados Unidos, estimó que “alrededor del 38 % de las personas ≥ 80 años y el 76 % de las personas ≥ 90 años requieren ayuda de rutina con el cuidado personal y las tareas del hogar”. En promedio, esa asistencia demanda unas 24 horas semanales, aunque para uno de cada cinco casos suele superar las 40 horas semanales.
Contextualizada en el escenario cubano, esa proporción lleva a estimar, considerando las proyecciones de la Onei, que en 2030 cerca de 265 mil adultos mayores de 80 años necesitarán cuidados regulares, muchos de ellos de tiempo considerable (los que demandan entre 24 y 40 horas semanales, o más); 15 mil más que quienes los necesitan en la actualidad.
Proveerlos es, cada vez más, tarea de otros ancianos o de adultos a punto de serlo, a quienes toca postergar la atención a sus propios padecimientos para lidiar con los de las personas más vulnerables a su cargo.
Hace pocas semanas fue muy comentado en Facebook el caso de una señora de 74 años en La Habana que atiende sola a su hijo con discapacidad intelectual. Ante el peligro de una agresión por parte del joven, había solicitado ayuda de instituciones oficiales para internarlo en un hospital. Su reclamo había topado con respuestas formales pero ninguna ayuda concreta: “Agotada de recurrir a trabajadores sociales, Ministerio de Salud Pública y las instituciones pertinentes del gobierno que son muy atentos pero no me resuelven el problema”, dijo en Facebook.
Son muchas las historias similares que no se divulgan en Internet. Los adultos mayores han sido uno de los segmentos poblacionales más empobrecidos por la rocambolesca arquitectura económica de la Tarea Ordenamiento. El “diseño” de la reforma partió de un aumento nominal de las pensiones que en realidad escondía la caída de su poder adquisitivo real.
Los últimos 15 años en la vida de un cubano cualquiera que este año celebre sus 70 estuvieron plagados de conmociones o verdaderas catástrofes económicas. En 2009 este ciudadano tipo debió hacerse a la idea de trabajar cinco años más de los que en principio había pensado, a causa de la entrada en vigor del nuevo Código de Trabajo; en 2010-2011, ya a las puertas del retiro, enfrentó los procesos de idoneidad que eliminaron miles de puestos de las nóminas estatales; y, luego del 1° de enero de 2021, debió reajustar su presupuesto a la realidad de una chequera menor que el salario mínimo.
“Cuba tiene alrededor de 1 600 000 jubilados, y de ellos, más de la mitad cobra el mínimo de las pensiones [… son un] ejemplo de los segmentos más vulnerables”, observó en marzo de 2022 el exministro de Economía y Planificación José Luis Rodríguez, citado por el periódico cienfueguero Cinco de Septiembre.
El mismo reportaje incluye un reconocimiento dramático de parte del director del Instituto Nacional de Seguridad en Cienfuegos, Lino Pérez Díaz: “Somos conscientes de que, con los precios de hoy día, exorbitantes, la pensión mínima no satisface las necesidades de los jubilados.”
Menos protección estatal
En el año 2000 los hogares de ancianos contaban en todo el país con 8 312 plazas para internos y 4 880 para semi internos. En 2021, el número de ambos tipos de capacidades se había reducido a 8 045 y 1 093, respectivamente.
La magnitud de la contracción solo se aquilata al tener en cuenta que en el mismo período la población mayor de 60 años aumentó en 750 mil individuos. Mientras en el 2000 existían 507 plazas de asilo por cada 100 mil ancianos, en 2021 esa proporción había bajado a 336 (un tercio menos); los cupos para estancias diurnas sufrieron una reducción más acusada: de 298 a 46 por cada 100 mil potenciales beneficiarios (seis veces menos).
El Sistema de Atención a la Familia (SAF) experimenta un proceso similar. El número de personas que reciben sus servicios no ha variado desde 2016.
Cuba: ancianos dejan de acudir a comedores sociales por aumento de precios
En enero de 2021, los 1 425 comedores de ese tipo existentes en el país elaboraban alimentos para 76 176 comensales, 47,7 % de los cuales eran jubilados, según una nota de Cubadebate. En muchos establecimientos la mitad de los censados había dejado de asistir luego de la aplicación de la Tarea Ordenamiento.
“Nada justifica que el 1° de enero hubiera aparecido en uno de esos lugares alguien cobrando un almuerzo en 30 pesos”, denunciaba en una Mesa Redonda el entonces jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge. Sin embargo, el hecho era que un menú promedio había pasado a costar entre 8 y 13 pesos, mientras que antes de la reforma económica las ofertas más caras —con pollo o carne de cerdo— no superaban los 2,50 pesos.
El tema motivó una amplia cobertura de la prensa no oficial y declaraciones de funcionarios que se comprometían a velar por la calidad de los alimentos y a rebajar los menús en la medida de lo posible. Fue un interés pasajero. Al cabo de dos años la cotidianidad de los SAF puede resumirse en tres sentencias negativas: ni aumentaron el número de sus beneficiarios, ni mejoraron la calidad de sus menús, ni rebajaron sus precios.
Lo que sí ocurrió fue el regreso de consumidores “perdidos”, como pude constatar preguntando en varios SAF de Camagüey, que acabaron por aceptar que no encontrarían en otros sitios una oferta similar.
No es el caso de los padres de Annelys que, aunque alejados de sus hijos, al menos disponen de ayuda económica del exterior para cubrir sus necesidades básicas. Fue ese uno de los argumentos que emplearon para convencer a la joven de la conveniencia de emigrar: “a otros les va peor.”
Renunciación, como quiera que se mire. Tal vez sea ese un gesto común en la envejecida Cuba del futuro.
Nota:
1 Se usó un nombre falso para preservar el anonimato de la entrevistada.
