Un juez federal en Texas ordenó este miércoles desmantelar la barrera flotante en el Río Grande o Bravo y le prohibió el estado colocar nuevas boyas flotantes para evitar el trasiego de indocumentados.
La decisión es consecuencia de una demanda entablada por el Gobierno Federal. Según el juez, el plazo para retirarla vence el 15 de septiembre. La sentencia constituye duro golpe a los políticos republicanos, con el gobernador Gregg Abbott al frente.
En la demanda, el Departamento de Justicia afirma que Texas y su gobernador violaron el Acta de Ríos y Puertos por construir una estructura acuática estadounidense sin permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.
En su respuesta, el gobernador de Texas argumentó que la barrera tenía un propósito de protección migratoria y anunció que apelaría de inmediato la decisión.
“La decisión es incorrecta y será desechada en el proceso de apelación. Seguiremos usando todas las estrategias para garantizar la seguridad en la frontera, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional y la instalación de barreras”, dijo Abbott en un comunicado.
Pero el juez Alan Ezra recordó que Texas nunca pidió ningún permiso desde el inicio y que las leyes obligan a hacerlo. Además, la razón de que Texas necesita una barrera acuática para defenderse “no es convincente”, añadió.
