Tal vez la mejor manera de describir a National Enquirer consista en caracterizarla como una publicación amarillista. Suele llamarse “tabloide de supermercados” debido a su disponibilidad al lado de las cajas registradoras en las que los clientes pagan sus mercancías.
Fundada con otro nombre en 1926 en la ciudad de Nueva York con dineros del magnate William Randolph Hearst, a principios de los años 50 alcanzó su actual identidad al convertirse en la clásica publicación sensacionalista, compuesta por chismes y golpes bajos al mundo del jet set y la farándula.
De un tiempo a esta parte ha adquirido cierta notoriedad debido a haber publicado historias adversas a varios personajes famosos; entre ellas, la revelación de que el candidato presidencial demócrata John Edwards estaba involucrado en una relación extramatrimonial (2007). Lo mismo hicieron un poco más tarde con el magnate de Amazon y dueño del Washington Post, Jeff Bezos, quien terminó acusándolos de extorsión y soborno.
National Enquirer, Karen McDougal y Stormy Daniels
En 2015 el abogado de Karen McDougal, una exmodelo de la revista Playboy que afirmó haber tenido una aventura con Donald Trump, se puso en contacto con National Enquirer para ofrecerles publicar su historia. El entonces presidente y director ejecutivo de American Media Inc. (AMI), David Pecker, su compañía matriz, y Dylan Howard, vicepresidente y director de contenidos, se lo notificaron al abogado personal y apagafuegos de Trump, Michael Cohen.
En registros oficiales consta que en agosto de 2016 la compañía le pagó a McDougal 150 mil dólares por su historia, pero no la publicaron. En 2018, la empresa firmó un acuerdo de no procesamiento con el Departamento de Justicia y reconoció que el pago fue “sustancialmente más de lo que AMI habría pagado” debido a las garantías de Cohen de que la empresa recibiría el reembolso. La entidad admitió que su objetivo principal era evitar que esa historia “influyera en las elecciones”.
En este esquema entró la relación sexual alegada por Stephanie Clifford, más conocida como Stormy Daniels, una estrella del cine porno que ha narrado haber conocido a Trump en un torneo de golf en julio de 2006 y tenido relaciones en una ocasión en un hotel de la zona del lago Tahoe, California. Durante la campaña presidencial de 2016, Daniels estaba negociando un acuerdo para aparecer en televisión a fin de hablar sobre el tema, pero la intención fue congelada al recibir un pago de 130 mil dólares.
David Pecker reveló en el juicio por pagos ilícitos que tiene lugar en Manhattan cómo se enteró y de cómo alertó a Trump de que Daniels estaba tratando de vender su testimonio. Michael Cohen fue, desde luego, quien hizo el pago.
David Pecker
Conoció a Trump en una reunión en la década de los 80 en Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach. “La amistad habia florecido”, dijo en algún momento el ejecutivo, en medio del éxito del programa de televisión The Apprentice.
Pero los vínculos entre ambos se solidificaron durante una reunión que tuvo lugar en 2015 en la Torre Trump, en la que participaron el propio Trump, Michael Cohen y la entonces secretaria de Prensa Hope Hicks. El tema fue qué podían hacer Pecker y las publicaciones bajo su mando para ayudar a la campaña del candidato.
El hombre ofreció no publicar historias negativas sobre Trump en el tabloide y darle luz verde a historias negativas sobre sus adversarios. En ese encuentro quedaron selladas, en una palabra, las bases de lo que en el argot del gremio se conoce como catch and kill, es decir, “atrapar y matar” historias contra el candidato para beneficiar su imagen y su campaña.
Pecker no es un adversario de Trump, ni se identifica como demócrata, ni como un nevertrumper. Su condición de colaborador es lo que lo tiene sentado en el banquillo ante los jurados. El fiscal adjunto le preguntó en el juicio: “¿Tiene usted malos sentimientos o mala voluntad hacia el acusado?”. “Al contrario”, respondió. “Sentí que Donald Trump era mi mentor. Me ayudó a lo largo de mi carrera”.
Pero Pecker tiene información comprometedora acerca de un punto crítico: la falsificación de documentos. Según reportes de prensa, acaba de testificar cómo Trump manejaba las cuentas por pagar firmando personalmente los cheques después de revisarlos cuidadosamente.
Y en el juicio que está teniendo lugar en Manhattan soltó una bomba bajo juramento al recordar que Trump se le quejó una vez de que Stormy Daniels había violado el acuerdo de silencio que había hecho con Cohen después de que la actriz porno diera una entrevista televisada sobre su affair.
Testificó, además, que disfrazaron los pagos como un contrato de servicios para que no los acusaran de violar las leyes de financiamiento de campañas. Es por eso un testigo central en caso.
No por azar en agosto de 2018 el Departamento de Justicia le otorgó inmunidad. Había, de hecho, formado parte de una conspiración.
El caso
Si bien Trump ha negado haber tenido relaciones sexuales con Daniels y sostenido que el pago no tuvo nada que ver con las elecciones, los fiscales lograron persuadir a un Gran Jurado de acusarlo por acusarlo por sus pagos ilegales. En 2018 Cohen se declaró culpable de cargos federales relacionados con estas operaciones.
El 30 de marzo de 2023 Trump fue acusado en Manhattan de 34 cargos de falsificación de registros “para ocultar información perjudicial y actividades ilegales” mientras era candidato en las elecciones de 2016. El caso se focaliza en acusaciones de que, en efecto, hicieron pagos ocultos a las dos mujeres para ayudar a su campaña electoral.
Si bien los pagos para mantener un asunto en privado no son ilegales en Nueva York, la fiscalía alega que Trump cometió un delito al registrar indebidamente el dinero que le pagó a Cohen bajo el concepto de “gastos legales”.
Y aquí hay otro problema. Trump no solo estaba al tanto de estos pagos e involucrado en ellos. En realidad, eran contribuciones de campaña no declaradas, destinadas a servir a sus aspiraciones políticas.
Por eso el expresidente, escriben los fiscales, ”participó en una conspiración para socavar la integridad de una elección presidencial” y luego tomó medidas “para ocultar ese fraude electoral ilegal” ayudando a promulgar esos 34 documentos falsos en 2017.
El caso no es en modo alguno una “cacería de brujas”.
