El juez federal James Boasberg no levantará su prohibición a la deportación de inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, denegando una solicitud de la Administración Trump y dictaminar que probablemente violaba el debido proceso de los inmigrantes deportados a El Salvador.
Boasberg rechazó la solicitud de la Administración Trump de anular una orden previa que emitió, la cual le prohibía deportar inmigrantes bajo la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que invocaba la Ley de Enemigos Extranjeros.
La ley, comúnmente utilizada en tiempos de guerra, otorga a Trump amplia autoridad para deportar inmigrantes de países enemigos. El gobierno de Trump la ha invocado como justificación para deportar a migrantes venezolanos presuntamente vinculados con la organización criminal Tren de Aragua.
El gobierno reiteró su solicitud a Boasberg para que permitiera los vuelos de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, alegando que el juez no tiene jurisdicción para tomar el caso y anular la orden ejecutiva del presidente.
Boasberg no se pronunció sobre su autoridad judicial en este caso. Afirmó que no importa si tiene o no autoridad sobre la Ley de Enemigos Extranjeros, ya que el gobierno probablemente violó la ley al deportar a los inmigrantes antes de que sus reclamos pudieran ser escuchados en los tribunales.
Administración Trump inicia deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
Trump ha deportado a más de 250 inmigrantes venezolanos a El Salvador, pero los abogados que representan a algunos de ellos —incluidos los que interpusieron la demanda que condujo al fallo de Boasberg—, han argumentado que sus clientes no eran miembros del Tren de Aragua y que fueron deportados antes de poder demostrar su inocencia ante el tribunal.
Boasberg se ha convertido en un blanco para Trump y sus aliados por bloquear los vuelos de deportación, insinuando que la administración podría haber desafiado su orden al enviar migrantes a El Salvador de todos modos.
“Dado que los demandantes nombrados disputan ser miembros del Tren de Aragua, no podrán ser deportados hasta que un tribunal haya decidido sobre los méritos de su impugnación”, escribió Boasberg.
“Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaviones lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de territorio estadounidense”, declaró la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado tras la emisión de la orden inicial de Boasberg.
La Administración Trump se niega a proporcionar información sobre los vuelos a El Salvador y afirma que no se ha violado la orden de Boasberg, y que está considerando el privilegio de secretos de Estado para no darle al juez detalles de los deportados.
