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El Gobierno español aprobará este martes en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de un real decreto para una regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida pactada con el partido de izquierdas Podemos que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas que ya se encuentran en el país, entre ellas miles de cubanos.
Según el acuerdo anunciado por la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, la regularización afectará a todas las personas que puedan acreditar:
- Estar en España antes del 31 de diciembre de 2025.
- Haber permanecido al menos cinco meses en el país.
- Carecer de antecedentes penales relevantes.
Hemos conseguido una regularización extraordinaria de medio millón de personas migrantes.
Ellos secuestran niños, asesinan, aterrorizan. Nosotras respondemos con papeles. pic.twitter.com/erQvua6o75
— Irene Montero (@IreneMontero) January 26, 2026
La estancia de cinco meses podrá demostrarse mediante diversos documentos: certificado de empadronamiento, informes médicos, contratos de alquiler, facturas de suministros eléctricos, certificados de envíos de dinero al extranjero o billetes de transporte, entre otros.
Una de las particularidades más destacables de esta medida es su efecto inmediato. Según información de fuentes gubernamentales:
- La mera presentación de la solicitud suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión.
- Una vez admitida a trámite, se concederá una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria.
- Si la resolución es favorable, se otorgará un permiso de residencia de un año, tras el cual podrá solicitarse una autorización ordinaria.
El plazo para presentar las solicitudes se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.
Entre 2023 y 2025 pueden haber llegado a España alrededor de 80 mil cubanos, con un flujo migratorio sostenido que ha elevado la comunidad cubana en el país a más de 250 mil personas.
Un proceso ágil y sin pasar por el Congreso
La medida se tramitará mediante real decreto, lo que significa que entrará en vigor automáticamente sin necesidad de convalidación en el Congreso de los Diputados. Esta fórmula agiliza su entrada en vigor, ya que, al ser una modificación reglamentaria, no requiere de acuerdos con otros partidos en el Parlamento.
Según datos de Funcas, un centro de análisis económico y social, la cifra de migrantes en situación irregular en España alcanzó las 840 mil personas a principios de 2025, lo que convierte esta regularización en una de las más ambiciosas de las últimas dos décadas.
La última gran regularización extraordinaria en España fue ejecutada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 y logró nacionalizar a una cifra similar. Desde los años ochenta, tanto gobiernos del PSOE como del Partido Popular han aprobado hasta ocho procesos extraordinarios de regularización con el objetivo de reducir las bolsas de ciudadanos extranjeros sin derechos y luchar contra la economía sumergida.
