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En un país atravesado por la crisis económica más severa de los últimos treinta años y con más de una moneda en uso legal, el gobierno aprobó un nuevo marco jurídico para extender la educación financiera a toda la población.
La medida responde a la emergencia, pese al excesivo control, de nuevos actores económicos —desde mipymes privadas hasta cooperativas y trabajadores por cuenta propia— que requieren conocimientos básicos para sobrevivir en un entorno marcado por la inflación, la escasez y la incertidumbre.
Publicado esta semana en la Gaceta Oficial, el Decreto-Ley 115 de Educación Financiera establece la creación de una Estrategia Nacional en tal dominio bajo la conducción del Banco Central de Cuba.
El objetivo es dotar a ciudadanos y empresas de herramientas para gestionar sus finanzas, comprender riesgos y tomar decisiones informadas en un contexto de creciente complejidad.
Un marco legal para la resiliencia económica
El texto legal subraya que la educación financiera es un derecho vinculado al bienestar económico y social. Según el decreto, se trata de un proceso de aprendizaje que busca inculcar conocimientos, hábitos y valores para que las personas puedan enfrentar la volatilidad del mercado, planificar gastos, ahorrar e incluso protegerse frente a riesgos como desastres naturales o pérdida de ingresos.
La estrategia se aplicará tanto a personas naturales como jurídicas, y contempla programas de formación, talleres, seminarios y materiales educativos. Los participantes —desde ministerios hasta instituciones financieras y organizaciones sociales— deberán destinar recursos presupuestarios para garantizar la continuidad de las iniciativas.
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Banco Central al mando y contenidos clave
El Banco Central de Cuba será la autoridad rectora de la estrategia y, para garantizar su implementación, se ha diseñado un sistema de coordinación que articula tres instancias: un Comité Estratégico integrado por ministerios clave como Educación, Economía y Finanzas; un Grupo Líder conformado por funcionarios del propio Banco Central; y un Comité Técnico encargado de ejecutar programas concretos en colaboración con bancos, aseguradoras y entidades tributarias, de modo que la estrategia se despliegue de manera ordenada y con responsabilidades claramente definidas.
El decreto establece principios generales que guiarán las iniciativas: accesibilidad, imparcialidad, sostenibilidad y participación popular. Se busca que los programas sean sencillos, replicables y adaptados a las necesidades de cada grupo destinatario, desde estudiantes hasta emprendedores.
Los lineamientos de implementación incluyen modalidades presenciales y virtuales, uso de sitios web, libros y conferencias, así como la capacitación periódica de formadores. Además, se prohíbe el uso comercial de los datos obtenidos en los programas, garantizando que la información se destine exclusivamente a fines educativos.
Los campos temáticos abarcan desde lo más básico hasta lo más complejo: Dinero y transacciones, con énfasis en el buen uso de la moneda nacional y la importancia de los registros financieros. Planificación y gestión de las finanzas, incluyendo presupuestos, ahorro, inversión y manejo de deudas. Riesgo y beneficio, con nociones sobre seguros y protección frente a contingencias. Panorama financiero, que aborda regulaciones, derechos del consumidor y prevención de fraudes, además de otros contenidos emergentes, como banca verde, activos virtuales y objetivos de desarrollo sostenible.
Un país en crisis y un sistema financiero con déficits de confiabilidad
La iniciativa gubernamental llega en un momento crítico. Cuba enfrenta una contracción económica consecutiva en los últimos tres años, marcada por la caída de ingresos del turismo, la reducción de remesas y las dificultades para importar alimentos y combustibles, todo ello espoleado por las sanciones de Estados Unidos que ahora amenaza con un bloqueo petrolero total.
En paralelo, la inflación golpea con fuerza a los hogares, mientras que los nuevos actores económicos —mipymes y trabajadores privados— deben lidiar con un sistema tributario sin apenas incentivos fiscales y un acceso limitado al crédito, además de fallas técnicas y apagones energéticos en la arquitectura digital de bancarización.
En este contexto, la educación financiera es presentada por las autoridades como una herramienta para fomentar la resiliencia y evitar errores costosos.
La apuesta del gobierno cubano por institucionalizar la educación financiera podría indicar la necesidad de preparar a la población para un escenario de cambios profundos. La coexistencia de empresas estatales, privadas y cooperativas, junto con la expansión de servicios digitales de pago, exige un nivel de conocimiento que hasta ahora era limitado.
La estrategia también busca fortalecer la confianza en el sistema bancario y tributario, en un país donde la informalidad y la desconfianza hacia las instituciones monetarias han crecido en paralelo a la crisis, tras los “corralitos” financieros o los techos en los montos transaccionales.
Para un observador académico como Pedro Monreal, la iniciativa es un acto “presuntuoso” de la “burocracia estatal cubana”, que “arma un tinglado” que recarga con más funciones a “un ineficaz Banco Central”.
Según publicó en su cuenta en X este economista cubano “el Banco Central de Cuba ha demostrado ser incapaz de cumplir con su función básica de ’sostener la estabilidad del poder adquisitivo del CUP’ ¿Qué sentido tiene recargarlo ahora con una función ’pedagógica’? Esa es una tarea de entidades educativas”, recomendó el experto.
