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El Tribunal Provincial de Camagüey condenó a cadena perpetua a un hombre que atacó e hirió de gravedad el pasado año a una oficial de la policía en esa ciudad cubana.
De acuerdo con la información oficial, publicada por el diario Granma, el tribunal consideró probados los delitos de terrorismo y portación y tenencia ilegal de armas o explosivos, lo que conllevó a una sanción conjunta de privación perpetua de libertad.
Según lo expuesto durante el juicio, el acusado —nombrado Osvaldo Fernández Pichardo— cometió el ataque por indicación de una persona residente en Estados Unidos con “un amplio activismo” contra el Gobierno de la isla.
Esa persona —cuyo nombre no se revela en la nota de Granma— le propuso un pago de 600 dólares a Fernández Pichardo para que agrediera en un sitio público a un miembro de la policía cubana, con el objetivo de generar temor, alterar el orden y fomentar “sentimientos de inseguridad en la población”.
Policía cubana es herida de gravedad en un ataque con arma blanca en Camagüey
La agresión
El hecho ocurrió en mayo de 2025 en el boulevard de Camagüey. Entonces el Ministerio del Interior (Minint) informó que el atacante se encontraba “ingiriendo bebidas alcohólicas” cuando agredió “con ensañamiento” a la agente.
La información oficial de este lunes recuerda que las imágenes difundidas en su momento mostraron cómo Fernández Pichardo, “aprovechándose de su complexión física, atacó por la espalda y con el empleo de un arma blanca” a la policía, la cual transitaba por la céntrica calle República “desarmada y vestida de uniforme”.
Como resultado de la agresión, la víctima sufrió heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida y requirieron atención médica, señala la nota.
En consecuencia, además de la sanción principal, la sentencia contra el atacante también establece la obligación de indemnizar a la oficial por los daños causados.
El tribunal también le impuso medidas accesorias como la privación de derechos públicos, la prohibición de salida del país y el decomiso de bienes vinculados al caso.
De acuerdo con Granma, durante la investigación y el juicio “se cumplieron las garantías procesales y el respeto al debido proceso” consagrados por las leyes cubanas. No obstante, la información no precisa si la sentencia es ya firme o si el condenado tiene aún el derecho de apelar.
