El Gobierno cubano anunció este martes que va a poner fin a los precios minoristas fijos para el combustible, al alegar motivos económicos, y agregó que la formación de precios se basará a partir de ahora en los costes de cada operación.
El Ministerio cubano de Finanzas y Precios aseguró en un comunicado que “en las presentes condiciones”, con las dos más recientes órdenes ejecutivas de EE.UU. contra Cuba, “no se puede sostener económicamente” un “precio fijo para la venta de combustibles”.
“A partir del próximo viernes 15 de mayo, a las 00.00 horas, los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica”, explicó la nota.
El ministerio agregó que “ante esta compleja realidad, los escasos combustibles llegan a altos costos, por lo que no es posible mantener un precio único y fijo para la venta en dólares en todo el país”.
Finanzas y Precios indicó que en la conformación del precio minorista se computará “el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional”.
Hasta ahora, el Gobierno cubano fijaba un precio único para la venta minorista de los distintos tipos de gasolina y el diésel, tanto en divisas como en pesos cubanos, y la red estatal de servicentros (gasolineras) despachaba combustible a esos precios.
A partir del viernes, es incierto cómo va a funcionar este sistema; al menos con la información aportada por el comunicado, que asegura que las más recientes reformas han “permitido que existan múltiples actores en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera”.
En los últimos meses, cuando el bloqueo petrolero de EE.UU. ya no le permitía la importación al Estado, el Gobierno empezó a autorizar por primera vez al sector privado importar combustible, aunque la comercialización al por menor permanecía bajo restricción estatal.
Algunas empresas privadas habían rentado gasolineras al Estado para almacenar allí diésel y gasolina (por logística y seguridad, entre otros aspectos), pero -en un primer momento- el Gobierno cubano aseguró que el sector privado no podía comercializar o revender el combustible.
EFE no ha podido confirmar, hasta el momento, si ese condicionante va a ser retirado, en lo que sería una medida de liberalización de la economía de carácter centralista y planificada de la isla.
El Gobierno cubano ha anunciado en los últimos meses una serie de medidas que podrían contribuir a una ligera apertura de la economía, entre las que destaca la reforma para permitir que los cubanos residentes en el exterior puedan invertir en la isla.
La economía cubana se encuentra en una grave crisis estructural, doblegada por la escasez, la inflación y la falta de productividad. Desde 2020 el producto interno bruto (PIB) se ha contraído más de un 15 % y la perspectiva para este año es igualmente negativa.
Presión energética y económica
Desde enero, Washington ha presionado a Cuba para que abra de forma significativa su economía y reforme su sistema político, lo que ha incluido amenazas de intervención militar.
Entre las medidas aplicadas destaca el bloqueo petrolero, que ha impedido casi totalmente la llegada de tanqueros a la isla, cuando Cuba sólo produce un tercio del crudo que precisa para cubrir sus necesidades energéticas.
La ONU ha calificado esta medida de “asfixia energética” y contraria al derecho internacional, por lo que ha pedido un “diálogo constructivo” entre las partes.
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Además, Washington aprobó el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva que prevé congelar los activos de aquellas personas o entidades que mantengan o hayan mantenido actividad económica, financiera o comercial con Cuba, al ampliar la ya larga lista de sanciones contra la isla.
Una semana más tarde, Washington anunció que sancionaba bajo esta nueva Orden Ejecutiva al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, al que se le atribuye el control de al menos el 40 % del producto interno bruto (PIB) isleño.
Ese mismo día, la minera canadiense Sherritt, primera inversora en Cuba, anunció su salida inmediata de la isla a causa de estas nuevas sanciones. La empresa llevaba casi tres décadas en el país extrayendo cobalto y níquel.
