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El Gobierno de Venezuela anunció este sábado la deportación del empresario colombiano Alex Saab, quien fue trasladado hacia Estados Unidos para responder ante la justicia, cuatro meses después de la operación militar en Caracas que terminó con la reclusión del mandatario Nicolas Maduro y su esposa en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio.
A través de un comunicado emitido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería venezolano (SAIME), el ejecutivo encabezado por la mandataria encargada Delcy Rodríguez informó que la medida fue adoptada “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.
🔴Alex Saab, acusado por EE.UU. de lavar $350M como testaferro de Nicolás Maduro, aterrizó este sábado en Miami tras ser deportado por el nuevo gobierno de Venezuela.
👉🏻Saab fue arrestado en 2020 en Cabo Verde, extraditado en 2021, indultado en 2023 y ahora enviado a EE.UU. pic.twitter.com/ktrNssdGZd— Central News EC (@CentralNewsEC) May 17, 2026
Sin abundar en detalles, el texto señaló como motivo de esta decisión el hecho de que Saab “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.
Pocas horas después de conocerse la noticia trascendió la llegada del empresario al aeropuerto de Opa-Locka, en la ciudad de Miami, acompañado de agentes de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
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De esa forma se cerraba un círculo de especulaciones sobre el destino de Saab, luego de que varios medios internacionales anunciaran que quien fuera considerado durante años como uno de los operadores financieros más cercanos al expresidente Maduro, había sido detenido como parte de una operación conjunta entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense.
Entonces se habló sobre la posibilidad de que fuese “extraditado” a Estados Unidos —como terminó sucediendo— para enfrentar cargos por las acusaciones de lavado de dinero y corrupción.
Otra vez tras las rejas
No es la primera vez que Saab, de 54 años, cae en manos del gobierno de Estados Unidos.
El 12 de junio de 2020 las autoridades de Cabo Verde cumplieron con una orden de detención en su contra mientras que el avión en que viajaba hacia Irán hizo una escala técnica en la nación africana.
El gobierno venezolano denunció que se trata del secuestro de un funcionario diplomático en el ejercicio de sus funciones, pero eso no evitó que fuese trasladado hacia Estados Unidos en 2021 para enfrentar cargos por conspirar para el lavado de dinero.
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Maduro encabezó personalmente una campaña para su liberación, que terminó ocurriendo en 2023 como parte de un acuerdo alcanzado con la administración de Joe Biden, y que incluyó a cambio la excarcelación de un grupo de ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela y de miembros de la oposición.
A su regreso a la nación sudamericana fue considerado un héroe, y el presidente Maduro lo nombró como titular del Ministerio de Industria y Producción Nacional, cargó que ocupó hasta principios de 2026.
Caída en desgracia
La buena sintonía de Saab con el gobierno venezolano se desvaneció pocos días después de que Donad Trump ordenara la captura y traslado de Maduro y su esposa Cilia Flores a Estados Unidos.
Una vez a cargo del ejecutivo, Delcy Rodriguez comenzó la reestructuración del aparato gubernamental y una de las primeras bajas fue Saab, con la unificación del ministerio que encabezaba con el de Comercio Nacional, y la nueva cartera fue ocupada por Luis Antonio Villegas.
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Al anunciar el movimiento, la presidenta encargada agradeció a Saab por “su labor al servicio de la Patria” y adelantó que el empresario asumiría “nuevas responsabilidades” en su gobierno.
Poco después, medios estadounidenses aseguraban la existencia de negociaciones entre la Administración Trump y el gobierno venezolano para la extradición de Saab, amparada en los cargos que fiscales habían presentado en su contra en la ciudad de Miami por corrupción.
Analistas consideran que la justicia estadounidense intentará argumentar que los nuevos hechos investigados ocurrieron después de ese perdón presidencial, que le permitió regresar a Venezuela hace tres años.
