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El conflicto entre Cuba y Estados Unidos pasa al menos por tres carriles, a distintas velocidades. Hay un torbellino de presiones en ascenso sobre la isla, una secuencia de contactos que pudiera dirigirse a una negociación y la cruda realidad en territorio cubano, que se aproxima a la crisis humanitaria.
Las velocidades dibujan el peor escenario: la asfixia material en la isla se acelera en espiral; la presión estadounidense avanza por días y sube la apuesta, y los contactos son espaciados y por ahora sin resultados.
En el paquete de presiones hay que sumar desde esta semana las sanciones a funcionarios clave en el gobierno cubano y la acusación penal contra Raúl Castro.
El castigo a los funcionarios es el bloqueo de sus activos en jurisdicción de Estados Unidos. Es difícil suponer que a cualquiera de ellos se le ocurriera, por ahora, tener alguna propiedad personal o corporativa en ese país, por lo que no hay forma de que la sanción se haga efectiva.
Queda, sin embargo, la amenaza a terceras partes que negocien con los sancionados o a bancos que operen para ellos.
El caso contra Raúl Castro tampoco irá lejos. Fuera del alcance de la justicia estadounidense, de inmediato es difícil suponer que el general de Ejército quisiera viajar a Estados Unidos o a algún otro país en el que fuera posible su arresto.
Pero ambas acciones tienen un doble filo, simbólico y pragmático. La sanción a los funcionarios es, primero, un recordatorio de que está activa la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump, del 1 de mayo.
Es una forma de gratificar a un sector del electorado en Florida, tan preciado para Trump y, sobre todo, para el secretario de Estado, Marco Rubio. Al mismo tiempo, es una herramienta para un posible momento en el que tales funcionarios lleguen a tener interés o necesidad de viajar a Estados Unidos.
Los dos casos buscan compensar la imagen de reconocimiento, concertación o diálogo que haya podido dejar la reciente visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a La Habana o cualquiera de los contactos conocidos o la eventualidad de que el conflicto desemboque en un acuerdo sin cambio de régimen político en la isla. Basta observar la forma en que fue anunciada la acusación contra Castro.
El expediente contra el exmandatario, además, es un nuevo y enorme obstáculo para una posible negociación. Es imaginable que antes de un acuerdo la dirigencia cubana buscará eliminar esa causa, que agravia a la figura hoy reconocida como “el líder al frente de la revolución”.
Estados Unidos queda en la insólita posición de emprender acciones judiciales contra quien tiene la última palabra en cualquier negociación.
En síntesis, no hay señales de que haya quedado descartada la vía negociadora, pero sí hay las que muestran que ese camino es cada vez más difícil.
Difícil, pero no imposible. La minera canadiense Sherritt anunció un acuerdo no vinculante para vender la mayoría de sus acciones a Gillon Capital LLC, compañía estadounidense con sede en Texas, dedicada a bienes inmuebles, energía e inversiones. Pactaron nueve meses para cerrar el negocio.
Sherritt había reportado su salida de Cuba por efecto de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo. Con este nuevo anuncio informó, también, que ya no disolverá su emprendimiento con socios cubanos, aunque mantendrá suspendida su participación directa en la isla.
Pero hay dos datos más interesantes aún. Sherritt informó que el Departamento de Estado y el del Tesoro le confirmaron que no consideran al trato con Gillon “contrario a la ley” de Estados Unidos.
Y Gillon es propiedad de la familia Washburne. Su vicepresidente es Ray Washburne, quien dirigió un banco de desarrollo dependiente del gobierno entre 2017 y 2019, es decir, en la primera Administración de Trump; integrante del consejo asesor de inteligencia del mandatario; vicepresidente del Trump Victory Committee en 2016 y recaudador de fondos del Partido Republicano.
*Publicado originalmente en Reforma. Se reproduce con el consentimiento expreso de su autor.
