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El Gobierno cubano celebró este jueves la advertencia de expertos y relatores de la ONU sobre el impacto de las nuevas sanciones de EE.UU. contra Cuba y destacó su llamado a la comunidad internacional para evitar que la situación derive en una “Gaza silenciosa”.
El canciller de la isla, Bruno Rodríguez, calificó de “contundente” la declaración de los expertos y la presentó como un rechazo a la política de máxima presión de la Administración Trump.
Rodríguez destacó que los relatores denunciaron las nuevas medidas estadounidenses como “un intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción”.
El canciller cubano también resaltó que los expertos cuestionaran que Washington “acuse sin pruebas” a la isla de representar una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y reclamaran el cese de “todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba”.
Relatores y Expertos del Consejo de #DDHH emitieron hoy contundente comunicado condenando las medidas de EEUU contra #Cuba, denunciándolas como un intento ilegal de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción.
Instaron a la comunidad…
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 6, 2026
El impacto de las sanciones en la mira de la ONU
El mensaje del titular cubano de Exteriores llega luego de que expertos y relatores de Naciones Unidas advirtieran este jueves sobre el impacto de las nuevas sanciones de EE.UU contra Cuba.
Los expertos pidieron a la comunidad internacional actuar con rapidez para evitar que la crisis de la isla derive en una “Gaza silenciosa”, justo cuando Washington amplió su lista de entidades y funcionarios cubanos sancionados.
Además, llamaron al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de Naciones Unidas a abordar “urgentemente” las amenazas contra Cuba como un asunto relacionado con la paz y la seguridad internacionales.
El documento fue suscrito, entre otros, por la relatora de la ONU sobre el impacto de las sanciones, Zaina Jallad, y el relator sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva, señaló EFE.
Nuevo paquete de sanciones
La advertencia coincidió con un nuevo paquete de sanciones anunciado por Washington contra cinco entidades estatales cubanas y ocho funcionarios, entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Álvaro López Miera.
El Gobierno de Estados Unidos acusa a los sancionados de facilitar la cooperación militar de Cuba con países considerados adversarios de Washington y de participar en la adquisición de armamento destinado al Ejército cubano.
Entre las entidades incluidas figuran Duna S.A., la Unión de Industria Militar (UIM) y la empresa militar industrial Yuri Gagarin.
También sancionaron a Tecnoimport y Tecnotex, vinculadas a la importación de equipos militares y a la reparación de helicópteros de fabricación rusa. Ambas son subsidiarias del conglomerado militar GAESA, refiere EFE.
La nueva ronda de medidas alcanza además a varios funcionarios de las FAR, entre ellos Roberto Legrá Sotolongo, jefe de Estado Mayor; José Antonio Remón Rodríguez, responsable de Relaciones Exteriores; y Oscar Enrique Biosca Gallego, director económico del Ministerio.
También están en la lista los agregados militares cubanos en Rusia y China, Mónica Milián Gómez y Waldo Pérez Cortés, respectivamente, así como Roberto Jesús Viciana Mousset, director general de la UIM, y Heriberto Sánchez Alleyne, director de Tecnoimport.
EEUU sanciona a cinco entidades y ocho funcionarios del aparato militar cubano
Washington y las sanciones contra Cuba
Las sanciones de Washington a la isla implican el bloqueo de propiedades e intereses financieros de los designados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de EE.UU. realizar transacciones con ellos.
Las nuevas medidas amplían una política de sanciones que en los últimos meses ha golpeado a entidades vinculadas a sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellas empresas relacionadas con las misiones médicas en el extranjero, el sector petrolero y el turismo.
GAESA y su presidenta, Ania Guillermina Lastres, estuvieron entre los primeros sancionados dentro de la nueva ofensiva de Washington, que posteriormente incorporó al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y a otros funcionarios y entidades estatales.
El pulso entre ambos gobiernos se produce mientras Cuba enfrenta una profunda crisis económica y energética —con interminables apagones y escasez de productos básicos—, agudizada este año precisamente a raíz de las nuevas medidas y el cerco petrolero de Washington.
