Una magistrada federal de Nueva York considera que la medida implementada por la Administración de Donald Trump a comienzo del presente año es “manifiestamente ilegal”, decisión que sostiene la esperanza de miles de solicitantes, entre ellos muchos cubanos, que pretenden migrar legalmente a la nación norteña.
Jeannette Vargas, jueza federal de Estados Unidos, anuló este viernes la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante impuesta por la Administración de Donald Trump a ciudadanos de 75 países, entre ellos Cuba, Colombia, Brasil, Rusia, Irán, Irak, Nigeria y Afganistán.
La decisión de la magistrada del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, marca un nuevo revés judicial para la agenda migratoria de Trump, enfocada en la deportación de quienes no cuentan con estatus de estancia legal en el país e impedir la llegada de nuevos migrantes.
🚨 A federal judge has struck down the Trump administration’s suspension of immigrant visas for nationals of 75 countries, ruling the State Department policy violates federal immigration law and exceeds Secretary Marco Rubio’s authority. pic.twitter.com/GPRez33uI6
— SCOTUS Wire (@scotus_wire) August 22, 2026
Para sostener su postura, Vargas calificó la política del Departamento de Estado de “manifiestamente ilegal” y determinó que contravenía la ley federal de inmigración vigente.
En su fallo sostuvo que la medida excedía la “autoridad legal” del secretario de Estado, Marco Rubio, quien, según su opinión, carecía de potestad para interferir en el criterio individual de los funcionarios consulares al momento de evaluar cada solicitud.
No obstante, las denegaciones basadas en otros fundamentos legales se mantienen, incluso cuando el funcionario consular haya citado la prohibición a partir de la lista de países vetados, lo que deja en duda el número de revocaciones previstas.
Alivio y esperanza
El drástico frenazo al procesamiento de solicitudes de visas de inmigrantes tomando en cuenta la nacionalidad de los solicitantes había entrado en vigor el pasado 21 de enero, poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca.
La medida afectaba exclusivamente a quienes tramitaron ese tipo de visas para conseguir una residencia permanente en el país, y no a aquellos solicitantes de visas de no inmigrante, que permiten estancias temporales.
De este modo se impedía que ciudadanos de los países señalados accedieran a esta vía migratoria, aun cuando cumplieran con los demás requisitos legales, incluyendo a quienes buscaban la reunificación con familiares o incorporarse a empleos en territorio estadounidense.
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La jueza explicó en su resolución que la normativa migratoria establece que un solicitante solo puede ser rechazado por representar una posible “carga pública” —alguien que se prevé dependerá de la asistencia gubernamental—, tras una evaluación individualizada que contemple sus finanzas, edad, salud, habilidades y situación familiar.
Vargas concluyó que, en la práctica, la política ordenaba a los funcionarios consulares negar visados basándose únicamente en el país de origen del solicitante, sin importar si este cumplía el resto de las condiciones.
Desde su punto de vista, determinó que la medida violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que prohíbe explícitamente la discriminación por origen nacional en la asignación de visas, además de una disposición que despoja al secretario de Estado de injerencia sobre las decisiones que adoptan los funcionarios consulares caso por caso.
Desde el Gobierno se había invocado un precedente de 2018, cuando la Corte Suprema durante el primer mandato de Trump ratificó la tercera versión del llamado “veto migratorio”, que restringía la entrada a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.
Sin embargo, Vargas distinguió ambos casos: aquel fallo respaldaba la amplia autoridad presidencial para decidir quién puede ingresar a Estados Unidos, mientras que la controversia actual gira en torno a si el Gobierno puede negarse a emitir una visa.
La Administración sí obtuvo un punto a su favor, ya que la jueza consideró que la política no requería someterse a un proceso de consulta pública antes de su implementación.
El fallo de Vargas emerge como respuesta a una demanda presentada por organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, entre ellas el Catholic Legal Immigration Network y African Communities Together, junto con solicitantes de visa y ciudadanos estadounidenses que patrocinaban a familiares de los países afectados.
La jueza, nombrada al cargo durante la presidencia de Joe Biden, dio a ambas partes hasta el 11 de septiembre para proponer cómo resolver lo que queda del caso. La administración puede apelar el fallo.
Algo de luz para los cubanos
Para los cubanos que vieron frustradas sus posibilidades de emigrar a Estados Unidos a partir de la política implementada por la Administración Trump, el fallo tiene un peso particular.
La isla figuraba entre los 75 países incluidos en la prohibición, lo que había cerrado una de las principales vías legales para que sus ciudadanos se reunieran con familiares o se establecieran de forma permanente en la nación norteña.
La decisión judicial representa un alivio inmediato para quienes dependían de estos canales migratorios y se habían visto bloqueados únicamente por su nacionalidad, en un contexto donde la isla ya enfrenta serias restricciones para acceder a otras rutas migratorias hacia Estados Unidos.
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Muchos de ellos habían asistido a sus entrevistas consulares en la representación diplomática estadounidense en La Habana, pero sus trámites permanecían bloqueados por la decisión de la Casa Blanca.
Abogados de organizaciones migratorias celebraron la sentencia como una reafirmación de que la nacionalidad no puede ser, por sí sola, motivo de exclusión del sistema legal de inmigración estadounidense.
Otro revés para Trump
El reciente fallo se suma a una serie de derrotas legales que han enfrentado las políticas migratorias más restrictivas implementadas por el presidente Donald Trump desde que inició su segundo mandato.
Desde entonces ha combinado una ofensiva contra la inmigración irregular con deportaciones masivas de indocumentados y un endurecimiento significativo de las vías legales de entrada al país, afectando programas humanitarios, solicitudes de asilo, permisos de trabajo y visas temporales para trabajadores y estudiantes.
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Varias de estas medidas ya han sido bloqueadas o anuladas por tribunales federales. A principios de junio, por ejemplo, un juez federal había revocado una tarifa de 100 mil dólares impuesta a las visas de trabajo, ampliamente utilizadas por el sector tecnológico.
La decisión de Vargas se inscribe así en esa misma tendencia: un nuevo límite judicial que restringe el margen de maniobra del Ejecutivo para restringir, por vía administrativa, el acceso a la migración legal hacia Estados Unidos.
Se espera que la Administración Trump apele la sentencia, en momentos en que la política migratoria continúa siendo uno de los frentes de mayor disputa legal entre la Casa Blanca y los tribunales federales.
