La solución cubana es ante todo política

Un fantasma recorre Cuba: la reforma política. Cada vez resulta un tema más recurrente. ¿Es parte de la estrategia de transformación? ¿Es una exigencia, no prevista, del nuevo contexto?

De cara a estas interrogantes, es un hecho irrefutable que, desde hace poco más de una década, las reformas arrastran un sesgo marcadamente economicista. La consigna ha sido “liberar las fuerzas productivas” (capacidad material y técnica, tierra e infraestructura para la producción). 

Reducido a esa perspectiva, parecería que la economía operara en un vacío social, cuando, por el contrario, toda decisión económica es, por definición, decisión política que atañe a las relaciones sociales de producción (posesión, clases sociales, relaciones de poder; formas de producción, intercambio y consumo). 

La expansión acelerada del sector privado frente al social/estatal, la conversión de las empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones (¿privatizaciones?) y el estancamiento del cooperativismo u otras formas socializadoras de la producción marcan un claro signo político. 

Tres actores, visto de manera gruesa, describen el escenario de sujetos económicos y políticos: la burocracia, los capitalistas y los trabajadores. La clase trabajadora cubana queda atrapada entre dos fuerzas. De un lado, una burocracia histórica (clase imprevista) que nunca le concedió poder real de decisión sobre su propia capacidad productiva, y del otro, una clase capitalista emergente, cuyo interés estructural es la acumulación privada de la riqueza socialmente producida. 

¿Cuáles de estas fuerzas se alían entre sí? ¿Existe consenso en esas alianzas? ¿Se disputan visiones diferentes al interior de ellas?

Esta realidad, que se viene fraguando desde hace décadas, obligó al Estado a mutar. Este dejó de ser, constitucionalmente, el Estado de los trabajadores para convertirse, con la nueva Constitución de 2019, en el Estado de “la nación”. Esa reformulación jurídica habilita al Estado para ejercer una función que antes le era ajena, la de mediador entre clases con intereses estructuralmente contrapuestos. 

Aquí aparece la primera contradicción: un Estado mediador difícilmente puede ser neutral. La mediación entre partes desiguales tiende a favorecer a la que dispone de mayor capacidad de acumulación y de presión. ¿Cuál lo será en el actual escenario de crisis? 

Las prioridades institucionales muestran algunas señales. Por ejemplo, una empresa privada con fines de lucro encuentra vías administrativas expeditas para constituirse y arrendar locales estatales. Por el contrario, una asociación o una comunidad de fe que intenta abrir una farmacia comunitaria choca contra un andamiaje burocrático engorroso. ¿A qué responde este desequilibrio en la aplicación de la norma?

Anótense dos datos de interés: de un lado, la inexistencia de propiedad comunal en el diseño normativo cubano; por el otro, la desproporción entre el crecimiento de actores privados y de actores cooperativos, cuando ambas figuras hacen parte de las formas de propiedad consagradas en la Constitución. ¿A qué responde esta asimetría?, ¿surgió como decisión política de quiénes?, ¿qué argumentos técnicos o políticos la sustentan?

Si el socialismo histórico tenía como tarea completar la promesa incumplida del liberalismo —democratizar no solo la política, sino también la economía—, el modelo cubano actual ha agotado sus respuestas en ese frente y el diseño en construcción no parece apuntar en ese sentido. 

Esta distorsión puede ser explicada por una cultura política de cúpulas que entendió su función como la de “resolver” los derechos de la gente desde arriba, bajo la lógica de “yo te represento”, al tiempo que limitó a la clase trabajadora en particular, y a los actores sociales en general, la capacidad de autocostitución en sujeto económico y político.  

La multiplicidad de sujetos que operan en el escenario cubano (no solo económico) también demanda mirar hacia la reforma política. Dicho en términos prácticos: ¿la actual institucionalidad política está habilitada para su función de mediación de clase?, ¿qué cambios demanda esa habilitación?, ¿qué lugar tendrían los actores sociales en esa mediación?

En el discurso oficial es recurrente el binomio participación y control popular. Pero, ¿qué significa realmente?, ¿qué alcance debería tener?, ¿participar en qué, cómo y para qué?, ¿cuáles son las condiciones normativas de esa participación? 

Para esbozar algunas notas para un debate necesario, debemos comprender que la calidad de una democracia se mide por la calidad de la participación política popular. Pero la participación no es un decreto ni una categoría neutra. Su alcance exige que la gente quiera participar (motivación), sepa participar (aprendizaje cultural) y, sobre todo, pueda participar (condiciones institucionales). 

De cara a esta pretensión, el actual escenario describe un proceso regresivo, centrado en la supervivencia cotidiana, lo cual erosiona los lazos de solidaridad comunitaria y de disposición a la actividad política. Se añade el deterioro de la cultura política del modelo cubano, en términos institucionales y lógicas de funcionamiento. 

Es importante dejar como paréntesis que, frente a este deterioro, existe la tentación del liberalismo estrecho que idealiza la sociedad civil y demoniza en bloque al Estado. Esa narración es tan simplista como su contraria. 

La participación política, en términos de virtud de cualquier proyecto político, no está en sacralizar un ámbito u otro, sino en la capacidad efectiva de descentralizar y redistribuir el poder de decisión en los ámbitos políticos, económicos y sociales; venga de donde venga tal empeño.

Como dato a tener en cuenta, entre las medidas concretas tomadas recientemente se nota un giro político (aceleración) hacia la descentralización municipal. Esta abre un campo potencialmente democratizador, si, como condición, no se reduce una vez más a una perspectiva de administración económica. 

La experiencia histórica —de los presupuestos participativos a la autogestión— muestra que cuando una comunidad asume el poder real sobre sus recursos, prioriza urgencias colectivas: la reparación de una escuela, la adquisición de equipos médicos, el mantenimiento de una red de agua, etcétera.

Si existiera la voluntad para encauzar una reforma política profunda, en términos de socialización del poder y no en términos de acomodar nuevas élites o maquillar las ya existentes, las respuestas no pueden limitarse a paliativos ni a disculpas históricas. Urge un sistema de reformas políticas articulado que incluya, al menos, tres pilares:

Una nueva ley de asociaciones. Sería la medida más urgente. La sociedad cubana es demasiado heterogénea para caber en los corsés normativos vigentes. 

Legalizar la pluralidad de actores —gremios, comunidades de fe, asociaciones culturales, identitarias y vecinales, etcétera— es indispensable, exigiéndoles al mismo tiempo transparencia en su financiamiento, métodos democráticos internos y una vocación de servicio público explícita.

Como contenido del nuevo pacto entre sociedad y Estado, es necesario un solo órgano rector metodológico para la atención de las asociaciones, lo cual debería recaer en el Ministerio de Justicia, al tiempo que se derogue la subordinación a órganos ramales y se cree un orden asociativo sin separaciones ni jerarquías ante la ley; iguales deberes, iguales derechos. 

Se deben diseñar, además, protocolos expeditos para su aprobación y plazos de respuesta a las solicitudes de conformación de asociaciones. Debe incluirse en la nueva ley la ampliación del objeto social y las formas de gestión material de sus actividades.

Un segundo pilar para la reforma política lo constituye una revisión a fondo de la ley electoral. Es necesario apostar por modelos donde el poder resida efectivamente en las bases sociales, de ahí que estas deban estar en relación con la ley de asociaciones, lo cual propiciaría el ensanchamiento de los actores sociales vinculados, por ejemplo, a la nominación de candidatos y candidatas a las diferentes instancias de representación. 

Para viabilizar el potencial democrático de una reforma electoral, se deben someter todos los cargos públicos, sin excepción, al voto directo popular, y establecer mecanismos ágiles y verificables de rendición de cuentas y revocación de mandato. Así mismo, desarrollar plebiscitos y consultas vinculantes a nivel territorial y nacional, así como la creación de órganos consultivos municipales y nacionales, nominados y elegidos por voto popular. 

Una reforma educativa profunda sería el tercer pilar. Como enseñó Martí, la escuela debe ser el espacio donde se ensaya la república. La cultura democrática no se decreta por resolución; se cultiva desde la infancia mediante la práctica sostenida del debate, la corresponsabilidad y el ejercicio efectivo del poder colectivo. 

Este ámbito abre un campo de debate sobre la autonomía universitaria. ¿Autonomía de quién y para qué? ¿El problema es solo la ideología de Estado o aparece el riesgo de la corporativización? 

En términos de cultura de la participación, es vital una política de comunicación que asuma las múltiples perspectivas y propuestas. Para habilitar la participación consciente, debe asumirse el principio de consentimiento informado.   

Ninguno de estos componentes es suficiente por sí mismo para una potencial reforma política. Sin una ley de asociaciones que reconozca la pluralidad de actores y sus capacidades transformadoras, la reforma electoral carece del entramado organizativo desde el cual articular más y diversas voces; sin reforma educativa, ambas quedan sin sujetos formados para sostenerlas en el tiempo; sin una comunicación política diversa, las decisiones serían limitadas.

Frente a estas propuestas, el argumento recurrente desde la institucionalidad es el de la “plaza sitiada”. Bajo el asedio permanente de Estados Unidos, abrir el escenario político sería suicidio, una puerta abierta al enemigo.

Sostengo lo contrario. No hay mejor recurso estratégico frente al imperialismo que la democracia popular directa. La historia es elocuente: solo se defiende con determinación aquello que se siente (y es) propio. 

Si al ciudadano se le niega el derecho a incidir en su economía, a gestionar su destino y a fiscalizar a quienes lo administran, el sentido de pertenencia se erosiona y la nación se debilita desde dentro, no desde fuera.

Abrir los espacios de participación, socializar la riqueza y democratizar la política no equivale a entregar el país. Por el contrario, es devolvérselo a quienes legítimamente lo habitan y lo sostienen con su trabajo cotidiano, a quienes producen la base material y espiritual de la nación. 

Si no somos capaces de transitar hacia un modelo donde el pueblo sea sujeto activo de su propia historia, seguiremos siendo testigos de un espectáculo ya conocido: el de las mejores intenciones aplastadas por los mismos engranajes que dicen defenderlas, mientras la crisis —esa que ya no admite más datos— sigue cobrando factura a los más vulnerables.