El Gobierno de Cuba dio este lunes uno de los pasos más significativos de su proceso de reformas económicas al autorizar la importación comercial para personas naturales. Se trata de una actividad que hasta ahora estaba bajo cerrojos y que podía derivar en el decomiso de mercancías cuando la Aduana consideraba que excedían los límites permitidos para uso personal.
La decisión gubernamental quedó recogida en el Decreto-Ley 132/2026 del Consejo de Estado, publicado en la Gaceta Oficial, y entrará en vigor el próximo 12 de octubre, según indicó un despacho de la agencia española EFE.
La nueva normativa permitirá que los viajeros y receptores de envíos formalicen ante la Aduana General de la República la importación de productos con cantidades, repeticiones o características consideradas de naturaleza comercial.
La medida constituye un nuevo intento de La Habana por desmontar restricciones históricas asociadas al monopolio estatal sobre el comercio exterior, considerado durante décadas una de las líneas rojas del modelo económico cubano.
Del decomiso a la legalización
Hasta ahora, las personas naturales podían importar bienes únicamente bajo el concepto de importación sin carácter comercial. Cuando las autoridades detectaban volúmenes o surtidos incompatibles con el consumo personal, la mercancía podía ser retenida o decomisada.
La nueva regulación crea un canal legal para esas operaciones y reconoce una realidad que desde hace años funciona de manera informal a través de viajeros, agencias de paquetería y redes privadas de abastecimiento que han servido para cubrir parte de la demanda de productos ausentes en el mercado estatal, a medida que se han agravado las carencias en la isla.
Según el Ministerio de Finanzas y Precios, se trata de una decisión dirigida a facilitar la entrada de artículos deficitarios en el país, aunque subraya que no supone la concesión de facultades de comercio exterior a los ciudadanos.
En la práctica, el Gobierno busca ordenar y gravar un flujo comercial que ya existe y que se convirtió en uno de los principales mecanismos de abastecimiento para miles de negocios privados y consumidores cubanos en medio de la crisis.
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Aranceles en dólares y escala progresiva
La apertura viene acompañada de un nuevo esquema tributario que evidencia, una vez más, el creciente peso del dólar en la economía cubana.
Las importaciones comerciales realizadas mediante equipaje acompañado estarán sujetas a una tarifa progresiva que comienza en el 15 % para operaciones de hasta 2 mil dólares. El gravamen subirá al 20 % para el tramo comprendido entre 2 mil y 4 mil dólares, al 25 % entre 4 mil y 6 mil dólares y al 30 % para importaciones superiores a esa cifra.
En el caso de las mercancías recibidas mediante envíos, la normativa fija un arancel único del 30 % sobre el valor declarado.
A ello se añaden los pagos por servicios aduaneros y de despacho, que también deberán abonarse en dólares estadounidenses. Las tarifas parten de dos dólares para operaciones de pequeño volumen y alcanzan los 50 dólares en las importaciones de mayor cuantía.
Las autoridades prevén que estos pagos se realicen mediante tarjetas nacionales o internacionales habilitadas para operar en dólares, aunque en los aeropuertos seguirá existiendo la posibilidad de efectuar desembolsos en efectivo.
Una reforma dentro de las 176 medidas
La autorización de importaciones comerciales por personas naturales forma parte de las 176 medidas aprobadas por el Gobierno en junio para intentar reactivar una economía afectada por una profunda crisis de liquidez, producción y abastecimiento.
Desde entonces, La Habana ha venido adoptando decisiones que hace apenas unos años parecían improbables dentro del marco regulatorio vigente.
La semana pasada, por ejemplo, las autoridades permitieron que empresas con capital extranjero realizaran operaciones de comercio exterior y distribuyeran mercancías al por mayor dentro del país, una prerrogativa tradicionalmente reservada a entidades estatales.
La nueva disposición sigue esa misma lógica de apertura gradual y supone otro paso en la flexibilización de un sistema altamente centralizado que ha mostrado crecientes dificultades para garantizar el suministro de bienes básicos.
Más oferta, pero sin resolver los problemas de fondo
Académicos y expertos independientes han señalado en los últimos meses que el sector privado está ocupando espacios que la red comercial estatal no consigue cubrir.
En ese contexto, la legalización de las importaciones comerciales podría ampliar la disponibilidad de productos y reducir algunos de los costos y riesgos asociados al actual esquema informal de abastecimiento.
Sin embargo, economistas también advierten que la medida no ataca los problemas estructurales de la economía cubana, marcados por la baja producción nacional, la falta de divisas, la debilidad de la inversión y la persistente incertidumbre regulatoria.
Además, el hecho de que todos los impuestos y servicios asociados deban pagarse en dólares vuelve a poner de manifiesto la creciente marginalidad del peso cubano en amplios segmentos de la actividad económica.
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Un cambio forzado por la crisis
La decisión llega en un momento particularmente complejo para el país. Cuba atraviesa una crisis que se prolonga desde hace varios años y que se ha agudizado a lo largo de 2026 debido a las fuertes presiones de Washington para forzar un cambio político en la isla.
Tal situación se refleja en prolongados apagones, crecientes dificultades en el suministro de agua, escasez de combustibles, severos problemas de transporte y una inflación persistente, al tiempo que golpea con fuerza el comercio y la producción de alimentos y otros bienes.
Las autoridades atribuyen gran parte de estas dificultades al impacto de las sanciones estadounidenses y a las limitaciones para acceder a financiamiento y mercados internacionales. No obstante, analistas como Pedro Monreal también señalan factores internos como la baja productividad, las distorsiones cambiarias y las trabas regulatorias acumuladas durante décadas.
