Cinco ciudadanos cubanos y un estadounidense fueron condenados a penas de entre dos y cuatro años de prisión por integrar una red internacional dedicada al tráfico de migrantes, la presentación de solicitudes fraudulentas de asilo y el lavado de dinero.
Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la organización cobraba entre 1500 y 40 000 dólares por sus servicios y llegó a utilizar vuelos privados para trasladar grupos de migrantes.
La investigación determinó que la red alentó o facilitó la entrada irregular de miles de cubanos al país, tanto a través de la frontera sur como mediante solicitudes fraudulentas de autorización electrónica de viaje (ESTA).
Los condenados se nombran Liannys Yaiselys Vega-Pérez, de 27 años; Miguel Martínez Vasconcelos, de 31; Layra Libertad Treto Santos, de 30; Luis Emmanuel Escalona-Marrero, de 32; Walbis Pozo-Dutel, de 32, y Emanuel Martínez González, de 29.
De acuerdo con los documentos judiciales, los integrantes de la organización anunciaban sus servicios en distintas plataformas de redes sociales dirigidas a cubanos residentes en la isla. Entre otras gestiones, ofrecían ayudar a personas con ciudadanía europea a viajar a Estados Unidos mediante visados turísticos o el programa ESTA, pese a que los residentes en Cuba no cumplen los requisitos para acceder a este último.
Cientos de solicitudes
Para conseguir esas autorizaciones, presentaban cientos de solicitudes con direcciones falsas y datos engañosos. En particular, declaraban que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, aunque sabían que residían en la isla cuando se tramitaban los documentos.
Una vez dentro de Estados Unidos, la red también gestionaba solicitudes fraudulentas de asilo y otros beneficios migratorios, incluidos visados, permisos de residencia permanente y documentos relacionados. Por esos trámites cobraba honorarios a los migrantes.
Vega-Pérez, considerada una de las principales responsables de la operación, coordinaba la logística de los traslados y administraba el negocio de servicios migratorios. Según el Departamento de Justicia, presentó personalmente cientos de solicitudes fraudulentas de asilo, razón por la cual fue condenada a cuatro años de prisión.
Martínez Vasconcelos, quien financiaba la compra de vuelos chárter y adquiría pasajes para trasladar a los migrantes, recibió una pena de dos años. También transfirió al menos 150 mil dólares a empresas radicadas fuera de Estados Unidos para apoyar las actividades de la organización.
Treto Santos, condenada a 30 meses de prisión, presentó solicitudes de asilo fraudulentas y utilizó los servicios de tráfico de la red para ella y familiares.
Escalona-Marrero y Pozo-Dutel recibieron dos años de cárcel cada uno. El primero intervino en el envío de pasaportes cubanos a Estados Unidos y en la creación de empresas utilizadas para ocultar el origen de los fondos ilícitos; el segundo facilitaba información sobre hoteles y vuelos e instruía a los migrantes acerca de qué responder si eran interrogados por agentes fronterizos.
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Martínez González, también condenado a dos años, coordinaba traslados de migrantes a su llegada a Estados Unidos y recibía pagos por esos servicios.
La investigación estableció que entre 2021 y 2025 los integrantes de la red lavaron más de 22 millones de dólares mediante varias empresas ficticias. Asimismo, entre julio de 2022 y noviembre de 2024 gastaron más de 600.000 dólares en pasajes de una sola aerolínea.
Como parte de las condenas, Escalona-Marrero deberá entregar 2,9 millones de dólares; Martínez Vasconcelos, 150 mil, y Treto Santos, 95 mil.
El Departamento de Justicia señaló que el proceso fue investigado y llevado ante los tribunales por el Grupo de Trabajo Conjunto Alpha, una iniciativa federal que persigue redes de tráfico y trata de personas en las Américas.
