La segunda sesión del juicio político contra el presidente paraguayo, Santiago Peña, arrancó este viernes bajo una atmósfera de máxima tensión política e institucional, marcada por el pedido de una prórroga de 72 horas del mandatario para preparar su defensa frente a las acusaciones que podrían derivar en su destitución.
Mientras, el Senado retomaba el proceso de impeachment, el país seguía conmocionado por el colapso de Ueno Bank, epicentro de una crisis financiera que ya ha sacudido al sistema político paraguayo.
Con más de cuarenta minutos de retraso, los senadores iniciaron una sesión extraordinaria destinada a escuchar los argumentos de la defensa presidencial. El Senado actúa como tribunal político tras la acusación formal promovida por un grupo de diputados que atribuye a Peña un supuesto “mal desempeño de sus funciones”, relacionado con sus antiguos vínculos empresariales con el conglomerado Ueno Holding.
La jornada comenzó rodeada de incertidumbre por la situación legal y política del mandatario. Aunque Peña anunció el jueves su renuncia al cargo, el Congreso no la aceptó, por lo que continúa formalmente al frente del Ejecutivo mientras enfrenta el proceso que podría apartarlo definitivamente del poder.
El pedido de tiempo y la defensa del mandatario
Pocas horas antes del inicio de la sesión, Peña recurrió a las redes sociales para exigir más tiempo antes de responder a las acusaciones. Según explicó, recibió la documentación oficial del juicio a las 22:15 del jueves, acompañada de aproximadamente 300 folios de anexos.
“Defenderse en menos de doce horas no es debido proceso”, argumentó el mandatario, quien aseguró que comparecerá ante la ciudadanía para exponer su versión de los hechos. En una carta enviada al presidente del Senado, Basilio Núñez, solicitó una extensión de 72 horas para ejercer plenamente su derecho constitucional a la defensa.
Paralelamente, difundió una fotografía junto a sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, insistiendo en que el plazo actualmente concedido resulta insuficiente para responder a una acusación de gran complejidad jurídica y documental.
La petición se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de debate político. Para sus aliados representa una garantía básica del debido proceso; para la oposición, en cambio, constituye una maniobra destinada a ganar tiempo en medio de un escenario cada vez más adverso para el presidente.
El derrumbe de Ueno Bank como detonante
El origen de la crisis se encuentra en la decisión adoptada el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP), que ordenó la intervención y posterior proceso de resolución de Ueno Bank tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo regulatorio exigido.
La medida provocó alarma entre millones de usuarios que mantienen depósitos en la entidad financiera y abrió interrogantes sobre el destino de cuantiosos recursos públicos depositados en el banco, incluidos fondos vinculados a pensiones y programas estatales.
Las consecuencias fueron inmediatas. Miles de personas comenzaron a manifestarse para exigir explicaciones y garantías sobre sus ahorros, mientras los sectores opositores dirigieron sus cuestionamientos hacia el presidente por su antigua participación accionaria en Ueno Holding.
Aunque Peña vendió sus acciones en marzo de 2025, los impulsores del juicio político sostienen que existió un conflicto de intereses y que durante su administración se favoreció a la entidad mediante decisiones gubernamentales y regulatorias.
Una acusación con fuerte contenido político
El libelo acusatorio sostiene que hubo una progresiva “cooptación del Estado” por parte de intereses privados vinculados al entorno empresarial de Ueno. También menciona prácticas de “puertas giratorias”, en referencia al tránsito de funcionarios entre cargos públicos y posiciones en empresas privadas relacionadas con el grupo financiero.
Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio de un escándalo financiero
La oposición argumenta que el presidente no logró separar adecuadamente sus responsabilidades institucionales de sus antiguos intereses empresariales. Además, cuestiona el manejo gubernamental de la crisis una vez conocidas las dificultades financieras del banco.
La gravedad de las denuncias terminó erosionando incluso parte de los apoyos que Peña conservaba en el oficialismo. En cuestión de días, figuras históricas del Partido Colorado tomaron distancia del mandatario, reflejando la magnitud del deterioro político provocado por el escándalo.
Congreso blindado y calles en ebullición
Conscientes de la sensibilidad del momento, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad alrededor del Congreso Nacional. Desde primeras horas de la mañana quedaron restringidos los accesos al área parlamentaria bajo la coordinación de fuerzas policiales y de seguridad.
La decisión respondió a los incidentes registrados durante la víspera, cuando miles de manifestantes se movilizaron contra el Gobierno para reclamar la destitución del presidente y exigir garantías para los ahorristas afectados por la crisis bancaria.
Los enfrentamientos dejaron varios detenidos y aumentaron la preocupación sobre una posible escalada de la conflictividad social si el proceso político se prolonga durante los próximos días.
Un desenlace abierto
A sus 47 años, Santiago Peña enfrenta el momento más crítico de una carrera política que lo llevó a convertirse en 2023 en el presidente más joven de la etapa democrática paraguaya. Economista de formación y considerado durante años una de las figuras emergentes del conservadurismo regional, hoy lucha por preservar su mandato frente a una crisis que combina elementos financieros, institucionales y políticos.
Paraguay sigue siendo uno de los países con mayores desafíos sociales y niveles de desigualdad de América del Sur, aunque en los últimos años había mantenido un crecimiento económico sostenido y una reducción gradual de la pobreza que cayó al 16 % de la población en 2025, frente al 19,6 % de 2024.
