La desigualdad territorial podría consolidarse en la educación cubana si el anteproyecto de nueva Ley de Educación se aprueba sin mecanismos que compensen las diferencias económicas entre municipios y provincias, advierte el economista independiente cubano Pedro Monreal.
En un artículo publicado este martes en su blog, El Estado como tal, Monreal considera que las disposiciones sobre financiamiento complementario podrían convertir a la educación —históricamente uno de los sectores estrella del sistema cubano— en un servicio formalmente público, pero de calidad y oportunidades desigualmente distribuidas según el lugar de residencia.
Monreal analiza la versión 20 del anteproyecto, publicada en octubre de 2026 para consulta pública por el Ministerio de Educación y prevista para su consideración por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre. Ante ello se hace una pregunta: “¿Erosión silenciosa de la equidad territorial en la educación cubana?”
El texto mantiene la educación como pública, gratuita y estatal, y establece que el presupuesto del Estado garantiza el financiamiento primario del sistema. Sin embargo, el economista sostiene que la apertura a ingresos adicionales podría introducir un nuevo factor de segmentación territorial.
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Un cambio en el financiamiento
El punto central de la preocupación de Monreal está en los artículos 239 y 241 del anteproyecto. El artículo 239.1 autoriza a cada organismo formador a implementar vías y estructuras para generar ingresos complementarios, incluida la creación de fundaciones, empresas interfaz, micro, pequeñas y medianas empresas u otras formas autorizadas.
Además, el artículo 239.2 reconoce como fuentes complementarias los servicios docentes, científicos y técnicos, los donativos nacionales e internacionales y los proyectos, fondos e iniciativas de desarrollo de alcance nacional, territorial e internacional, en tanto el artículo 241 prevé que esos recursos se gestionen de forma descentralizada, conforme a estrategias territoriales.
Para Monreal, el problema no reside en que las instituciones educativas puedan buscar recursos adicionales, sino en que la capacidad real para obtenerlos no es uniforme en el país, depende de la densidad económica local, el volumen de remesas, la presencia de empresas privadas, la conectividad y la demanda solvente por servicios de capacitación, eventos o consultoría.
La geografía de los recursos
El economista, radicado en Madrid, explica que Cuba presenta una concentración estructural de demanda solvente, remesas, turismo, actividad privada y redes institucionales en La Habana y otros polos provinciales. En consecuencia, las instituciones educativas situadas en esas zonas tendrían mayores posibilidades de cobrar servicios docentes, de capacitación o consultoría a empresas y familias con recursos.
También tendrían mejor acceso a donaciones nacionales e internacionales y a socios privados, así como más oportunidades para crear o atraer mipymes y empresas interfaz viables. Ello se explica, según Monreal, porque el mercado local de servicios complementarios —capacitación, eventos, incubación o transferencia tecnológica— es más denso en los territorios económicamente más activos.
En contraste, los organismos e instituciones educativas de muchas zonas rurales o municipios con baja actividad económica y alta emigración enfrentarían una base de demanda solvente mucho más débil.
El resultado esperable, sostiene el analista, sería una divergencia territorial de recursos complementarios: los fondos extra se concentrarían donde ya existe mayor capacidad de pago, mientras el resto del país permanecería más dependiente de un presupuesto central rígido e insuficiente.
Gratuidad sin equidad
Monreal también considera que las nuevas disposiciones invierten la lógica tradicional de la educación cubana como mecanismo de reducción de desigualdades. En lugar de compensar las diferencias de origen territorial, el anteproyecto introduciría un canal de financiamiento que podría amplificarlas.
La consecuencia, según su análisis, sería que estudiantes y profesores de zonas con más recursos complementarios podrían acceder a mejores materiales, incentivos docentes y actividades extracurriculares. Los de territorios deprimidos, en cambio, tendrían que educarse en condiciones de desventaja.
“El anteproyecto no establece mecanismos de compensación o nivelación para esas diferencias porque no incluye un fondo de redistribución, ni fórmula de transferencias progresivas, ni obligación de compartir ingresos complementarios entre territorios, ni criterio explícito que ajuste el presupuesto estatal para compensar la menor capacidad generadora de ingresos complementarios de ciertos territorios”, apunta el economista.
El vacío regulatorio y un desatino político
La referencia del artículo 241 a “estrategias de desarrollo educativo territorial” resulta insuficiente para Monreal. A falta de presiones adicionales, esas estrategias podrían limitarse a retener localmente lo que se genera, sin corregir las asimetrías de base que existen entre territorios a escala nacional.
En su criterio, si esos mecanismos de compensación no se incorporan al texto antes de diciembre de 2026, deberían aclararse de manera separada, con criterios concretos y verificables. De lo contrario, la equidad territorial quedaría sujeta a la discrecionalidad administrativa posterior, en un contexto de recursos escasos y fuerte concentración geográfica de la actividad económica privada.
El anteproyecto, de diez títulos y 243 artículos, busca sustituir la normativa educativa vigente desde 1959 y prevé complementar el financiamiento estatal con aportes de formas de gestión no estatal y cooperación nacional e internacional, bajo rectoría, regulación y supervisión estatales.
Para Monreal, la inacción estatal sobre la compensación territorial favorecería un escenario en el que la educación seguiría siendo formalmente gratuita y estatal, pero los resultados reales de acceso y calidad quedarían más segmentados por ubicación.
“Es un desatino político debilitar la función de la educación como “ascensor” social e instrumento de inclusión en medio de la que pudiera ser la peor crisis económica y social de Cuba desde el “Machadato” en cuanto a su duración, el impacto en servicios esenciales y el deterioro de las condiciones de vida cotidiana”, refirió Monreal.










