Once años después, la calle sigue diciendo “Ni una menos”

“Un feminicidio cada 31 horas”, dice el cartel que sostiene una adolescente en medio de la multitud que colma la Plaza de los Dos Congresos, en Buenos Aires. Es 3 de junio y, once años después de aquella primera convocatoria que cambió para siempre el mapa político y social argentino, Ni Una Menos vuelve a ocupar las calles.

La escena se repite en distintas ciudades del país. Pancartas violetas, fotos de víctimas, banderas transfeministas, madres abrazadas, jóvenes con glitter en el rostro, jubiladas, sindicatos, estudiantes. Una marea heterogénea que vuelve a reunirse impulsada por una certeza incómoda: el tiempo pasó, pero la violencia machista sigue matando.

En una Argentina fragmentada, atravesada por la crisis económica, el desencanto político y la pulverización de los grandes consensos colectivos, pocas convocatorias conservan todavía la capacidad de movilización de Ni Una Menos. Muy pocas causas logran reunir, once años después, a cientos de miles de personas en las calles de manera simultánea en Buenos Aires y en decenas de ciudades del interior del país.

Hay algo profundamente singular en esa persistencia, porque Ni Una Menos dejó hace tiempo de ser únicamente una consigna feminista. Se convirtió en una sensibilidad social que lo atraviesa todo. Una especie de frontera ética capaz de conmover generaciones, identidades políticas y sectores sociales distintos. Incluso en un país donde casi todo parece discutirse bajo la lógica extrema de la grieta, el rechazo a la violencia machista continúa funcionando como uno de los pocos puntos de encuentro colectivos todavía posibles.

La movilización de este año ocurre pocos días después del femicidio de Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba, y del asesinato de Dulce Candia, de 17, en Misiones. Dos casos que volvieron a conmocionar al país y que reabrieron la pregunta: ¿cómo puede seguir ocurriendo?

Según datos difundidos por la organización Ni Una Menos, entre el 3 de junio de 2015 —cuando el brutal asesinato de Chiara Páez, una adolescente embarazada de 14 años, detonó la primera marcha— y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3205 víctimas letales de violencia de género en Argentina. La cifra incluye 3144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios, y 15 casos de instigación al suicidio.

Detrás de cada número hay una trama que se repite con una regularidad estremecedora. En nueve de cada diez casos, la víctima conocía a su agresor: parejas, exparejas o vínculos sexoafectivos. La mayoría de los crímenes ocurre dentro de la vivienda. Y cerca del 17 % de las víctimas había realizado denuncias previas. Es decir: muchas habían pedido ayuda antes de ser asesinadas.

La calle vuelve a transformarse entonces en un espacio de denuncia, pero también de memoria. Los nombres de las víctimas circulan de boca en boca mientras desde el escenario principal se leen documentos y consignas que mezclan el reclamo histórico contra la violencia machista con críticas directas al gobierno de Javier Milei.

“Salimos los transfeminismos para derrotar a Milei, al FMI y sus cómplices”, puede leerse en una de las banderas que avanza entre columnas sindicales y organizaciones sociales.

Las críticas no son abstractas. Diversos colectivos feministas denuncian un fuerte retroceso de las políticas públicas destinadas a prevenir y asistir situaciones de violencia de género. Según un informe de la organización ELA, el presupuesto destinado a estas políticas sufrió un recorte del 89 % respecto a 2023. Programas como Acompañar —que en 2023 había asistido a más de 100 mil mujeres— dejaron prácticamente de funcionar. La línea 144 [servicio de atención telefónica contra la violencia de género] redujo personal y la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género fue desmantelada.

Por primera vez en casi cuatro décadas, Argentina quedó sin un organismo nacional especializado en políticas de género.

En la plaza, sin embargo, el clima no es únicamente de duelo. También hay algo de resistencia colectiva. Una convicción de que, aun en tiempos de ajuste, descreimiento político y fragmentación social, ciertas luchas lograron instalarse definitivamente en el centro de la conversación pública.

La adolescente del cartel permanece quieta en medio de la multitud. “Un feminicidio cada 31 horas”, vuelve a leerse. A su alrededor, miles responden: “Ni una menos. Vivas nos queremos”.