Miles de madres de mexicanos desaparecidos marcharon el viernes en ciudades de todo el país para conmemorar el Día de las Madres y exigir a las autoridades que encuentren a sus hijos, o por lo menos sus cuerpos.
Unas 40.000 personas han desaparecido desde que empezó una ofensiva contra el narcotráfico en 2006, según cifras oficiales. Muy pocas han sido encontradas. Otras quizás yacen en alguna de las cientos de fosas clandestinas que hay en el país o podrían estar entre los más de 26.000 cuerpos no identificados que plagan las morgues mexicanas.
Con frecuencia, las familias se quedan sin información sobre sus parientes durante años y acaban convirtiéndose en investigadores a la fuerza haciendo el trabajo que deberían haber desempeñado las autoridades. Es el caso de Rocío Morales, cuyo hijo, Pedro Morales González, fue secuestrado hace casi 11 años. El viernes ella lloraba desesperadamente en Ciudad de México mientras sostenía un cartel que hizo hace cinco años en el aniversario de su desaparición y que desde entonces la ha acompañado en todas sus marchas.
“Nada, no hay nada aunque yo sepa quiénes fueron”, lamentaba tras explicar que ha recorrido todo tipo de oficinas presentando denuncias y dando información a autoridades locales, estatales y federales. Demasiado pobre para contratar a un abogado, dice que las autoridades “nos cierran las puertas en nuestra cara”.
Morales, que está criando a sus nietos, aseguró que lo único que quiere es saber qué le sucedió a su hijo, un trabajador eléctrico de 37 años.
“No se lo deseo a nadie, esto no es vida”, afirmó. “Estamos muertas en vida por no saber nada de nuestros hijos”.
La víspera de las marchas, representantes de muchas de estas madres estuvieron en Jamaica, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la exigieron al gobierno de México la creación de un mecanismo forense extraordinario para avanzar en la identificación de los restos no identificados.
La propuesta del “Movimiento por nuestros Desaparecidos” aspira a que este mecanismo tenga independencia técnica y administrativa, recursos propios y apoyo internacional, tanto técnico y como financiero. Además, quiere que los procesos de identificación conlleven el registro genético y su cruce con las bases de datos ya existentes y la determinación de la causa de la muerte como parte del proceso para restituir dignamente el cuerpo o los restos a sus familiares.
Al final de la administración de Enrique Peña Nieto se aprobó una ley que fue considerada por los organismos internacionales como un gran paso para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos pero faltaba ponerla en marcha.
Ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a no escatimar esfuerzos para implementarla y aunque no se ha pronunciado explícitamente sobre el mecanismo que piden las familias, sí ha avanzado y está acompañando a las víctimas en diversas acciones de búsqueda.
De hecho, la comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, dijo en abril que desde el cambio de administración, el pasado 1 de diciembre, se han localizado más de 100 enterramientos clandestinos con un número todavía no concreto de restos humanos.
Hasta que estos restos se traduzcan en resultados, una respuesta o un fragmento de hueso para ayudar a saber qué sucedió con sus hijos, solo les queda seguir luchando, buscando debajo de las piedras –literalmente– o recordando al resto del país y del mundo que no se rendirán. Por eso uno de los gritos más repetidos en la capital del país, en Veracruz o Ciudad Victoria, ambas en el Golfo de México, o en el resto de ciudades donde marcharon las madres fue el siempre: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
