Reed Lindsay
Daniel MonteroHace seis años, el negocio de taxis de Oscar Álvarez estaba en su apogeo.
“Apenas tenía tiempo para descansar”, dice. “Recogíamos pasajeros en la terminal de cruceros y no parábamos en todo el día”.
Hoy Álvarez a menudo tiene dificultades para encontrar un pasajero.
“Realmente se sintió la diferencia cuando pararon los cruceros americanos”, añade mientras espera clientes en La Habana Vieja junto a un Cadillac descapotable rojo del año 58. “Dejaron un gran vacío, y no solo para nosotros. Le daban vida a toda la ciudad”.
Desde 2017 Cuba ha estado sujeta a una avalancha de sanciones estadounidenses impuestas por Donald Trump y mantenidas en gran medida por Joe Biden. Algunas, como la prohibición de cruceros (2019), han golpeado la economía cubana, incluido su incipiente sector privado.
Entre las sanciones más dañinas se encuentra la activación de una disposición oscura, pero potente, conocida como Título III.
Como parte de la Ley Helms-Burton (1996), el Título III permite a los estadounidenses cuyas propiedades fueron nacionalizadas durante la Revolución Cubana demandar a las empresas que hagan negocios en esas propiedades. Suspendida durante dos décadas, la activación de esa disposición bajo Trump disuadió a empresas e inversionistas de hacer negocios en Cuba por temor a verse arrastrados a litigios en Estados Unidos.
Aun cuando la disposición ha sido apoyada por cubanoamericanos de línea dura y por antiguos propietarios como una forma justa de compensación, su activación resultó en un éxodo de capital de la isla, exacerbando una crisis económica en Cuba que ha alimentado una ola histórica de migración a Estados Unidos.
“Personalmente fui testigo de la pérdida de cientos de millones de dólares de posibles inversiones”, dice Gregory Biniowsky, un abogado canadiense que representaba a empresas interesadas en invertir en Cuba. “Todo se ha descarrilado”.
Registros judiciales y entrevistas con cabilderos y altos funcionarios de la Casa Blanca de Trump, incluidos John Bolton y Mauricio Claver-Carone, revelan lo que estaba sucediendo tras bambalinas para hacer del Título III el eje de una política de “máxima presión” hacia Cuba. Documentos y conversaciones narran cómo una campaña de cabildeo, financiada por los herederos de familias adineradas que alguna vez tuvieron propiedades y negocios en la isla, empujó a los niveles más altos del Gobierno estadounidense a activar la ley.
Una de esas familias es la del difunto magnate de las telecomunicaciones Sosthenes Behn, cuyos descendientes podrán gozar pronto de un pago de cientos de millones de dólares gracias al Título III.
El Gobierno cubano no tendrá que pagarle a la familia Behn. En cambio, cuatro corporaciones privadas, tres de ellas con sede en Florida, corren el riesgo de pagar 450 millones de dólares (incluidos 10,7 millones en honorarios legales) después de una decisión disruptiva de un tribunal federal.
El año pasado, la jueza del Tribunal del Distrito Sur de la Florida, Beth Bloom, dictaminó que Carnival Cruise Line, Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean Cruises, las tres con sede en Miami, además de MSC Cruises, con sede en Ginebra, eran responsables de “traficar” la propiedad expropiada de la familia Behn, un conjunto de tres muelles en La Habana donde las compañías de cruceros desembarcaron a cientos de miles de ciudadanos estadounidenses entre 2016 y 2019.
Barack Obama respaldó los cruceros como parte de su crucial reconciliación con Cuba. Pero Bloom consideró que las visitas de los cruceros eran viajes ilegales. El fallo podría tener repercusiones económicas significativas para Cuba, que no forma parte de la demanda, pero ya está sintiendo los efectos de la controvertida ley en que se sustenta.
“Las cantidades de dinero son enormes”, explica William LeoGrande, profesor de Gobierno de la American University en Washington D.C. “El hecho de que esto haya tenido éxito será un verdadero disuasivo para que otras empresas, tanto en Estados Unidos como en Europa, hagan negocios en Cuba”.
El 2 de mayo de 2019, una de las primeras demandas del Título III fue presentada por Javier García-Bengochea, un neurocirujano jubilado radicado en Jacksonville, exigiendo daños y perjuicios contra las compañías de cruceros por el uso de los muelles de Santiago de Cuba, donde su familia alguna vez tuvo negocios.
“Por primera vez en cincuenta y nueve años, una víctima estadounidense de robo por parte del régimen de Castro puede presentarse legítimamente ante ustedes públicamente y hacer valer sus derechos de propiedad”, dijo García-Bengochea a los periodistas fuera del tribunal federal en Miami después de presentar su demanda.
El desdén de García-Bengochea por el Gobierno cubano es común en la comunidad cubanoamericana, concretamente en el sur de Florida, el área con mayor concentración de esa comunidad en el país. Algunos de ellos han esperado décadas para presentar sus reclamaciones del Título III ante tribunales.
Pero no todos los reclamantes han sido cubanoamericanos.
El bisnieto de Sosthenes Behn, Mickael Behn, era un ciudadano estadounidense que vivía en Londres cuando se unió a Bengochea para llevar a cabo el primer litigio del Título III. Mantuvo el reclamo de la familia Behn a través de la empresa Havana Docks, con sede en Delaware (que tenía un pequeño grupo de accionistas, incluido el multimillonario Warren Buffett), mientras las demandas seguían su curso en el tribunal de distrito. La mayoría de las acciones de Havana Docks se dividieron entre Behn y sus dos primos que, según documentos judiciales, vivían en Francia.
Mickael Behn se pasó la vida yendo a las reuniones de accionistas de la empresa con la elusiva esperanza de recuperar los muelles de La Habana.
“Los hermanos Castro y sus amigos del Partido Comunista vinieron y le robaron nuestra propiedad a mi abuelo”, dijo conteniendo las lágrimas después de presentar la demanda.
El reclamo de la familia Behn sobre los puertos se remonta a los días en que Sosthenes estaba al frente de la International Telephone & Telegraph (ITT), conglomerado que expandió su imperio de comunicaciones y producción industrial por todo el mundo.
De Hitler a Batista
Sosthenes Behn nació en 1884 de madre francesa y padre danés —cónsul de Francia en las Islas Vírgenes. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el Cuerpo de Señales del Ejército de Estados Unidos y luego trabajó como corredor de azúcar en Puerto Rico antes de adquirir una compañía telefónica local con su hermano Hernán. En 1920 fundaron la ITT y diez años después habían construido un imperio mundial de telecomunicaciones.
Sosthenes residía en el Hotel Plaza de Nueva York y dirigía las operaciones de su empresa desde un salón de lujo en lo alto de un rascacielos de 34 pisos construido en 1928 para la ITT.
Apodado el “Príncipe de los Teléfonos”, según el libro de Anthony Sampson The Sovereign State of ITT, se le conocía por aprovechar las conexiones políticas en el extranjero para conseguir contratos gubernamentales.
En España, Sosthenes adquirió el control del sistema telefónico nacional tras no escatimar gastos y atenciones con funcionarios del régimen de Francisco Franco.
En 1933 se convirtió en el primer “representante de las finanzas estadounidenses” en reunirse con Adolf Hitler, según documentos de archivo de The New York Times. Sosthenes aseguró ganancias para su empresa mediante la producción de aviones de guerra nazis por parte del fabricante Focke-Wulf antes de que el control operativo de la ITT sobre sus filiales alemanas se extinguiera durante la guerra.
Según Sampson, Sosthenes ayudó a “construir la maquinaria de guerra nazi, desde sus comunicaciones hasta su armamento”, antes de apoyar el esfuerzo bélico de Estados Unidos.
“Mientras los aviones Focke-Wulf de la ITT bombardeaban barcos aliados y las líneas de la ITT pasaban información a los submarinos alemanes, los radiogoniómetros de la ITT salvaban a otros barcos [aliados] de los torpedos [alemanes]”, escribe Sampson.
Dos décadas después de la guerra, la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras (FCSC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió a la ITT 27 millones de dólares en compensación por las pérdidas sufridas en Alemania, incluidos 5 millones de dólares por los daños causados por los bombarderos aliados a sus fábricas de aviones Focke-Wulf.
La inclinación de Sosthenes Behn por acercarse a figuras políticas se extendió a América Latina, y en específico a Cuba, donde cortejó a funcionarios para que favorecieran a la Compañía Cubana de Teléfonos, controlada por la ITT, según el fallecido embajador estadounidense Spruille Braden. En sus memorias, Braden escribió que Sosthenes rechazó su solicitud de dejar de pagarles a funcionarios cubanos durante el primer Gobierno de Fulgencio Batista. Según Braden, Sosthenes le dijo que necesitaba mantener al menos “un pequeño soborno” que estimó en 30 mil dólares anuales.
Durante la campaña presidencial de 1960, John F. Kennedy criticó el regalo de un teléfono bañado en oro a Batista por parte de la ITT. Para Kennedy, los negocios de la ITT en Cuba constituían un símbolo de cómo el Gobierno de Estados Unidos daba la impresión de estar “más interesado en recibir dinero del pueblo cubano” que en ayudar a su economía. El teléfono dorado, actualmente en un museo de La Habana, fue recordado en El Padrino II, filme en el que una versión apenas velada de Batista presume el regalo en una reunión con ejecutivos y jefes de la mafia.
Los teléfonos no eran el único interés comercial de Sosthenes en Cuba.
En 1917 formó la corporación Havana Docks, con sede en Delaware, que adquirió una concesión para operar un negocio de carga y descarga de mercancías en tres muelles de la capital cubana.
Esperando el cambio de régimen
Fallecido en 1957, Sosthenes no vivió para ver evaporarse sus negocios cubanos.
En marzo de 1959, dos meses después de que las fuerzas guerrilleras de Fidel Castro llegaran a La Habana, el Gobierno Revolucionario tomó el control de la Compañía Cubana de Teléfonos y ordenó reducir sus tarifas. Un año y medio después, el Gobierno cubano tomó el contrato de arrendamiento de Havana Docks para operar los muelles, así como todas las demás participaciones de empresas estadounidenses que hacían negocios en Cuba.
Los magnates del azúcar, los mafiosos, las corporaciones multinacionales, los dueños de negocios, ninguno se salvó.
Según historiadores y otros expertos en Cuba, las amplias nacionalizaciones no se llevaron a cabo de manera repentina ni violenta, sino por decretos y durante un período de varios meses.
“Llamarlo robo, dado que el Gobierno cubano siempre estuvo de acuerdo con el principio de compensación, sería una simplificación”, dice Richard Feinberg, quien sirvió como director principal para Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 1993 a 1996.
La Ley 851 de Cuba, que autorizó las nacionalizaciones, establecía la compensación a los dueños estadounidenses expropiados en forma de bonos a 30 años, financiados con ventas de azúcar a Estados Unidos.
Sin embargo, había un problema importante.
El Gobierno de Estados Unidos había bloqueado las importaciones de azúcar desde Cuba, en ese momento el eje de la economía de la isla.
La posibilidad de una compensación se volvió aún más remota a medida que empeoraron las relaciones entre los dos países después de la proclamación del embargo estadounidense y la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, diseñada por Estados Unidos.
De 1964 a 1972, la FCSC (la misma entidad que compensó a la ITT por sus propiedades alemanas dañadas) revisó y certificó cerca de 6 mil reclamaciones por propiedades nacionalizadas en Cuba, incluida una de Havana Docks por 9,17 millones de dólares.
El propósito del Programa de Reclamaciones sobre Cuba de la FCSC era ayudar a adjudicar compensaciones para los propietarios en futuras negociaciones de acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.
Pero durante casi medio siglo, el Gobierno de Estados Unidos no dio ningún paso hacia la negociación, según Johannes Werner, editor de Cuba Standard, un servicio de noticias digitales sobre la economía cubana. De acuerdo con Werner, las sanciones y la política de Estados Unidos “hicieron casi imposible que Estados Unidos realmente participara”.
En cambio, los ciudadanos estadounidenses a quienes se les habían nacionalizado propiedades en Cuba esperaban un cambio de régimen.
Mientras tanto, Cuba negoció acuerdos sobre propiedades nacionalizadas con los Gobiernos de Canadá, Gran Bretaña, Francia, España y Suiza. En un informe del Instituto Brookings, Feinberg caracterizó los acuerdos como “no grandes”, señalando que Canadá iba a recibir 850 mil dólares del Gobierno cubano.
Dos décadas inactivas
En 1996 el presidente Bill Clinton firmó la Ley LIBERTAD, también conocida como Ley Helms-Burton en honor a sus patrocinadores republicanos, el senador Jesse Helms (R-NC) y el congresista Dan Burton (R-IN), dando nuevas esperanzas a quienes habían perdido propiedades debido a las nacionalizaciones de Cuba.
La Ley Helms-Burton codificó el embargo estadounidense (conocido como el “bloqueo” en la isla) y amplió su alcance extraterritorial a través del Título III al permitir demandas en tribunales estadounidenses contra empresas que hagan negocios en Cuba.
“Las empresas extranjeras son notoriamente temerosas ante litigios estadounidenses”, dice Robert Muse, abogado radicado en Washington D.C. que asesora empresas que hacen negocios en Cuba. “El plan era poner un anillo alrededor de la isla, donde la inversión fuera tan potencialmente peligrosa que nadie la emprendiera”.
Las implicaciones extraterritoriales del Título III provocaron una reacción internacional. La Unión Europea (UE) consideró la Helms-Burton una violación al Derecho internacional y aprobó una resolución que obligaba a las empresas de la UE a ignorar los fallos judiciales estadounidenses basados en esta. Dos parlamentarios canadienses presentaron un proyecto de ley parodia que pedía a los descendientes de los británicos que huyeron a Canadá durante la Revolución de las Trece Colonias reclamar propiedades “confiscadas” por el Gobierno de Estados Unidos.
Ante amenazas de represalias por parte de la UE, Canadá y México, Clinton suspendió el derecho a presentar demandas bajo el Título III durante seis meses. Repetiría la suspensión cada seis meses hasta el final de su presidencia, al igual que George W. Bush y Barack Obama.
En 2016 la activación del Título III parecía más improbable que nunca después de que los negociadores estadounidenses y cubanos abordaran el espinoso tema de las reclamaciones de la FCSC como parte de la histórica distensión mediada por Obama y Raúl Castro.
“Nuestras políticas se centran en apoyar a los cubanos en lugar de perjudicarlos”, dijo Obama durante su visita a La Habana en marzo de 2016. “Por eso estamos fomentando los viajes, lo que tenderá puentes entre nuestros pueblos”.
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Durante la apertura, un torbellino de actividad empresarial estadounidense se extendió por Cuba.
Google se asoció con la empresa de comunicaciones de Cuba para instalar servidores en toda la isla. Decenas de miles de cubanos registraron sus casas como alojamientos en Airbnb. Marriott abrió el primer hotel con marca estadounidense en Cuba desde 1959. Y la franquicia Rápido y Furioso filmó una carrera de alta velocidad por las calles de La Habana.
Las aerolíneas comerciales estadounidenses establecieron vuelos regulares y las compañías de cruceros empezaron a llevar barcos llenos de visitantes estadounidenses a ciudades cubanas.
“Aquellos años en que los americanos venían aquí fueron los mejores para el sector privado”, dice el chofer habanero David Sarzo con los ojos iluminados. “A todo el mundo le iba bien, desde los taxistas hasta los vendedores de maní”.
El acercamiento con Cuba, incluidas las conversaciones sobre las reclamaciones de la FCSC, llegó a su fin poco después de que Trump asumiera la presidencia.
En junio de 2017, Trump anunció el desmantelamiento de la política de Obama hacia Cuba en un mitin en Miami. “Una Cuba libre es lo que lograremos pronto”, declaró Trump ante el aplauso de los partidarios de la línea dura en la política hacia Cuba, incluido el senador Marco Rubio (R-FL), a quien Trump se refirió como su “amigo” apenas un año después de satirizarlo como “Little Marco” durante las primarias de 2016.
Trump desataría una serie de sanciones contra Cuba destinadas a destrozar su economía, una política que Rubio afirma haber “diseñado directamente”.
Pero durante casi dos años, Trump no tocó el Título III. “Solía decirles a mis clientes que no se preocuparan por el Título III”, dice Muse. “Ha estado inactivo durante veintitrés años. Si Bush no activó el Título III, nadie lo hará”.
El Título III de Helms-Burton: ¿abriendo las puertas de la inundación?
Vallas publicitarias y canales ocultos
Después de la elección de Trump, Mickael Behn unió fuerzas con Javier García-Bengochea para presionar en busca de la implementación del Título III.
“Mickael y yo básicamente nos convertimos en socios igualitarios”, dice García-Bengochea, quien había heredado de su primo una reclamación certificada por la FCSC sobre una empresa que tenía una concesión para operar en los muelles de Santiago de Cuba. “Tomamos decisiones de manera conjunta, reunimos recursos, dividimos gastos y planificamos estrategias juntos”.
García-Bengochea había estado liderando lo que él mismo llama una “cruzada” por la activación del Título III desde 2009, año en el que afirma haber comenzado a defender la reclamación de su primo con la ayuda de cabilderos del Cormac Group, con sede en Washington D.C.
“Me llevaron a Washington para conocer a los jugadores sabiendo que no habría ningún resultado excepto cuando el tema de Cuba estuviera en su punto, entonces sabrían quién soy”, dice García-Bengochea.
García-Bengochea creció en Gainesville, Florida, después de que sus padres se mudaran a Estados Unidos en 1960 cuando tenía un año.
“Lo perdimos todo”, dice, incluida una casa en Cuba en el exclusivo barrio de Miramar, un rancho en el norte de Santiago, una granja lechera de 124 acres al oeste de La Habana, una cervecería cofundada por su abuelo (quien también era ejecutivo de Bacardí) y una variedad de inversiones.
Hasta la elección de Trump, García-Bengochea dice que fue una de las pocas personas que cabildeaban sobre el tema de las reclamaciones de propiedades en Cuba, el cual necesitaba “un campeón” para luchar en nombre de los cubanoamericanos y otros ciudadanos estadounidenses a quienes Cuba había expropiado.
García-Bengochea insiste en que sus esfuerzos por buscar compensación por las expropiaciones a su familia y a otras no fueron motivados por la promesa de ganancias materiales, sino que representaron una “búsqueda” de justicia que, en última instancia, beneficiaría a los cubanos al resolverse las disputas sobre títulos de propiedad.
“Cuba no tiene futuro hasta que resuelva el problema de la propiedad”, dice. “Soy muy comprensivo con el pueblo cubano. Lo que intento hacer es despejarles el camino para que cuando inicien un negocio, tengan un marco legal”.
García-Bengochea dice que sus esfuerzos comenzaron a cobrar fuerza cuando Behn se le unió, junto a un banquero de Kentucky contratado en 2011 por Aphra Behn, la madre de Behn, para administrar su fideicomiso familiar, así como los asuntos de Havana Docks.
Los correos electrónicos salidos a la luz en la demanda de Havana Docks revelan que a lo largo de 2018 García-Bengochea y Behn presionaron para que se implementara el Título III con la ayuda del exdiplomático Otto Reich y los cabilderos del Grupo Cormac Jonathan Slade y José Cárdenas. Los tres fueron contratados “como un paquete”, según Behn.
“La persona más importante de ese grupo era Reich”, dice García-Bengochea.
Reich trabajó en las Administraciones de los presidentes Ronald Reagan y George W. Bush. Se vio envuelto en una controversia durante el escándalo Irán-Contras, que expuso cómo funcionarios de la Administración Reagan vendieron armas secretamente a Irán para financiar al grupo rebelde de derecha conocido como los Contras, acusados por organizaciones de derechos humanos de cometer atrocidades contra civiles en Nicaragua. En una carta dirigida a dos comités del Congreso, el contralor general de Estados Unidos concluyó que Reich había supervisado “actividades de propaganda encubiertas y prohibidas, diseñadas para influir en los medios y el público” en apoyo a los Contras mientras dirigía la hoy extinta Oficina de Diplomacia Pública del Departamento de Estado.
Reich no fue acusado de ningún delito y niega haber actuado mal. Desde entonces ha trabajado como cabildero y consultor, además de haber tenido un breve período como Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Reich, que nació en Cuba y se fue con su familia poco después del triunfo de la Revolución, dice que desde la década de los 90 ha abogado por el Título III.
“Me desagrada intensamente la gente que quiere hacer negocios con el régimen cubano”, dice Reich. “Mis abuelos fueron asesinados por los nazis. Y, francamente, lo considero el equivalente moral”.
¿La historia de Sosthenes Behn de hacer negocios con la Alemania nazi hizo que Reich y sus asociados del Grupo Cormac se cuestionaran trabajar para el bisnieto de Behn?
“No nos hizo quererlo”, afirma Reich. “Y recuerdo que Jonathan Slade, quien es judío, no estaba seguro de querer aceptar a este cliente debido a eso. Pero otras personas dijeron: ¿Vas a culpar [a Mickael Behn] por los pecados de su abuelo? Así que supongo que decidió seguir adelante y aceptar al cliente —y yo también”.
Reich recomendó una campaña publicitaria vinculando el turismo en Cuba con el apoyo al ejército cubano, y sugirió yuxtaponer “cruceros con fotografías de manifestantes… siendo golpeados”.
Más tarde Behn propondría atacar públicamente a las compañías de cruceros y difundir rumores de acciones legales contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Incluso si ese no es el caso, atraerá la atención de los medios”, escribió Behn a Reich y García-Bengochea.
Además de sus esfuerzos de cabildeo en Washington D.C., García-Bengochea y Behn colaboraron con grupos conservadores cubanoamericanos de Miami como el Directorio Democrático Cubano, el cual publicó anuncios de radio y colocó vallas publicitarias para disuadir a la gente de tomar cruceros a Cuba.
Desde 2016, el Directorio ha recibido más de 3 millones de dólares en subvenciones financiadas con fondos federales de Estados Unidos para “promover la libertad de información” en Cuba. La organización no es muy conocida en la isla, pero es prominente en Miami, donde su secretario nacional, Orlando Gutiérrez-Boronat, hace apariciones rutinarias en los medios y es un habitual en los eventos a favor del embargo.
Gutiérrez-Boronat, quien ha pedido una intervención militar en Cuba, se atribuyó el crédito de la campaña de vallas publicitarias, pero fue financiada por Behn y García-Bengochea.
En un correo electrónico de mayo de 2018, García-Bengochea le escribió a Behn que Gutiérrez-Boronat “reconoce de buena gana que nosotros estamos financiando esta campaña y está dispuesto a hacer lo que queramos”.
“Hicimos que las cosas se vieran feas para [las compañías de cruceros] desde el punto de vista de las relaciones públicas”, dice García-Bengochea. “Estos fueron esfuerzos sinérgicos para nosotros, impulsar los canales ocultos por un lado, y que las mismas personas que estamos influyendo vean las vallas y lean el periódico”.
En junio de 2018 García-Bengochea y Behn participaron en una conferencia de prensa con Gutiérrez-Boronat en el Museo y Biblioteca de la Brigada 2506, un edificio de Miami dedicado a recordar a los participantes en la invasión de Bahía de Cochinos. El lugar estaba decorado con una bandera con el mismo diseño de las vallas.
Un año más tarde, los tres estaban afuera del tribunal federal después de haberse presentado las primeras demandas del Título III mientras Behn agradecía a “la comunidad de exiliados cubanos”.
Ni Behn ni Gutiérrez-Boronat respondieron a las solicitudes de entrevista para este reportaje. El abogado de Behn, Roberto Martínez, se negó a hacer comentarios on the record.
Provocando escalofríos en Cuba
En 2018 la Administración Trump comenzó a apretar las tuercas a Cuba después del nombramiento del neoconservador John Bolton como asesor de Seguridad Nacional y del cubanoamericano de línea dura Mauricio Claver-Carone como director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Bolton y Claver-Carone impusieron una serie de sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que Bolton denominó “la troika de la tiranía”.
“El juego cambió cuando Bolton fue nombrado asesor de Seguridad Nacional”, dice García-Bengochea.
Además de sus afinidades ideológicas, Bolton y Reich se conocían desde la década de los 80, cuando trabajaron juntos en la USAID.
Por su parte, García-Bengochea dice que tenía una “relación personal” con Bolton, quien una vez le había pedido dinero para un “PAC anti-Irán” (PAC, Comité de Acción Política, por sus siglas en inglés). Pero García-Bengochea dice que confiaba en Reich para comunicarse con la Casa Blanca.
Reich descartó la idea de haber jugado un papel central en la implementación del Título III.
“John Bolton y Mauricio sentían lo mismo que yo”, dice Reich. “No necesitaban de lobby alguno, ni mío ni de nadie”.
No obstante, Reich hizo sentir su impacto en la Administración Trump en al menos una manera crucial.
“No habría conocido el nombre [de Claver-Carone] si Otto no me lo hubiera recomendado”, dice Bolton, quien en septiembre de 2018 nombró a Claver-Carone como máximo funcionario para la política hacia Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional. “Confié en el juicio de Otto”.
A principios de la década de 2000, Claver-Carone había ayudado a revitalizar el lobby cubanoamericano. Con la ayuda de contribuciones de campaña a través de su PAC U.S.-Cuba Democracy, trataba de persuadir a legisladores de cambiar sus votos sobre medidas para aliviar las sanciones a Cuba.
Trabajando directamente bajo las órdenes de Bolton, Claver-Carone ya no tenía que presionar a los responsables de la formulación de políticas: se convirtió en el responsable de formularlas, no solo para Cuba sino para todo el hemisferio.
“Había dos cosas que era necesario hacer para demostrar que el presidente hablaba en serio”, dice Claver-Carone. “Una con Venezuela y otra con Cuba, y había que hacerlas enseguida”.
Con el respaldo de Bolton, Claver-Carone dice que lo primero que hizo fue imponer sanciones a PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela, e implementar el Título III.
“Necesitábamos hacer algo que nadie esperaba”, recuerda Claver-Carone.
“El Título III iba a enviar un mensaje al Gobierno cubano de que este presidente es un disruptor y no se sabe lo que va a hacer”. La implementación del Título III también tenía como objetivo sofocar la inversión en Cuba. “Iba a provocar escalofríos”, dice Claver-Carone. “Envió un mensaje importante a las empresas extranjeras y a las empresas estadounidenses de que ya no iban a salirse con la suya”.
Con Trump a bordo
Incluso con Claver-Carone y Bolton presionando desde dentro de la Casa Blanca, no había garantías de que Trump aprobara el Título III.
Originalmente la disposición estaba dirigida a entidades extranjeras, pero desde la distensión de Obama con Cuba las empresas con sede en Estados Unidos con negocios en la isla, algunas con vínculos con Trump, serían vulnerables a las demandas del Título III.
Antes de ser presidente, el propio Trump había considerado invertir en Cuba. Entre 1998 y 2015 ejecutivos de su empresa viajaron varias veces a la isla, según informes de Newsweek y Bloomberg. En un informe de 2009 publicado por la Oficina de Propiedad Industrial del Gobierno cubano la marca Trump fue registrada para hoteles, casinos, concursos de belleza, programas de televisión y campos de golf.
En marzo de 2016 Trump dijo que estaría interesado en abrir un hotel en Cuba “en el momento adecuado” y parecía dispuesto a aceptar la política de acercamiento de Obama.
“Estoy ok con la situación de Cuba, pero deberían llegar a un buen acuerdo”, dijo Trump a donantes de campaña en su resort de Mar-a-Lago.
Trump dio un giro radical en su política hacia Cuba poco antes de las elecciones, pero mantuvo fuertes conexiones con las compañías de cruceros que llevaban visitantes estadounidenses a la isla.
En 2018 y 2019, Carnival Corporation pagó más de un millón de dólares a cabilderos con estrechos vínculos con Trump, incluidos el principal recaudador de fondos del presidente, Brian Ballard; la exfiscal general de Florida, Pam Bondi, quien defendió a Trump durante su juicio político; y la cuñada de Bondi, Tandy Bondi.
“Hubo un esfuerzo sostenido de lobby por parte de estos ejecutivos [de las compañías de cruceros] que querían hacer negocios en Cuba”, dice Claver-Carone.
A fines de marzo de 2019 el presidente de Carnival, Micky Arison, envió un mensaje a Trump pidiéndole hablar sobre la posible implementación del Título III, que sometería a su empresa a “600 millones de dólares en exposición legal”.
Posiblemente el llamado de Arison haya llegado demasiado tarde, toda vez que Behn y García-Bengochea habían pasado meses presionando a través de políticos influyentes que tenían acceso directo al presidente.
Durante quince años García-Bengochea había donado cientos de miles de dólares a políticos demócratas y republicanos, incluidos Rubio y el representante Mario Díaz-Balart (R-FL), quienes desempeñaron papeles clave en presionar a Trump para que intensificara la guerra económica del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.
“Trump se remitió a Mario y Marco en todo lo relacionado con Cuba”, dice García-Bengochea. Además de sus contribuciones a los legisladores, García-Bengochea donó 35 mil dólares al PAC U.S.-Cuba Democracy de Claver-Carone entre 2010 y 2016.
“Si quieres tener acceso a los políticos, tienes que hacer contribuciones”, dice García-Bengochea. “Y para obtener ese acceso es necesario recurrir a los cabilderos. Intenta llamar a un congresista para concertar una reunión. La probabilidad de que lo consigas es muy baja. Hay que pagar por ese acceso”.
De acuerdo con un documento judicial presentado como evidencia, en una reunión de agosto de 2018 en el Grupo Cormac, García-Bengochea, Reich, Slade y Cárdenas planearon una serie de visitas a algunos de los políticos republicanos más destacados de Florida.
La lista incluía a Díaz-Balart, el representante Carlos Curbelo (R-FL), el representante John Rutherford (R-FL) y Ron DeSantis (quien se desempeñaba como representante estatal antes de ser gobernador), junto con el entonces líder republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, de Kentucky. Además se programaron “cafés de 10 mil dólares” con Rubio “para asegurar [su] compromiso” y con el entonces gobernador de Florida y actual senador Rick Scott “para permitirle reunirse y conocernos a nosotros y a nuestra causa personalmente”.
Después de que DeSantis fuera elegido gobernador, Rubio, Díaz-Balart, DeSantis y Scott instaron en privado a la Administración a implementar el Título III, según Bolton.
“Tuvieron una reunión con el presidente”, dice Bolton. “Escucharlos a los cuatro [el nuevo gobernador, los dos senadores del estado y Díaz-Balart] fue una indicación bastante fuerte de que obtendríamos apoyo para el Título III”.
Según Claver-Carone, el respaldo de estos políticos de Florida resultó “fundamental” para convencer a Trump de activar el Título III.
“Se lo explicaron a Trump en términos que él podía entender”, dice García-Bengochea. “Le dijeron: ‘Imagínese que usted construye un hotel [en Cuba] y el Gobierno cubano lo echa y viene una empresa española y empieza a administrar su hotel y su propiedad’. Eso resonó con Trump”.
El 17 de abril de 2019, aniversario de la Invasión de Bahía de Cochinos, John Bolton anunció la implementación del Título III. “Los estadounidenses a quienes les han robado en Cuba sus propiedades ganadas con tanto esfuerzo finalmente podrán presentar una demanda”, dijo Bolton en un evento en honor a la Brigada 2506 en Miami. El mes siguiente, Scott recibió donaciones de Behn por 2 mil dólares, de Slade por 2 mil dólares y de Reich por mil dólares.
Desde 2018 García-Bengochea le ha dado 13 100 dólares a Rubio y 10 600 a Díaz-Balart; Slade le ha dado 4 mil dólares a Rubio y 1 500 dólares a Díaz-Balart; y Reich le ha dado 3 850 dólares a Rubio.
García-Bengochea atribuye la implementación del Título III a sus esfuerzos de cabildeo y a la campaña publicitaria de Behn y suya.
“Pudimos reunir nuestros recursos y, en última instancia, conectarnos con la Administración Trump para activar el Título III”, dice García-Bengochea. “Todos los que han demandado [bajo el Título III] nos lo deben. Hicimos esto por ellos y ellos lo saben”.
Claver-Carone insiste en que el impulso para implementar el Título III vino desde dentro de la Casa Blanca en el Consejo de Seguridad Nacional.
“El embajador Bolton no necesitaba que lo convencieran”, dice Claver-Carone.
Aun así, Claver-Carone atribuye la política de línea dura de Trump hacia Cuba a un esfuerzo coordinado que involucra a influyentes cubanoamericanos y políticos de Florida.
“Rubio, Díaz-Balart, Otto y yo, todos estamos en la misma página”, dice Claver-Carone. “Todos somos amigos y todos hablamos entre nosotros y con otros que no son cubanoamericanos como el gobernador DeSantis, el senador Scott y el embajador Bolton. Somos una comunidad muy unida. Nos ayudamos unos a otros. Si Marco se topara con un obstáculo que no puede superar, yo lo ayudaría y Marco me ayudaría a mí. Hemos tenido éxito en los objetivos políticos porque lo hicimos como equipo”.
Turismo ilegal
La activación del Título III dio lugar a decenas de demandas contra empresas de países de todo el mundo. Más de dos docenas de empresas estadounidenses han sido demandadas, incluidas Amazon, Expedia, Mastercard y American Airlines, entre otras.
Inicialmente, los expertos legales daban un pronóstico desalentador para las demandas.
“No era la intención de la ley Helms-Burton perseguir a las empresas estadounidenses con negocios legales en Cuba”, dijo a El Nuevo Herald George Fowler, abogado que asesora a Carnival y director legal de la Fundación Nacional Cubano-Americana. “Pueden intentarlo, pero yo llevo cuarenta años aquí y les digo: ‘buena suerte’”.
La predicción de Fowler resultó correcta… al principio. En los últimos tres años, la gran mayoría de las demandas se han prolongado o han sido desestimadas, incluida la de García-Bengochea contra las líneas de cruceros, aunque se ha reportado que al menos un caso del Título III ha llegado a un acuerdo.
“El objetivo no es necesariamente ganar en los tribunales, sino a veces simplemente crear mucho ruido y ahuyentar a los inversionistas [de Cuba]”, dice Biniowsky. “No importa cuán meticuloso seas, aun así no estás seguro de que algún exiliado cubano salga de la nada y te demande en un tribunal de Miami diciendo que alguna propiedad que estás usando en Cuba pertenecen a su tío”.
El caso de Mickael Behn era más sólido que otros, pero enfrentaba desafíos importantes.
Dado que el Título III prohibía las demandas contra empresas que hacían viajes legales a Cuba, las líneas de cruceros argumentaron que no podían ser responsables de actividades que el propio presidente Obama había bendecido.
Además, sostuvieron que Havana Docks nunca fue propietaria de los muelles, ni de los edificios que la empresa construyó en ellos. Un decreto de 1920 que extiende la concesión de Havana Docks para operar un negocio de carga en los muelles estipula que la compañía estaba obligada a devolver la propiedad al Gobierno cubano en 2004, más de una década antes de que los cruceros comenzaran a llevar visitantes estadounidenses a La Habana.
Además, el arrendamiento que tenía Havana Docks sobre el puerto no era exclusivo, según Ambar Díaz, una especialista en Derecho marítimo radicada en Miami que fue contratada por las compañías de cruceros.
El derecho de Havana Docks a operar su negocio de carga “no tenía nada que ver con el derecho del Gobierno cubano a permitir que barcos de pasajeros atracaran en los muelles para el transporte de pasajeros”, escribió Díaz en un informe de 36 páginas.
Sin embargo, la jueza Bloom rechazó los argumentos sobre el arrendamiento limitado de Havana Docks apelando al lenguaje de la Ley de Resolución de Reclamaciones Internacionales, que establece que las decisiones de la FCSC “serán definitivas y concluyentes en todas las cuestiones de hecho y de derecho, y no estarán sujetas a revisión… por ningún tribunal”.
Bloom también sostuvo que las compañías de cruceros habían violado las regulaciones estadounidenses al permitir que sus pasajeros hicieran turismo.
Incluso cuando los pasajeros se pasaban todo el día en actividades permitidas, como interactuar con artistas locales en La Habana Vieja o visitar un proyecto comunitario en un barrio de clase trabajadora, terminar su día viendo un espectáculo en el Cabaret Tropicana sería violar la ley.
Bloom escribió que las excursiones nocturnas violaban las regulaciones estadounidenses porque eran “‘actividades turísticas’, independientemente de si las actividades diurnas no lo eran”.
¿Quién paga el precio?
Mientras Behn y los demás accionistas de Havana Docks esperan una enorme ganancia inesperada, el pueblo cubano enfrenta una terrible crisis económica que ha llevado a más de 300 mil personas a emigrar a Estados Unidos durante los últimos dos años.
Hace seis años La Habana Vieja estaba repleta de visitantes estadounidenses. Ahora es difícil encontrar uno. Los alojamientos han cerrado. Muchos restaurantes están vacíos y la terminal de cruceros suele estar desolada.
En un artículo de opinión conjunto de 2019, Behn y García-Bengochea atacaron la política de Obama de acercamiento con Cuba, calificando su Administración de “irresponsable y pervertida” y acusando a los cruceros de violar la ley estadounidense para beneficiarse del “trabajo esclavo” cubano.
Pero muchos trabajadores del sector privado en Cuba tienen un recuerdo diferente de los acontecimientos.
“Los años de Obama fueron realmente buenos para nosotros”, dice Víctor Estévez, un camarero que intenta atraer clientes a la entrada de un restaurante en La Habana Vieja.
No solo el sector minorista se ha visto afectado por el Título III y el aumento de las sanciones estadounidenses. Biniowsky tenía una próspera práctica jurídica en La Habana asesorando a decenas de empresas interesadas en invertir en Cuba. Hace dos años se mudó a Vancouver, Canadá.
“Perdí a casi todos mis clientes”, dice Biniowsky. “Perdí a mis clientes estadounidenses cuando quedó claro que Trump había llegado a un acuerdo con Marco Rubio. Y después perdí a los clientes no estadounidenses, los canadienses y los europeos, con la implementación del Título III. Veían el potencial económico de la isla, pero no podían correr el riesgo”.
Nueve días antes de dejar el cargo, Trump asestó un golpe de gracia a Cuba colocándola en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, a pesar del consenso entre las agencias de inteligencia estadounidenses de que Cuba no patrocina el terrorismo. La designación ha disuadido aún más a empresas y bancos extranjeros a no relacionarse con Cuba.
Aislada de la inversión y el crédito internacionales, Cuba no estaba preparada para enfrentar los impactos económicos de la COVID-19 y la guerra en Ucrania. La isla ha sido devastada por la escasez de alimentos, medicinas, combustible y repuestos para su envejecida infraestructura energética.
“Cuba necesita desesperadamente inversiones de capital y yo tenía una larga lista de empresas que querían invertir en producción de alimentos, turismo, infraestructura, aeropuertos y transporte”, dice Biniowsky. “Toda esta inversión habría tenido un impacto enormemente positivo en la economía cubana y el bienestar económico del pueblo cubano”.
En 2020 Biden hizo campaña sobre una “nueva política hacia Cuba”. Pero dos años después de llegar a la presidencia, su enfoque hacia la isla sigue siendo en gran medida indistinguible del de su predecesor. “La gente tenía fe en que Biden cambiaría las cosas porque contaba con el apoyo de Obama, pero nunca sucedió”, lamenta Sarzo, el taxista habanero. “Biden ha mantenido la política de Trump con los cruceros y con todo lo demás”.
Biden ha reabierto el Consulado y levantado algunas restricciones a los viajes y las remesas, pero ha dejado vigentes algunas de las sanciones más duras, incluidas el Título III y la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.
“La Administración Biden no solo está mostrando poco interés en Cuba, sino que está mostrando que no sabe mucho sobre Cuba”, dice Muse. “Básicamente, no les importa. No creo que haya ninguna consideración activa sobre suspender el Título III”.
Incluso si Biden suspende el Título III, las demandas presentadas en virtud de la disposición no pueden verse afectadas retroactivamente.
En noviembre pasado, García-Bengochea, cuyo caso había sido desestimado en 2020 por un juez federal de Miami, perdió en el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, que dictaminó que había adquirido la propiedad mediante herencia después del plazo de 1996.
Mientras tanto, las cuatro compañías de cruceros han apelado el fallo de la jueza Bloom ante el Circuito 11.
Cualquiera sea la suma que finalmente paguen las compañías de cruceros, el pueblo cubano ya está pagando un alto precio.
“Tenemos tantos problemas aquí debido al bloqueo”, dice Estévez refiriéndose a la red de sanciones estadounidenses que separa a la isla del resto del mundo. “En este momento la política de Estados Unidos hacia Cuba solo está ayudando a dos o tres personas que son los que están viviendo de eso”.
*Reed Lindsay y Daniel Montero son periodistas de Belly of the Beast, un galardonado medio de comunicación con sede en Estados Unidos que cubre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sus documentales, reportajes en vídeo y otros trabajos se pueden seguir en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook.
**Este texto fue publicado originalmente en inglés en el diario Miami New Times. Esta traducción fue revisada por sus autores y se publica con su autorización.
Muchos “argumentos,descalificaciones,condenas”a las víctimas ,y…que del gobierno totalitario ?
O..no se puede hablar de lo verdaderamente importante ?