La multinacional de cruceros Carnival negó las acusaciones presentadas en una corte de EE.UU. por un cubanoamericano, quien considera que la empresa se benefició del puerto de Santiago de Cuba, el cual fue nacionalizado a su familia tras la Revolución de 1959.
Carnival, la primera empresa demandada tras activarse en mayo pasado el título III de la Ley Helms-Burton de 1996 que permite estas querellas, negó las quejas presentadas por el médico Javier García Bengoechea.
En un documento judicial de 21 páginas, publicado este martes por el Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, Carnival rechazó que hubiera usado intencionalmente el puerto y que tuviera conocimiento de que la propiedad era nacionalizada.
En ese sentido, rechazó también su responsabilidad en torno a un resarcimiento económico.
De igual forma, la compañía, que en 2016 comenzó a viajar a la Isla con sus cruceros, dijo que objetaría la solicitud de un juicio con jurado.
En la demanda, García Bengoechea asegura que es el «legítimo» propietario del puerto de Santiago de Cuba, que le fue expropiado a su familia por el gobierno «comunista» en 1960.
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«Carnival fue la primera línea de cruceros que traficó en nuestras propiedades, ellos entonces merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados», aseguró el médico tras presentar la denuncia en mayo en una corte de Miami, sur de Florida.
Con anterioridad, la compañía había pedido a un juez en Miami que rechazara otra demanda por el uso de instalaciones portuarias en Cuba por considerar que no tiene fundamento legal.
Ese pedido se refería a la presentada por los herederos de la familia Behn, propietarios de Havana Docks, la actual terminal Sierra Maestra en La Habana, y argumentaba que la querella abierta bajo el paraguas de la Helms-Burton no tenía fundamento por dos razones: la controvertida ley no se aplica y la concesión por el uso de las instalaciones portuarias caducó el año 2004.
Por lo menos 18 demandas contra empresas, especialmente turísticas, se han presentado en Estados Unidos, 16 de ellas en Florida, desde que se activó el Título III, según el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba.
Según el presidente de dicho consejo, John Kavulich, las autoridades estadounidenses han «certificado» 5.913 casos de ciudadanos y empresas del país que pueden acogerse al Título III, por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
Pero, además, hay otros muchos más reclamos «no certificados» que se podrían demandar.
La Helms-Burton pretende castigar a las empresas extranjeras que tienen negocios en Cuba y usan propiedades, o tienen intereses en ellas, que fueron nacionalizadas a inicio de los años 1960. En su contenido define ese acto como un caso de “trafico con propiedades intervenidas” y sobre las cuales no hubo ninguna compensación.
EFE / OnCuba
