Redacción OnCuba
La compañía estadounidense de seguros de viajes Generali Global Assistance, Inc. (GGA) acordó pagar cerca de seis millones de dólares por violar el Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR) del Departamento del Tesoro de EE.UU., informó este jueves la agencia Prensa Latina.
De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la compañía CGA refirió los pagos relacionados con Cuba a su filial canadiense “con el fin de evitar procesar los pagos de reembolso directamente a las partes cubanas y a los viajeros” mientras estos se encontraban en la Isla, apunta la fuente.
GGA, con sede en Nueva York, acordó desembolsar 5.864.860 dólares debido a su presunta responsabilidad civil por 2.593 violaciones del referido Reglamento, que forma parte las políticas del embargo estadounidense contra Cuba.
La OFAC determinó que el caso de los pagos indirectos es una “violación atroz” de sus leyes respecto a ese tipo de actividades.
De acuerdo con Prensa Latina, la empresa se une a otras instituciones internacionales multadas por la Administración Trump durante el último año tales como el banco británico Standard Chartered, Expedia Group, General Electric, Allianz Global Risks U.S. Insurance Company y la suiza Chubb Limited.
En mayo pasado, el gobierno estadounidense también multó a Biomin America, una empresa especializada en nutrición animal con sede en Kansas, que entre julio de 2012 y septiembre de 2017 llevó a cabo treinta transacciones de productos agrícolas a Cuba a través de sus subsidiarias en el exterior, para un total de 44 violaciones de las regulaciones de la OFAC.
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Aunque la venta de alimentos a Cuba por parte de Estados Unidos se encuentra permitida, el exportador estadounidense necesita informar al Departamento del Tesoro, que le extiende un permiso mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro explicó entonces que si bien debería haber pedido el permiso de exportación, la empresa “no dio los pasos necesarios en ese sentido” sino que “desarrolló una estructura transaccional que equivocadamente pensó que seguía los pasos establecidos por la OFAC”. Como no se trató de un intento deliberado de ocultar algo, el Departamento del Tesoro terminó por concluir que no hubo una violación premeditada.
