El “más grande anticomunista de Miami” acusado de hacer negocios con la Venezuela bolivariana

Durante décadas, el ex legislador estatal David Rivera se definía como el más grande anticomunista de Miami, defensor del embargo económico a Cuba y el cerco a Venezuela. Implacable con todos los que abogaran por una mayor comunicación entre los cubanos de ambas orillas, a veces en un tono pintoresco y picaresco se refería a sí mismo como “el futuro alcalde de Cienfuegos”, de donde es oriunda su familia.

Pero hoy es un hombre buscado por la justicia y con un proceso judicial radicado en Nueva York. En 2017 firmó un contrato por valor de 50 millones de dólares, durante tres meses, para promover una imagen positiva del gobierno de Venezuela en Estados Unidos y no lo ha cumplido satisfactoriamente. Alcanzó a cobrar 15 millones mediante su firma de consultoría, Interamerican Consulting. La sede está en su casa de Miami y tiene un solo empleado: su hermana.

El contrato fue firmado con la antigua subsidiaria de la petrolera venezolana PDVSA, PDV USA Inc., en un momento en que el presidente Nicolás Maduro quiso mejorar las relaciones con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Rivera se comprometió a entregar durante tres meses de siete a ocho estudios a la petrolera venezolana para poder lograr ese objetivo. Pero el ex legislador republicano hizo llegar dos informes que no alcanzan las cinco páginas.

Cansados de esperar y sintiéndose engañados, el miércoles pasado los ejecutivos de PDVSA acudieron a un tribunal civil de Nueva York pidiendo la devolución del adelanto de 15 millones de dólares  con los respectivos intereses, suma que le fue pagada en tres partes entre marzo y abril de 2017. “El señor Rivera no llevó a cabo ningún trabajo significativo acorde con el contrato y sin duda alguna tampoco lo realizó con la calidad razonablemente esperada por un pago de aproximadamente 17 millones de dólares mensuales”, se afirma en la documentación del caso. La demanda menciona a PDV USA  Inc. como víctima, pero ha sido introducida por PDVSA porque como parte de las medidas económicas contra Maduro por parte de la administración Trump, la empresa fue disuelta.

Tan pronto se conoció el caso mediante el New York Times, Rivera desapareció de circulación. Básicamente, pasó a la clandestinidad. Se sabe que ha sido notificado en su residencia.  OnCuba conoce que se ha refugiado en Centroamérica, como ha hecho otras veces que lo ha buscado la justicia.

Esta no es la primera vez que Rivera tiene encontronazos con la ley, todos relacionados con violaciones de financiamiento de campañas políticas. El caso más enigmático sucedió en 2012, cuando siendo congresista federal desde dos años antes, tras derrotar al demócrata cubano-americano Joe García, este volvió a postularse y le arrebató el puesto a Rivera. Durante las primarias demócratas, hizo un intento de crear y financiar un “falso” opositor a García solo para impedir su llegada al congreso federal. Junto a una operadora de campañas políticas, Rivera mandó a imprimir varios volantes a nombre de este falso candidato, Justin Lamar Stenard. Pero un investigación federal, que en apariencia todavía no ha concluido, descubrió la intervención supuestamente ilegal de Rivera cuando los dueños de las tipografías que imprimieron los volantes confirmaron que el ex congresista federal pagó el servicio en personas y dinero.

El jueves pasado, cuando su contrato con los venezolanos era la comidilla de los cubano-americanos de Miami, Rivera hizo llegar un comunicado a la prensa local donde dijo que el contrato era en realidad una forma de ayudar la oposición venezolana. “Pregunten a los 6 de CITGO”, dijo en referencia a cinco ciudadanos estadounidenses y un residente permanente, ex ejecutivos de la distribuidora petrolera, detenidos en Caracas desde noviembre de 2017. Citgo es un empresa estadounidense de capital venezolano que distribuye el petróleo en Estados Unidos.

Convocados a Caracas por Maduro para lo que creían era un rápido viaje de tres días de consultas sobre las operaciones en Estados Unidos, los seis hombres terminaron en la cárcel acusados de corrupción en la refinación y venta del petróleo en Estados Unidos. Todavía están presos, aunque en reclusión domiciliaria.

En esa declaración Rivera también dio a entender que el dinero fue controlado por la oposición y por Leopoldo López, refugiado hace meses en la embajada española de la capital venezolana. Tanto los seis como López han negado tener conocimiento del acuerdo del ex congresista con PDV USA Inc.

“Ellos manejaron todo este esfuerzo, incluyendo todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana”, dijo Rivera.

Esta versión de los hechos levanta muchas dudas. En primer lugar, por qué los 6 de CITGO fueron arrestados seis meses después de firmado el acuerdo de los 50 millones. En esa época Leopoldo López estaba preso en el Helicoide, la sede de la policía política venezolana.

Rivera dijo también que el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto del contrato. Si así fuera, entonces al ser un documento firmado con un empresa propiedad de un gobierno extranjero, el ex congresista federal debiera haberse inscrito como agente de ese gobierno, imputación de consecuencias jurídicas si Washington decide acusarlo.

Si lo encontraran culpable, la carrera de David Mauricio Rivera no tendría recuperación. Cuando estaba en el Congreso en Washington logró que al embajador de Venezuela lo expulsaran del país. Y cuando estuvo en la legislatura estatal, desplegó permanentemente sus credenciales anticomunistas diciendo que la obligación de todo cubano-americano era luchar por “la libertad y por una Cuba libre”. Una ironía para un hombre que ahora es acusado de hacer negocios con una Venezuela bolivariana. En el sur de Florida es muy difícil que le perdonen esa herejía.