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La decisión del Tribunal Supremo de EEUU de permitir temporalmente al Gobierno de Donald Trump reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países vuelve a poner bajo presión a los cubanos que se encuentran en procesos migratorios en ese país y no pueden ser retornados directamente a la isla.
El máximo tribunal estadounidense autorizó este martes a la Administración Trump a continuar, mientras se resuelve el litigio, con los traslados de migrantes hacia países distintos a aquellos de los que son ciudadanos.
Aprobada con seis votos frente a tres, la decisión deja en suspenso las órdenes de tribunales inferiores que exigían informar previamente a los afectados sobre su destino y permitirles plantear objeciones relacionadas con posibles riesgos de persecución o tortura.
El caso lo analizará nuevamente el Supremo en diciembre, cuando los magistrados escucharán los argumentos sobre la legalidad de esta política.
Por tanto, la decisión conocida este martes no constituye todavía un fallo definitivo sobre el programa, informó una nota de la agencia EFE.
Para los migrantes cubanos, sin embargo, la medida tiene un antecedente. Durante el verano, Estados Unidos envió a varios ciudadanos de la isla a la República Centroafricana, un país con el que no tenían vínculos previos.
Cubanos ya fueron enviados a República Centroafricana
En agosto, EFE documentó el caso de cuatro cubanos —Omar Rodríguez, Arístides Fernández García, Yasmany Noel Moreno de Armas y Daniel Lázaro Fuente— trasladados junto a un hondureño y un ecuatoriano a Bangui, capital de República Centroafricana.
Los migrantes denunciaron que no conocieron su destino hasta avanzado el viaje y pidieron ayuda para regresar a Estados Unidos.
Uno de ellos, Yasmany Moreno de Armas, de 31 años, contó que vivía y trabajaba en Florida y que solo supo que lo enviarían a África cuando el vuelo ya llevaba varias horas.
Otros testimonios recogidos por medios estadounidenses y españoles describieron condiciones de traslado bajo custodia y la incertidumbre sobre su situación una vez llegados a Bangui.
El caso de los cubanos no fue aislado. La Administración estadounidense ha utilizado acuerdos con terceros países para trasladar a personas que no son nacionales de esos destinos.
En septiembre, por ejemplo, Guyana recibió a seis deportados procedentes de Estados Unidos, entre ellos ciudadanos de Cuba y Afganistán.
Guyana acuerda con EEUU recibir deportados y entre los primeros ya hay cuatro cubanos
Las autoridades guyanesas dijeron que el grupo no tenía antecedentes penales y que permanecería temporalmente en el país mientras se determinaba su situación migratoria.
La diferencia entre ambos casos muestra también la amplitud de un mecanismo que no busca únicamente enviar migrantes a países con los que tengan alguna relación, sino utilizar acuerdos con Estados dispuestos a recibir a personas procedentes de terceros países.
Una política ampliada durante el último año
Las llamadas “third-country deportations” forman parte de la política migratoria que la Casa Blanca ha ampliado desde el regreso de Trump a la presidencia.
Según un recuento citado por Reuters, EEUU ha enviado a más de 25 mil migrantes a 29 países bajo este programa.
La mayoría a México, pero también a destinos de África y otras regiones, entre ellos Liberia, Uganda, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y otros países.
Washington defiende estas deportaciones como una herramienta para expulsar a migrantes que cuentan con órdenes finales de deportación y cuyos países de origen no los reciben, incluyendo personas con antecedentes penales.
El Gobierno sostiene además que existen garantías diplomáticas de que los deportados no serán perseguidos ni torturados.
Los abogados de los migrantes y organizaciones de derechos humanos cuestionan, en cambio, que esas garantías sean suficientes y sostienen que el procedimiento puede afectar también a personas que cuentan con protección judicial frente a su retorno directo.
Ese es precisamente uno de los puntos centrales del litigio que ahora deberá resolver el Supremo.
Expertos exigen detener esta política
La controversia tiene especial importancia para personas que tienen órdenes judiciales que impiden o limitan su retorno al país de origen debido al riesgo de persecución, tortura u otros daños graves.
Los tribunales inferiores habían exigido que se informara a los migrantes sobre cuál era su destino y que tuvieran una oportunidad efectiva de plantear esos temores antes de enviarlos a un tercer país. El Supremo suspendió temporalmente esas garantías mientras estudia el fondo del caso.
Los grupos que representan a los demandantes han advertido que la reanudación de los vuelos permite trasladar nuevamente a los migrantes antes de que puedan presentar esas objeciones.
Más de una docena de expertos independientes de Naciones Unidas habían pedido recientemente a Washington detener esta política.
En una comunicación publicada antes de la decisión del Supremo, alertaron sobre el riesgo de tortura, persecución y otros abusos y señalaron que muchos de los deportados habían obtenido previamente protección judicial frente a su retorno a sus países de origen.
Acuerdos con varios países
La expansión del programa ha llevado a Washington a negociar con numerosos gobiernos para que acepten migrantes que no son nacionales de sus países.
Además de Liberia, EEUU ha logrado acuerdos o utilizado mecanismos similares con países como República Democrática del Congo, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Camerún, Ghana, Sierra Leona, Esuatini y Sudán del Sur. También existen acuerdos o arreglos con otros destinos.
El número y las características de los acuerdos no son idénticos en todos los casos, y algunos se mantienen bajo reserva.
No obstante, el mecanismo general permite a EEUU trasladar a migrantes a territorios con los que no necesariamente tienen vínculos familiares, sociales o de residencia.
En el caso de los cubanos enviados a República Centroafricana, esa distancia fue precisamente uno de los elementos que denunciaron los propios afectados.
EEUU y una medida que puede seguir afectando a migrantes cubanos
La decisión del Supremo no significa que todos los migrantes cubanos con procesos pendientes se enviarán automáticamente a terceros países.
Pero sí elimina, por ahora, uno de los obstáculos judiciales que limitaba la capacidad de la Administración para realizar estos traslados con rapidez.
Ahora, con la autorización temporal del Supremo, la política puede continuar mientras el tribunal se prepara para estudiar su legalidad.
