La administración de Donald Trump ha establecido acuerdos con 35 países para que reciban migrantes que no pueden ser enviados directamente a sus lugares de origen.
Según AFP, se trata de una estrategia que ha extendido las expulsiones hacia territorios con los que muchos de los afectados no tienen vínculos.
La agencia francesa se basa en una investigación coordinada por Forbidden Stories, realizada junto a un consorcio internacional de medios que contabilizó al menos 25 447 personas deportadas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026.
De ellas, unas 20 mil fueron enviadas a México, mientras el resto fue distribuido entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Además, se han cerrado acuerdos con siete países adicionales.
Los acuerdos, que no son uniformes, establecen condiciones diferentes sobre las nacionalidades que pueden ser trasladadas y sobre la admisión de personas con antecedentes penales. La investigación también identificó unos 410 millones de dólares destinados por Washington a gobiernos receptores o a organismos de Naciones Unidas para facilitar estas operaciones.
Los cubanos en medio de esta política
En el caso de los cubanos, Guyana se incorporó recientemente a esta política. El país sudamericano recibió a un primer grupo de seis deportados, cubanos y afganos, después de que las autoridades guyanesas revisaran sus antecedentes y determinaran que no tenían historial criminal. El acuerdo tiene una duración inicial de un año y no contempla su reasentamiento permanente.
Guyana acuerda con EEUU recibir deportados y entre los primeros ya hay cuatro cubanos
El programa, denominado Assisted Voluntary Return Program, es gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y contempla que los deportados puedan regresar a sus países de origen o ser trasladados posteriormente a otro destino.
La situación de Guyana ilustra el cambio que esta política supone para algunos cubanos que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos, pues su expulsión ya no necesariamente termina con un retorno directo a Cuba, sino que puede derivar en la permanencia temporal en un tercer país.
Otros casos han involucrado a cubanos enviados a África, como es el caso de Yasmany Moreno de Armas, de 31 años, trasladado a República Centroafricana tras aproximadamente un año bajo custodia estadounidense, y el de Aristides Fernández García, de 37, enviado a ese mismo país después de siete meses detenido en Estados Unidos.
La investigación citada por AFP señala además que 49 de los 54 países africanos fueron contactados por Washington para explorar acuerdos de este tipo.
Los cubanos, según la investigación, han ido a parar también a Ruanda, Costa Rica, Esuatini, Santa Lucía y Sudán del Sur.
La administración estadounidense creó en mayo de 2025 una Oficina de Remigración, dependiente del Departamento de Estado, que ha gestionado buena parte de las negociaciones y los pagos relacionados con estos convenios.
Abogados consultados por el medio de prensa cuestionaron las condiciones en las que quedan algunos deportados, al señalar que pueden ser enviados a países con los que no tienen vínculos y donde enfrentan una situación jurídica incierta.
La política también ha generado cuestionamientos legales en Estados Unidos sobre la posibilidad de expulsar a una persona hacia un tercer país sin ofrecerle previamente una oportunidad adecuada para impugnar esa medida.
La dimensión económica de los acuerdos también es significativa, pues de los 410 millones de dólares identificados por la investigación, 81 millones estarían destinados directamente a gobiernos, más de 178 millones a la OIM y unos 123 millones al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
