Los obispos católicos de Cuba dieron a conocer este jueves una carta en la que abogan por un diálogo “armónico y civilizado” en Cuba, así como por la implementación de “cambios necesarios” y un “gesto de indulgencia” para los detenidos después de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio (11J).
En un mensaje publicado en la página de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC), los prelados expresan que han constatado el aumento de un “clima de tensión y confrontación” en el país que a su juicio “no es saludable ni beneficia a nadie”. De este modo, aluden a la marcha pacífica convocada para el próximo 15 de noviembre por la plataforma opositora Archipiélago, con el fin de reclamar la liberación de los presos políticos y la no violencia.
Sin embargo, el Gobierno consideró “ilícita” esta convocatoria y ha denunciado propósitos subversivos y la búsqueda de un “cambio de régimen”, cuestiones que el propio ministro de Exteriores planteó a las delegaciones extranjeras a comienzos de semana.
En medio de ese panorama, la jerarquía católica cubana considera que “urge, cada vez más, la implicación de los cubanos en un proyecto de nación que involucre y motive a todos; que tenga en cuenta las diferencias, sin exclusiones ni marginaciones”. “Es imprescindible la implementación de los cambios necesarios, tan largamente deseados, que favorezcan una vida digna y feliz para todos los hijos, aquí, en esta tierra nuestra”, afirman los obispos.
En el comunicado también estiman que hace falta “implementar mecanismos donde, sin temor a intimidación y represalias, toda persona pueda ser escuchada y se encaucen las insatisfacciones ante las duras realidades cotidianas que agobian a tantos, especialmente a los más empobrecidos y vulnerables”.
Exhortan “a todos a que no escatimemos esfuerzos para que se allanen los caminos del entendimiento, la reconciliación y la paz; de tal modo que las diversas propuestas sobre el destino presente y futuro de nuestro país, encuentren un ámbito de cordura, tolerancia y concordia”. En esa línea proponen que se establezca un diálogo “armónico y civilizado en el cual se puedan encontrar las mejores soluciones a los problemas que nos atañen”.
“Toda persona merece estima y reconocimiento de su dignidad, por su condición de ser humano e hijo de Dios, por ser ciudadano libre, sujeto de derechos y deberes”, señalan en el comunicado donde subrayan que “todo cubano debería poder expresar y compartir libremente y con respeto, sus opiniones personales, su pensamiento o sus convicciones, incluso cuando disienta de la mayoría”.
La COCC descalifica “cualquier acto de violencia entre nosotros, ya sea física, verbal o sicológica”, porque cree que “hiere gravemente el alma de la nación cubana y contribuye todavía más al pesar, al sufrimiento y a la tristeza de nuestras familias”. Además, se pronuncia en favor de “un gesto de indulgencia para los que aún permanecen detenidos por los acontecimientos del pasado verano” que “agradecerían tantas familias cubanas y la misma Iglesia”, y en su opinión “disminuiría la tensión social”.
Hace un mes, un grupo de familiares de personas detenidas y acusadas por las autoridades cubanas por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio circularon en las redes sociales una carta abierta en la que pedían a los obispos católicos cubanos su mediación en favor de su excarcelación.
Las protestas inéditas que estallaron en esa fecha incluyeron desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos con la Policía y saqueos en las calles de algunas localidades de Cuba.
Esas manifestaciones para protestar por la escasez de productos básicos, medicinas y los apagones se saldaron con un muerto y una ola de detenciones a los participantes y supuestos instigadores, entre ellos ciudadanos anónimos, artistas, activistas opositores y periodistas independientes, calculados en varios centenares por activistas de derechos humanos.
Organismos internacionales atentos a La Habana
Por otro lado, la Unión Europea (UE) ha indicado a sus diplomáticos acreditados en la Isla seguir de cerca los acontecimientos del 15N, tal cual destacan medios como el periódico El Mundo. Según el medio español, los delegados de este bloque mantendrán informado a Josep Borrell sobre los acontecimientos, previos o posterior al día en que está prevista la marcha.
De esta manera, el Alto Representante para Asuntos Exteriores responde a una carta enviada por la Delegación de Relaciones con América Central y Cuba en la cual solicitaron que los diplomáticos observaran in situ los acontecimientos, siempre al amparo de la Convención de Viena.
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También asegura El Mundo que un grupo de diplomáticos de países europeos que permanecen en La Habana están decididos a participar como observadores en las protestas cívicas, tal y como hicieron durante la marcha LGBTI de 2019. Frente a la delegación europea en Cuba se encuentra la diplomática portuguesa, quien en julio asumió su nuevo cargo en Cuba, pocos días después del estallido del 11-J.
La oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, también informó que hará un “monitoreo remoto” de lo que suceda el lunes en las calles cubanas.
En otro artículo opiné que Yunior utiliza frecuentemente la retórica sofista. Lo hace para argumentar su ideología con falacias lógicas y argumentativas. Para colmar la situación, los obispos cubanos también lo hacen en esta carta. Proponen -entre otras cosas- un “gesto de indulgencia” para los “presos políticos” detenidos después del 11 de julio. Abogan por ello sin proporcionar una información objetiva con la que se pueda verificar la inocencia de cada preso.
Al igual que Yunior, dan por hecho que todos los presos relacionados con los disturbios del 11 de julio son inocentes porque fueron condenados por delitos políticos. Ello puede llevar a pensar falazmente que si alguien está preso por lo ocurrido ese día goza de impunidad y debe ser liberado de inmediato. Sin importar los delitos penales que haya cometido, saqueo, desacato, atentado, etc.
Estos obispos también producen ideas que distorsionan la realidad cubana y con sus declaraciones, se prestan para legitimar los hechos delictivos ocurridos el 11 de julio. Además de llegar a conclusiones partiendo de rumores y falsas noticias, están realizando generalizaciones apresuradas, fundamentadas con datos insuficientes.