Rui Ferreira
Al contrario de lo la creencia popular, sobre todo entre aquellas personas que en los Estados Unidos no disponen de un seguro médico, el tratamiento del Covid-19, la conocida y terrible pandemia del coronavirus, no es totalmente gratis.
De hecho, todas las pruebas de diagnóstico no lo son, y mucho menos el tratamiento una vez que un paciente ingresa en un hospital o clínica.
Hace tres semanas el presidente Donald Trump firmó una orden que obliga a que los kits de pruebas sean facilitados gratuitamente para detectar el coronavirus. Las hacen de varias formas, bien en espacios al aire libre por los bomberos y enfermeros de hospitales estatales, en casa de los enfermos, en clínicas de barrio o en hospitales públicos. Estos las reciben de entidades proveedoras y le pasan la cuenta al Gobierno Federal.
Pero no son los únicos. En los hospitales privados también las hacen, y aquí es donde se separan de las órdenes presidenciales, ya que los privados argumentan que no cobran por el precio de los kits —unos 150 dólares–, sino por el uso y el trabajo de sus enfermeros. “Esto es un negocio, logramos no cobrar por la prueba, pero tenemos que pagar el salario del enfermero y el médico. Una cosa es efectuar la prueba. Otra es dejar de pagar al empleado que gana su sueldo. Es un negocio”, afirma el doctor Simón George, gerente de servicios del hospital Cedar’s de Nueva York.
Es cierto que la cantidad que usualmente cobran los hospitales privados por los exámenes no suele ser muy alta comparada con los tratamientos del coronavirus y otras enfermedades. El Cedar’s está cobrando apenas unos 200 dólares. Pero el problema viene cuando el paciente tiene el virus y no es enviado a su casa, sino se queda ingresado en el hospital. Dependiendo del tratamiento, el costo de unos catorce ingresado en cuidados intensivos (por donde todos tienen que pasar) puede oscilar entre 3,800 y 40,000 dólares, de acuerdo con una investigación de la cadena NBC.
Y la razón es muy sencilla: se llama seguro de salud. No todos tienen el mismo alcance, no todos lo cubren todo. Cada uno tiene sus características. Y como el coronavirus es una enfermedad reciente, no estaban preparados para la misma. El seguro de un paciente de Pensilvania puede ser considerado regular, con un precio promedio de 2,000 dólares al año y un alcance también promedio cuya póliza no cubre ni operaciones ni tratamientos sofisticados. Puede no servir para cubrir todo un tratamiento de coronavirus.
En este caso la paciente, Mariah Aschcroft, residente en Filadelfia, Pensilvania, explicó a la NBC que su tratamiento le costó alrededor de 13,000 dólares por el seguro y no lo cubrió todo. ¿Qué dejó fuera? En primer lugar, la prueba de detección. La mujer recibió una cuenta de 410 dólares y rehusó pagarla. El asunto terminó en arbitraje, y al final logró que el estado la pagara parcialmente. Pero aún así, la aseguradora le pasó una cuenta de 169.16 dólares.
Esto fue solamente la prueba. Cuando llegó la cuenta final, poco faltó para que se desmayara. Eran 12,570 dólares. “No lo quería creer. Mi aseguradora me dijo que el coronavirus no estaba en el seguro. Que ellos no aprobaron la gran mayoría de los medicamentos que usaron en mi caso y que los tenía que pagar yo”. Reveló cómo eran de exorbitantes los precios: “Por el uso del ventilador durante una semana me pidieron 3,000. Por las medicinas me cobraron casi 1,000 por cada pastilla. Y así todo, unos precios exagerados”.
La aseguradora le explicó que ese tipo de precios resultan usuales en la industria sanitaria. Son los que cobran los hospitales a las aseguradoras, que después se los pasa al enfermo. En los Estados Unidos, que tienen una de las medicinas más caras del planeta, precisamente por las aseguradoras, negocian con los hospitales el precio de las medicinas, que no es necesariamente el mismo que compradas. No todos los hospitales aceptan todos los seguros; por lo tanto, las aseguradoras tratan de proponer a los hospitales los precios altos que están dispuestas a pagar, y el asunto cae en un círculo vicioso.
Pero hay más. Tampoco está bien definido qué pasa con los pacientes que reciben un subsidio médico de los gobiernos federal y estatal. Es el caso del Medicare, orientado hacia los ancianos de más de 65 años o aquellas personas de bajos recursos que acuden al Medicaid. Estos dependen casi totalmente del gobierno y, al contrario de lo que muchos también piensan, este no cubre todos los gastos.
En el caso del Medicare, el individuo tiene que contratar una determinada categoría y alcance. Paga un porcentaje, el gobierno cubre lo demás, pero puede acudir al médico de su elección. A su vez, con el Medicaid sigue escogiendo a su médico, pero tiene que depender de un listado de medicinas aprobadas por el gobierno federal para poder tratarse. “Este es el problema más serio de todos. La gente con programas federales de salud son los que más sufren. Como el coronavirus es una enfermedad relativamente reciente, no hay un listado de medicamentos para tratarlos. Los médicos están trabajando básicamente con paliativos y el Medicaid no siempre está aprobando lo que los médicos recetan. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si un paciente que no ha sido ingresado, o un familiar suyo que lo cuida, necesita máscaras o guantes de goma, el Medicaid solo aprueba su pago si se usa la marca que está en el listado de medicinas aprobadas. Si el paciente quiere otra marca, tendrá que pagarla”, explica OnCuba la enfermera Lucía Gálvez, del hospital de la Universidad de Miami.
La pandemia del nuevo coronavirus atrapó a toda la comunidad médica con los pantalones en la mano, pero la industria farmacéutica se está enriqueciendo. “Estamos en medio de una gran incógnita. Mientras no aparezca una vacuna, y partiendo del principio de que esta es una enfermedad relacionada con la influenza o la gripe, los médicos están experimentando. Es una suerte para las farmacéuticas. Le pueden poner el precio que quieran a las medicinas”, explica el doctor José Miyares, un fuerte crítico del desempeño del Gobierno Federal en el combate a la pandemia.
“Se han apresurado a ordenar el estado de emergencia en el país, secundado por los gobernadores [de los estados]. Pero no han decretado una suspensión de los aumentos de precios de todo producto, una congelación absoluta que, por lo menos, evitaría el aumento del precio de las medicinas como todo en general”, explica Miyares.
En este escenario de calamidad y de un tratamiento caro. Lo positivo es que los pacientes recluidos en la casa no tienen grandes gastos. El problema está, lógicamente, en los que internan en los hospitales.
