Los cubanos que viven fuera del país podrán desde ahora ser propietarios de empresas privadas en Cuba sin necesidad de residir en la isla, abrir y operar cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos, y sumarse como socios a proyectos de infraestructura y otros sectores estratégicos.
Las medidas, adelantadas primero a la cadena estadounidense NBC News, fueron detalladas por el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva Fraga, en entrevista difundida este lunes por la televisión cubana.
Llegan en un momento de elevada tensión con Washington, una agudización de la crisis económica y energética, escasez de combustible y un deterioro visible en los servicios básicos, todo ello atizado por el cerco petrolero que mantiene la Administración Trump.
En ese contexto, el Gobierno cubano apuesta por convertir a su propia diáspora, estimada en varios millones de personas distribuidas principalmente entre Estados Unidos, España y otros países de Europa y América Latina, en un actor económico activo dentro de la isla, algo que hasta ahora el marco legal restringía de manera efectiva.
Ser dueño sin residir en Cuba
De las tres medidas que el gobierno cubano presentó como centrales, la que más directamente transforma la relación jurídica entre los cubanos en el exterior y la economía de la isla es, sin duda, la posibilidad de que un cubano en el exterior pueda ser propietario de una empresa privada en Cuba sin tener que establecer residencia efectiva en el país.
Hasta este anuncio, esa opción estaba reservada exclusivamente a quienes contaran con residencia efectiva en territorio cubano.
La nueva regulación extiende ese derecho a quienes posean la categoría migratoria denominada “inversores y de negocios”, contemplada en la legislación migratoria cubana. En la práctica, esto significa que un cubano que lleva años viviendo en Miami, Madrid o Ciudad de México podrá constituir y dirigir una empresa privada en la isla sin abandonar su lugar de residencia actual.
Gobierno de Cuba permitirá a cubanos en el exterior invertir y ser propietarios de negocios
La relevancia de este cambio no es menor. Durante años, miles de cubanos en el exterior han enviado remesas para sostener a sus familias o financiar de manera informal pequeños negocios gestionados por parientes.
Esa relación, siempre informal y jurídicamente precaria, adquiere ahora una dimensión radicalmente distinta: el emigrante puede convertirse en empresario con derechos legales plenos sobre su negocio, con capacidad de gestión directa y protección jurídica.
En ese sentido, Pérez-Oliva Fraga fue explícito sobre el alcance del cambio: “Esto hasta hoy no se podía hacer. Estaba limitada esta posibilidad a aquellos cubanos que ostentaran la categoría de residentes efectivos en el territorio nacional.” La frase, dicha sin eufemismos, resume décadas de una restricción que había funcionado como muro invisible entre la voluntad inversora de la emigración y su capacidad real de materializarla.
El funcionario aclaró, además, que no existe ningún tope ni limitación sectorial sobre el tipo de empresa que se puede constituir. La magnitud del negocio, dijo, “dependerá de la capacidad y de las posibilidades reales de acometerlo. No existe ninguna limitación desde el punto de vista administrativo legal que así lo impida.”
Esto abre la puerta no solo a pequeños negocios de servicios o comercio, sino a emprendimientos de mayor escala en sectores como la manufactura, el turismo o la tecnología.
El dinero con respaldo bancario
La segunda medida de mayor impacto práctico es la que autoriza a los cubanos residentes en el exterior que ya operen empresas en la isla a abrir y gestionar cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos, en las mismas condiciones que cualquier persona jurídica o natural residente en el país.
“A partir de estas decisiones que hemos informado, se facilitará también que los cubanos residentes en el exterior que tengan empresas en Cuba puedan abrir y operar cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos, podrán hacerlo de la misma manera que lo hace cualquier persona o institución residente en nuestro país”, señaló el funcionario.
Esta decisión, que puede parecer técnica a primera vista, resuelve uno de los nudos operativos más frustrantes para quienes intentaban hacer negocios en Cuba desde el exterior.
Sin acceso a cuentas bancarias propias en la isla, cualquier transacción comercial, como pagar proveedores, recibir pagos, gestionar nóminas, realizar transferencias, dependía de intermediarios, acuerdos informales o mecanismos alternativos que añadían incertidumbre y riesgo a cada operación.
Cuba ante su decisión económica más importante: atraer a su diáspora
Con esta medida, un empresario cubano residente en España o en Argentina podrá manejar sus finanzas empresariales en Cuba con la misma normalidad con que lo haría cualquier emprendedor local: una cuenta a su nombre, en divisas, con respaldo institucional.
Es el tipo de infraestructura financiera básica sin la cual cualquier inversión, por bien intencionada que sea, choca contra la realidad cotidiana de las transacciones.
El viceprimer ministro subrayó que esto “tendrá un impacto y facilitará todos los procesos asociados a su operatoria en el territorio cubano”. Por primera vez, el Estado cubano reconocerá formalmente que sus compatriotas en el exterior necesitan herramientas financieras reales para participar en la economía del país.
Infraestructura y grandes proyectos: la apuesta a largo plazo
La tercera novedad es, en términos de potencial transformador, la de mayor envergadura.
Cuba abre la puerta a que los cubanos residentes en el exterior participen, a través de sus empresas constituidas en otros países, en proyectos de inversión de gran escala, incluyendo infraestructura, agricultura, energía y servicios estratégicos. Y lo hace por tres vías formales distintas.
La primera, ya existente pero ahora ampliada, es la asociación con entidades estatales cubanas al amparo de la Ley 118 de Inversión Extranjera, el marco legal que regula la participación del capital foráneo en la isla y que ofrece incentivos fiscales y garantías jurídicas a los inversores.
La segunda, completamente nueva, es la posibilidad de asociarse bajo ese mismo marco con empresas privadas cubanas, algo que hasta ahora la ley no permitía.
La tercera es la participación directa en la creación o adquisición de empresas privadas en Cuba, sin necesidad de pasar por estructuras de inversión extranjera.
Este esquema de tres carriles es relevante porque reconoce que los intereses y las capacidades de la diáspora cubana son heterogéneos. No todos los emigrantes que quieren invertir en Cuba tienen el mismo perfil ni los mismos recursos.
Algunos podrán aspirar a grandes proyectos de infraestructura; otros querrán montar un restaurante o una pequeña empresa de tecnología. El nuevo marco legal, al menos en teoría, tiene espacio para ambos.
El funcionario fue particularmente enfático en descartar cualquier techo sobre la escala de las inversiones posibles, al afirmar que “no solo nos referimos a emprendimientos pequeños; nos referimos también a la posibilidad, siempre que la empresa cuente con capacidad financiera y con experticia, de participar en sectores claves para nuestro desarrollo, como el caso de las infraestructuras, que suponen una transformación importante de determinadas actividades en el ámbito nacional.”
La mención explícita de infraestructura no es casual. Cuba arrastra un déficit acumulado durante décadas en carreteras, puertos, redes eléctricas, sistemas de agua potable y telecomunicaciones.
Son precisamente esas carencias las que más directamente afectan la calidad de vida de la población y la competitividad de cualquier actividad económica. Si la diáspora, con acceso a capital, tecnología y redes empresariales en países desarrollados pudiera canalizarse hacia esos sectores, el impacto potencial sería considerable.
Un modelo que el Gobierno citó como referencia es el de las empresas vietnamitas que actualmente producen arroz en Cuba mediante contratos de usufructo sobre la tierra.
“En este sentido existen incluso ejemplos de negocios con compañías extranjeras de otros países. Se habla mucho del ejemplo de las empresas vietnamitas que hoy producen arroz con elevados rendimientos, y en este caso con la comunidad cubana residente en el exterior pudieran desarrollarse modelos similares, donde se conceden derechos de usufructo sobre la tierra para desarrollar actividad agropecuaria”, explicó.
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Un cambio de paradigma, con obstáculos conocidos
El conjunto de medidas se presenta como un giro notable en la relación entre el Estado cubano y su emigración. Durante décadas, esa relación estuvo marcada por la desconfianza, las restricciones legales y una narrativa oficial que con frecuencia veía en la diáspora una amenaza política antes que un recurso económico.
El nuevo paquete no elimina las tensiones históricas, pero sí redefine formalmente el lugar que la emigración puede ocupar en el proyecto económico del país, en caso de que accediera a participar en mayor escala.
El gobierno reiteró, no obstante, que el bloqueo/embargo económico impuesto por Estados Unidos sigue siendo el principal obstáculo estructural para que estas reformas produzcan resultados tangibles.
Las restricciones al acceso de Cuba a los mercados financieros internacionales, la persecución de transacciones en dólares y las limitaciones al comercio afectan directamente la viabilidad de cualquier inversión, incluida la de la propia diáspora.
Pérez-Oliva Fraga advirtió que las medidas anunciadas no requieren modificaciones sustanciales al ordenamiento jurídico vigente, lo que sugiere que su implementación podría comenzar en el corto plazo.
Sin embargo, la distancia entre el anuncio de una política y su materialización efectiva ha sido, en la historia reciente de Cuba, un trecho frecuentemente más largo de lo previsto.
Entre la apertura económica y las exigencias de Washington
Las medidas anunciadas este lunes se producen en uno de los momentos de mayor tensión entre La Habana y Washington en décadas, con una Administración Trump que ha convertido el cambio de régimen en Cuba en un objetivo declarado para 2026 y que ha hecho de la presión energética su principal palanca.
El subsecretario de Estado Christopher Landau ha sintetizado las exigencias estadounidenses en tres ejes: respeto a los derechos humanos, liberación de los presos políticos —una categoría que La Habana no reconoce en su discurso político— y apertura a las libertades fundamentales de los cubanos, incluidas las económicas.
Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio ha insistido en la apertura económica como una condición de Washington para cualquier acuerdo con La Habana. “Creo que, sin duda, su disposición a empezar a abrirse en este sentido es una posible vía para avanzar”, aseguró recientemente a Bloomberg.
“No tiene que cambiar de golpe”, refirió, y dijo que a EE.UU le “encantaría” ver que La Habana implemente reformas “drásticas” que abran “el espacio para la libertad económica y, eventualmente, política del pueblo cubano”.
Frente a ese cuadro, las reformas económicas que La Habana anuncia ahora pueden leerse como una respuesta parcial y táctica: concesiones en el terreno económico que el gobierno cubano ofrece sin tocar el estamento político, algo que las autoridades cubanas han señalado como una línea roja en cualquier negociación.
En ese juego de presiones cruzadas, la pregunta que queda abierta es si una liberalización económica sin contrapartida política será suficiente para satisfacer a una administración que, este mismo lunes, elevó su retórica al extremo: el propio Trump declaró desde la Casa Blanca que puede “hacer lo que quiera” con Cuba y que espera tener “el honor” de tomarla.
