Redacción OnCuba
El anteproyecto de la «Ley de la Expropiación por razones de utilidad pública o interés social» fue publicado en el sitio web del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba para el análisis de legisladores, expertos y ciudadanos del país, según informan medios oficiales de la Isla.
Además, ha sido habilitado el correo electrónico [email protected] para propiciar la elaboración y aprobación de la ley a partir de los criterios de todos los interesados, de acuerdo con lo publicado por el diario oficial Granma.
📢Atención‼
👉Sobre la Propuesta de Anteproyecto d Ley de la expropiación por razones d utilidad pública o interés social, visite el sitio web d #FinanzasyPrecios: https://t.co/p2o4oHLi4K.
🧐Dirija sus criterios y comentarios a ⤵: [email protected] #Cuba🇨🇺 pic.twitter.com/RCFZXNY6m1— Ministerio de Finanzas y Precios Cuba (@finanzasprecios) March 26, 2022
La propuesta de anteproyecto regula la expropiación por razones de utilidad pública o interés social como medio de actuación del Estado para la satisfacción de intereses generales como forma de adquisición de bienes y derechos para el patrimonio estatal, refiere el medio.
Designa, además, los sujetos competentes para realizar la declaración de la utilidad pública o interés social, así como las bases y el procedimiento para determinar esa utilidad o necesidad, añade el texto.
Asimismo, respalda las reglas establecidas en la Ley Nº 118, De la Inversión Extranjera, del 29 de marzo de 2014, sobre expropiación en ese ámbito y fortalece, en relación con este tema, las garantías jurídicas para los inversionistas extranjeros en Cuba, asegura Granma.
Según la web del MFP, esta iniciativa legislativa fortalece —a nivel sin precedentes anteriores en el Derecho cubano— el entorno jurídico de las garantías procedimentales y patrimoniales para los sujetos a la expropiación forzosa, subraya el citado medio.
La propuesta de ley establece en uno de sus artículos que para el inicio de cualquier actuación que tenga como finalidad la expropiación de inversiones extranjeras se requiere la aprobación previa del Consejo de Ministros.
Precisa Granma que el anteproyecto regulador de la expropiaciones da cumplimiento al mandato directo dispuesto en el artículo 58, párrafos 2 y 3, de la Constitución de la República de Cuba, que autoriza la expropiación de bienes únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización; y dicta que la ley establece las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, el procedimiento para la expropiación y la forma de indemnización.
El tema de la expropiación ha estado en el diferendo entre Estados Unidos y Cuba desde el triunfo de la Revolución en la Isla, cuando muchas empresas, entre ellas las estadounidenses, fueron nacionalizadas.
Ese diferendo es uno de los ejes de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, cuyo Título III fue activado por primera vez bajo la administración Trump en 2019 para aceptar demandas a empresas estadounidenses o de terceros países que se hayan beneficiado con las propiedades de empresas y ciudadanos estadounidenses, nacionalizadas después del triunfo de la Revolución.
Desde la activación del mencionado título se han radicado diferentes demandas contra empresas que han operado en territorio cubano, pero han transitado por diferentes cauces.
Recientemente una jueza de Florida dictaminó que las compañías de cruceros Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises incurrieron en «usufructo» al utilizar el puerto de La Habana, Cuba, que en su momento fue confiscado a sus propietarios por el gobierno de la isla.
EEUU: Jueza afirma que cruceros incurrieron en “usufructo” al usar el puerto de La Habana
Con esta decisión, la jueza se puso del lado de la compañía Havana Docks, la que interpuso una demanda contra estas cuatro grandes compañías de cruceros por usar en sus travesías a la capital cubana la Terminal Portuaria de Cruceros de La Habana, también llamada Terminal Sierra Maestra, y nacionalizada después de la llegada al poder de Fidel Castro.
Este proceso judicial pudiera tener implicaciones en las demandas que han interpuesto decenas de cubano-americanos en cortes de Estados Unidos en busca de indemnizaciones por sus bienes nacionalizados después de 1959.
Entre las propiedades objeto de las demandas hay puertos, aeropuertos y hoteles de cadenas europeas, principalmente españolas.
