El Gobierno cubano confirmó la aprobación de dos negocios en el sector privado con participación de capital extranjero, una de las modalidades que busca impulsar para captar financiamiento, tecnología y acceso a mercados internacionales.
El anuncio fue hecho esta semana por Déborah Rivas Saavedra, viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, en una entrevista con el diario Granma en la que detalló las oportunidades abiertas por las recientes transformaciones económicas y sociales.
Según explicó, uno de los cambios incluidos en el paquete de reformas gubernamentales permite que los actores económicos cubanos constituidos como personas jurídicas puedan asociarse con capital extranjero. La apertura comprende sociedades mercantiles, sociedades de responsabilidad limitada y cooperativas agropecuarias y no agropecuarias.
Rivas también destacó las posibilidades para los cubanos residentes en el exterior, quienes pueden actuar como inversionistas extranjeros y asociarse con empresas privadas de la isla, con los mismos derechos y obligaciones que los inversores de otros países. Asimismo, pueden participar en mipymes y otras formas de gestión.
La viceministra no identificó los dos negocios aprobados ni precisó sus actividades, los participantes, los montos comprometidos o cuándo podrían comenzar a operar. Señaló, no obstante, que estas asociaciones pueden facilitar el suministro de materias primas e insumos, ampliar las capacidades productivas nacionales y favorecer las exportaciones y el empleo.
¿Cómo se amplían las oportunidades para los inversionistas extranjeros en #Cuba?
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— MINCEX🇨🇺 (@MINCEX_CUBA) November 10, 2026
De las nuevas normas a las primeras aprobaciones
La apertura al capital extranjero de las empresas privadas y cooperativas forma parte de un conjunto más amplio de reformas anunciadas por el Gobierno en junio y desarrolladas posteriormente mediante un grupo de nuevas disposiciones jurídicas.
Con anterioridad, OnCuba había señalado que seguía pendiente la creación de una vía regulatoria clara para que inversionistas extranjeros pudieran financiar directamente a empresas privadas cubanas. La cuestión tenía como antecedente la autorización concedida por Washington en mayo de 2022 para que ciudadanos estadounidenses invirtieran en negocios privados de la isla, una posibilidad que hasta entonces no contaba con el correspondiente mecanismo del lado cubano.
En septiembre, el Gobierno publicó nuevas normas sobre la inversión extranjera y otras disposiciones relacionadas con el funcionamiento de los actores no estatales. Entre los cambios figura la eliminación de la contratación obligatoria de trabajadores mediante entidades empleadoras del Estado, de modo que las empresas foráneas pueden hacerlo directamente.
Para los privados se eliminó la autorización previa del Banco Central para abrir cuentas bancarias en el exterior: las empresas comprendidas por la norma deben notificar esa apertura a las autoridades en un plazo de siete días y auditar sus movimientos.
Otros cambios ampliaron los derechos de usufructo y superficie sobre terrenos estatales, con plazos que pueden alcanzar los 99 años, y abrieron nuevas posibilidades para las actividades inmobiliarias y determinados negocios turísticos.
A esas disposiciones se suma el Decreto 153, vigente desde julio, que modifica los procedimientos para evaluar y aprobar proyectos de inversión extranjera. Entre sus novedades está el acortamiento de los plazos y la introducción del silencio administrativo positivo, por el cual la falta de observaciones de los evaluadores dentro del periodo establecido permite que el proyecto avance con criterio favorable.
En la entrevista con Granma, Rivas afirmó que ya existen proyectos aprobados mediante el nuevo procedimiento y adelantó que el Ministerio trabaja en una nueva política y una nueva Ley de Inversión Extranjera para dar continuidad a las transformaciones.
Gobierno cubano simplifica trámites con nuevo decreto para atraer inversión extranjera
Las garantías, los resultados y el peso de las sanciones
La modificación de las reglas de juego, sin embargo, no elimina por sí sola los obstáculos acumulados durante años para atraer y mantener inversiones en Cuba.
El economista Juan Triana Cordoví ha señalado en varias ocasiones que las trabas institucionales y la falta de incentivos han contribuido a frustrar proyectos de inversión extranjera. En su columna en OnCuba, el pasado septiembre, refirió entre los problemas las demoras en las negociaciones, las condiciones impuestas a los socios extranjeros, las restricciones a la contratación directa y la retención de dividendos o las deudas que no han podido cobrarse.
Triana consideró que las normas que desarrollen las reformas deben ser coherentes con sus objetivos y evitar que los nuevos cambios terminen limitados por procedimientos y decisiones administrativas.
Por su parte, el también economista Pedro Monreal examinó la reforma de la Ley 118 de Inversión Extranjera y advirtió que, aunque flexibiliza aspectos operativos como los servicios bancarios, la contratación y la distribución de utilidades, no modificó el capítulo relativo a la solución de conflictos.
En su análisis, consideró que la permanencia de determinadas disputas bajo jurisdicción de los tribunales cubanos, junto con antecedentes de dividendos no repatriados, cuentas bloqueadas y deudas impagas, continúa pesando sobre la confianza de potenciales inversores.
A las dificultades internas se suma el endurecimiento de la política de Washington. El pasado 5 de noviembre, el Gobierno de EE.UU. anunció nuevas medidas que abren la posibilidad de imponer sanciones a empresas extranjeras vinculadas con sectores de la electrónica, la manufactura, el transporte marítimo y la tecnología de la economía cubana.
En un reportaje reciente de Bloomberg, el académico Paolo Spadoni, de la Universidad de Augusta, consideró que las sanciones de la Administración Trump han convertido a la economía cubana en algo “completamente radiactivo” para los inversionistas extranjeros, ante el riesgo de que mantener operaciones en la isla comprometa sus negocios en otros mercados.
La propia Rivas reconoció en la entrevista con Granma que el principal desafío para La Habana es crear un clima favorable a la inversión y fortalecer las capacidades técnicas, financieras y comerciales de las empresas nacionales para preparar y negociar proyectos atractivos. El propósito declarado por el Gobierno, dijo, es que las nuevas oportunidades se traduzcan en negocios, inversiones y resultados concretos para la necesitada economía de la isla.
