La economía cubana no levanta cabeza. Sumida en una larga crisis —acentuada por los efectos de la pandemia, las sanciones estadounidenses y las dificultades y errores internos—, en 2024 tampoco tendrá un rendimiento positivo. Ello, a pesar de que las previsiones del Gobierno apuntaban en principio a un crecimiento en torno al 2 % y de la puesta en marcha de un grupo de medidas para intentar salir del bache.
Han sido las mismas autoridades las que han reconocido la imposibilidad —más que evidente en el día a día del país— de cumplir con su pronóstico inicial, aunque sin dar aún una cifra del nuevo desempeño recesivo tras la caída del 1,9 % en 2023. A la vez, en un ejercicio ya tristemente habitual, han vuelto a confirmar el rosario de incumplimientos en los planes gubernamentales, al tiempo que han cargado contra el embargo/bloqueo y han asegurado que la de Cuba es una “economía de guerra”.
Ni la producción de alimentos, ni las exportaciones e importaciones, ni la inversión extranjera y el turismo pudieron cumplir lo proyectado, mientras que varios fenómenos naturales se ensañaron duramente con el país. De esta forma, se ha hecho aún mayor el ya crónico agujero en las arcas estatales, aun con el recorte del déficit fiscal y el superávit por cuenta corriente celebrados como un éxito por el Gobierno, aunque cuestionados por economistas como parte de un paquete de “austeridad”.
El propio presidente Miguel Díaz-Canel consideró días atrás que el año que culmina ha sido “muy duro” y admitió que financieramente el país vive “prácticamente al día”, con “limitadísimas divisas”. Mientras, el primer ministro Manuel Marrero confirmó recién ante la Asamblea Nacional que el plan de su Ejecutivo para enfrentar la crisis no ha logrado avanzar “lo necesario” y apenas ha conseguido “discretos resultados” en un año marcado también por la caída en desgracia del exministro Alejandro Gil.
Aun así, y como han hecho a lo largo de todo el año, las autoridades de la isla siguen apostando por su programa de “estabilización macroeconómica” y por la adopción de medidas que, afirman, buscan “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”. En esta cuerda han tomado un grupo de decisiones en 2024, varias de las cuales han sido consideradas desde fuera del Gobierno como disparos en el pie.
La destrucción de la confianza: un mal de la economía cubana
A punto de cerrar diciembre, desde OnCuba le proponemos revisitar las normas y medidas más significativas —y casi siempre polémicas— de la política económica establecidas en el país en un año extremadamente difícil para los cubanos.
Un paquete de ajuste para iniciar el año
El 2024 comenzó con el paquete de ajuste anunciado poco antes por el primer ministro en la Asamblea Nacional. Las medidas informadas, cuyo establecimiento ocurriría de manera gradual, incluyeron aumentos en el precio de los combustibles, la electricidad, el agua y otros servicios, la eliminación de subsidios en la canasta básica, así como nuevos impuestos y medidas arancelarias para el sector privado.
En el caso de los impuestos, se extendió el existente sobre las ventas y servicios a todas las operaciones de comercialización de las mipymes, que hasta el momento solo se aplicaba a la comercialización minorista. Además, fueron suspendidas exoneraciones de tributos vigentes, tanto para las cooperativas no agropecuarias como las mipymes, como una exención temporal para los nuevos negocios.
Mientras, los aranceles se elevaron para la importación de artículos terminados y disminuyeron en un 50 % para las materias primas. De igual forma, crecieron para mercancías como el ron y el tabaco —y luego la cerveza—, con el declarado objetivo de proteger los productos nacionales. En cuanto al aumento de precios, criticado por su potencial inflacionario y su impacto en el bolsillo de los cubanos, su entrada en vigor fue paulatina y no estuvo exenta de episodios como el “incidente de ciberseguridad” que retrasó hasta marzo el sustancial incremento en el combustible.
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Aranceles eliminados… temporalmente
A pesar del rumor constante sobre su eliminación por parte del Gobierno, durante el año que termina se mantuvo vigente la importación no comercial —y en el equipaje acompañado— de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos sin pago de aranceles, así como otras variantes —hasta límites monetarios o de peso— para los casos de los equipajes no acompañados y los envíos aéreos, marítimos y postales.
La medida, defendida por muchos como una necesidad en medio de la profunda crisis y las crecientes carencias de productos básicos en el país, ha estado en la mira de las autoridades y su campaña para “corregir distorsiones” al abrir la puerta a un lucrativo negocio de estas mercancías en el mercado negro. A pesar de ello, fue prorrogada varias veces en el año, la última de ellas hasta el 31 de enero de 2025, al igual que la importación de plantas eléctricas para paliar los funestos apagones.
También con carácter temporal, aunque en este caso hasta el cierre del próximo año, el Gobierno eliminó en noviembre el pago de aranceles a un grupo de mercancías importadas para producir en la isla, tanto por actores estatales como privados. La medida, que daba continuidad a lo establecido meses atrás, “busca estimular la producción nacional, con énfasis en la producción de alimentos”, según se explicó entonces sobre una de las pocas normas que escapó de la controversia.
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Una economía “de guerra”
A lo largo de 2024 las autoridades cubanas han proclamado que el duro escenario actual de la economía cubana, reforzado por el impacto de las sanciones de Washington y el contexto económico global, se corresponde con unas condiciones “de guerra”. Y aunque esa idea ha sido puesta en solfa por varios economistas, el Gobierno se ha apoyado en ella para poner en marcha un grupo de medidas.
Así, durante la reunión del Consejo de Ministros de junio, fue anunciado un nuevo paquete, el cual, según se dijo entonces, perseguía —entre otras cosas— “corregir desequilibrios macroeconómicos” e “incentivar la producción nacional”, cuando ya se hacía evidente que no se podrían cumplir las optimistas proyecciones del año. Con ese fin, se “ajustó” el plan gubernamental a las condiciones de “economía de guerra” y se redujeron las partidas del presupuesto para disminuir el déficit fiscal.
Además, se centralizó la aprobación de la actividad presupuestada estatal, se decidió asignar mensualmente los recursos financieros “en correspondencia con los ingresos reales del mes”, “calcular el impacto fiscal de las importaciones de las formas de gestión no estatal” y “concluir el sistema tributario para el comercio electrónico”, y se estableció “una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía”, que ha provocado la mar de polémicas.
Topes de ganancias y precios
Uno de los signos recurrentes de las políticas económicas gubernamentales en 2024 —al igual que en años anteriores— ha sido la de fijar límites. Y, como parte de la declarada voluntad de “corregir distorsiones” y refrendar a la empresa estatal como el “actor principal” de la economía cubana, el destinatario casi único de tales restricciones ha sido un sector privado sobre el que han caído casi todas las culpas.
En una decisión cuestionada tanto por expertos como por empresarios privados, se anunció en junio un “tope” del 30 % a los gastos del sector estatal en sus relaciones con el no estatal. Además, se le dio a las autoridades locales la facultad de aprobar los precios y tarifas máximas de estas relaciones en sus propios territorios, lo que, en opinión de economistas como Pedro Monreal, “no solamente restringe los precios de mercado, sino que entraña el riesgo de ‘mercados de corrupción’”.
Poco después, y tras rumores y posposiciones, el Gobierno estableció también topes máximos de precio para la venta minorista privada de seis demandadas mercancías —pollo, aceite vegetal, leche en polvo, salchichas, pastas y detergente—, a las que exoneró del pago de aranceles de aduana. La medida, tal como alertaron no pocas personas, supondría rápidamente la desaparición o escasez de estos productos de mostradores y vidrieras, el traslado de sus ventas al mercado negro, una avalancha de inspecciones y multas, y una mayor carga para la ya golpeada economía familiar.
“Ordenando” el sector privado
Se veía venir y finalmente ocurrió. En agosto el Gobierno lanzó una actualización de las principales regulaciones sobre el sector privado para —sostuvo— “ordenar” su funcionamiento en el escenario económico de la isla. Adelantadas por el primer ministro en las sesiones del parlamento de julio, las nuevas normas reforzaron el control estatal sobre las mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia.
Aun cuando se mantiene parte de lo establecido previamente, fue traspasada a los municipios la facultad de aprobar nuevas mipymes, se actualizó el listado de actividades prohibidas para los negocios privados, se reforzó la política de bancarización en lo que respecta a dichos emprendimientos, y se oficializó el Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales, encargado de la política estatal para un sector considerado por las autoridades como “complementario”.
Señaladas desde fuera del Gobierno por sus limitaciones y ataduras, las normas incluyeron también la polémica obligación de que los socios de las mipymes sean cubanos con residencia efectiva, lo que ha sido interpretado como un freno a la participación de la comunidad residente en el exterior, en contraposición con el discurso gubernamental. Las autoridades, por su parte, han reiterado que no llevan adelante “una cruzada” contra los privados y han defendido las disposiciones como un paso necesario para “corregir las distorsiones que se han venido presentando”.
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Un cierre de año movido
Para no ser menos, los últimos meses de 2024 en Cuba han dejado también nuevos anuncios, medidas y polémicas en materia de política económica. En medio de un prolongado pico de apagones, fue publicado a fines de noviembre un nuevo decreto que, entre otras cosas, establece la obligatoriedad para los actores estatales y privados “grandes consumidores”, y para los nuevos negocios e inversiones, de producir parte de su consumo de electricidad a través de fuentes renovables.
A las preocupaciones y críticas generadas por este decreto se sumarían pronto las causadas por una normativa que puso más cotas a las operaciones de comercio mayorista de los actores no estatales. Dicha norma, establece que las mipymes y cooperativas que sigan en esta actividad deberán hacerla solo a entidades estatales o a través de empresas mayoristas del Estado, y únicamente libera de esta atadura a los privados para la venta de sus propias producciones. Con ello, apuntan expertos, “se discrimina al sector mayorista privado despojándolo de su mercado”.
A solo dos semanas para finalizar el año, al pasar balance del programa económico de su Gobierno ante el parlamento, el primer ministro cubano adelantó más medidas para 2025, entre las que ha causado especial revuelo el anuncio de un nuevo régimen cambiario con “mayor flexibilidad”, según las “condiciones de oferta y demanda”. Además, confirmó la aplicación de una “dolarización parcial” en un grupo de actividades, algo considerado por analistas como “una notoria incongruencia” con la política gubernamental de “avanzar en la desdolarización de la economía”.
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