Es un dilema, como tantos en Cuba. Por un lado, la necesidad urgente de alternativas ante los apagones; por otro, un entramado legal que busca garantizar seguridad y orden urbano, pero que muchos perciben como excesivo.
Instalar paneles solares en viviendas cubanas no es un proceso libre ni sencillo, tal como recordó la semana pasada una detallada explicación publicada en Facebook por un grupo ciudadano de Matanzas luego de que medios como el telecentro Primada Visión, de Baracoa, expusieran el asunto.
Yeán Tomasén Frómeta, director de ordenamiento Territorial y Urbanístico en Baracoa, había referido a dicho canal que las personas interesadas en instalar paneles solares deben recibir una autorización por esta instancia, ya que son “acciones constructivas menores que se ejecutan en el exterior del inmueble”.
Trámites obligatorios para viviendas
El Decreto-Ley 322/2014 establece que cualquier persona que deseen acometer “acciones constructivas” en su vivienda debe solicitar un Autorizo de Construcción en la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (DOT).
El trámite, según el grupo de Facebook, cuesta 68 pesos y exige presentar un proyecto técnico elaborado por una entidad facultada, acompañado de una certificación de resistencia estructural que garantice que el techo soportará el peso de los paneles.
En zonas urbanas, el permiso es obligatorio; en áreas rurales aisladas, se recomienda aunque no es exigido. Además, el diseño debe integrarse a la imagen urbana y considerar la orientación óptima para captar el sol.
Requisitos más estrictos en edificios multifamiliares
Pero, en edificios multifamiliares la instalación de paneles solares requiere no solo el Autorizo de Construcción, sino también la aprobación de la junta de vecinos, según la Resolución 4/1991. Si el inmueble está en un centro histórico o es patrimonial, debe consultarse con la Dirección de Patrimonio. Además, se deben prever medidas contra vandalismo y respetar los valores arquitectónicos.
Por su parte, el Decreto 107/2024 abrió la puerta a mipymes y cooperativas para desarrollar proyectos de generación renovable, permitiéndoles vender electricidad a la red o a otros consumidores. Sin embargo, los requisitos para personas jurídicas son más exigentes: deben presentar documentación de compra y tener un contrato con la UNE.
En centros vitales como hospitales, escuelas o hogares de ancianos, el inversionista debe solicitar el Autorizo de Obra y cumplir con los requisitos aplicables.
Riesgos de instalaciones improvisadas y normas de seguridad
A pesar de las regulaciones, proliferan instalaciones improvisadas que representan graves peligros. Techos de tejas o fibrocemento pueden ceder ante el peso y los vientos huracanados, provocando caídas de paneles. La falta de puesta a tierra y protecciones contra sobrecargas aumenta el riesgo de incendios y descargas eléctricas.
Un panel desprendido puede causar lesiones graves, perforar cubiertas o desencadenar incendios por cortocircuitos. “La caída de un panel puede dañar otros equipos, perforar la impermeabilización de la cubierta o incluso provocar un incendio”, advierte el documento.
Aunque en Cuba no existe un “permiso de bomberos”, las instalaciones deben cumplir normas de seguridad similares a estándares internacionales. Se exige resistencia al fuego en las cubiertas, pasillos libres de 1,2 metros para acceso de bomberos, sistemas de seccionamiento rápido y detectores de arco (AFCI) en instalaciones de alta potencia.
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Trámite similar a una licencia de construcción
La periodista matancera Yuni Moliner escribió que más de 33 mil sistemas fotovoltaicos están instalados en la provincia, según cifras oficiales.
Un un post de Facebook comentó que “el número crece cada día impulsado por una realidad ineludible” de los apagones, pero que en este contexto, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo había emitido “una nueva disposición para regular la instalación de paneles solares en viviendas, una medida que ha generado debate en redes sociales”.
A partir de una entrevista a Julio César Hernández Santana director de la entidad se supo que la instalación de paneles solares pasaba a considerarse “un trámite similar a una licencia de construcción”.
“La medida intenta introducir control en una práctica que ha crecido de forma acelerada y, en muchos casos, improvisada. Sin embargo, llega en un momento en que los paneles solares no son solo una opción, sino una necesidad energética inmediata para miles de familias”, apunta Moliner.
Voces críticas: “También quieren monopolizar el sol”
Las regulaciones han generado un intenso debate en redes sociales. “De contra que no son capaces de garantizar la corriente eléctrica, la gente tiene que comprar esos paneles por la calle a precios abusivos y encima les ponen todo tipo de trabas”, escribió Blanquita Martin en Facebook.
Otros cuestionan la lógica de exigir proyectos técnicos para paneles solares cuando nunca se pidieron para los tanques de agua en los techos, que pesan más. “Los tanques de agua pesan 10 veces más que los paneles y les preocupa ahora el estado estructural de las casas”, criticó Luben Carbonell Rodríguez.
La burocracia es vista como un obstáculo recurrente y un gasto enorme de tiempo. “De lo que lo pides a que ellos lo revisan y lo aprueban te metes años”, señaló Miriela Meseros Rivero. “También quieren monopolizar el sol”, agregó con ironía.
Cumplir con los trámites evita sanciones, multas y decomisos. Sin embargo, la percepción ciudadana es que el proceso burocrático se convierte en un freno para quienes buscan independencia energética en medio de apagones extenuantes y un sistema eléctrico nacional vulnerable a las mil y una eventualidades tanto técnicas como naturales.
Entretanto, en las redes sociales discurre un flujo constante de ofertas de mipymes y particulares que se dedican a comercializar los accesorios para captar la energía solar, desde paneles e inversores, hasta cables, conectores y servicios llave en mano, que se encargan de asumir todo el trabajo de instalación en las viviendas con tarifas tanto en dólares como en moneda nacional, cuyos costes son inasumibles por la gran mayoría de la gente.
