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La ola inflacionaria que atraviesa Cuba obligó a los gobiernos provinciales de Villa Clara y Holguín a intervenir directamente en el mercado privado de productos de primera necesidad, tal como ya lo hiciera Guantánamo, en una reacción en cadena que hace añicos una de las 176 medidas del paquete reformista que abolió los controles de precios al admitir, entonces, su inoperancia y efecto contraproducente.
Ambas provincias han fijado márgenes comerciales y precios de referencia para contener la escalada que ha convertido alimentos básicos como el aceite, el huevo y la leche en polvo en bienes de lujo fuera del alcance de la mayoría de los consumidores.
En Villa Clara, el Consejo Provincial del Poder Popular aprobó el Acuerdo No. 127, que establece un margen máximo de ganancia del 30 % para la formación de precios mayoristas y minoristas, con el aval del Comité Provincial del Partido.
En Holguín, por su parte, los municipios de Moa y Banes fijaron el precio de referencia del aceite comestible en 2 200 pesos por unidad, tras denuncias ciudadanas de que el producto se vendía hasta en 4 mil pesos en el mercado informal.
La medida en Villa Clara se traduce en cifras concretas que buscan contener la inflación en productos de primera necesidad.
El litro de aceite se comercializará a 2250 pesos en el mercado mayorista y a 2500 en el minorista; el huevo tendrá un precio de 95 pesos en la venta mayorista y de 110 en la minorista, en tanto la leche en polvo quedó fijada en 3120 pesos por kilogramo al por mayor y en 3465 pesos en la venta minorista.
Por su parte, el azúcar refino se estableció en 370 pesos la libra en el mercado mayorista y en 410 pesos en el minorista. Finalmente, las salchichas en formato de un kilogramo se venderán a 1255 pesos en mayorista y a 1500 en minorista.
En Holguín, además del aceite, se extendió el control de precios a productos básicos como pollo, embutidos, huevos, leche en polvo, arroz, frijoles, azúcar importada, jabón y detergentes.
Medidas contra los infractores
Tanto en Villa Clara como en Holguín, las autoridades han advertido que aplicarán sanciones severas contra quienes incumplan lo establecido. Entre las medidas previstas figuran multas, decomiso de productos, venta forzosa, suspensión temporal o cancelación definitiva de licencias y clausura de establecimientos. Estas disposiciones se amparan en el Decreto Ley 91 de 2024 y el Decreto 30 de 2021.
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Desregulación del mercado
En junio, el Ministerio de Finanzas y Precios oficializó, con la Resolución 150/2026, la eliminación de los topes de precios minoristas para productos básicos que estaba vigente desde julio de 2024 para un quinteto de productos: leche en polvo, salchichas, detergente, pastas y aceite, este último a 990 pesos la botella de un litro, excepto si fuera de oliva.
Desde entonces, los precios se dispararon: de 1500 pesos en abril a 2 mil en junio, 2 500 en La Habana a finales de julio, 3 mil en Sancti Spíritus en menos de 24 horas, y hasta 5 mil pesos en algunas localidades a comienzos de agosto, incluida la capital.
En el nuevo escenario, el salario mínimo mensual en Cuba, fijado en 3210 pesos desde julio de 2026, resulta inferior al precio de un litro de aceite en buena parte del país. Economistas estiman que una persona necesita alrededor de poco más de 96 mil pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, lo que convierte el acceso a alimentos elementales en un lujo inalcanzable.
La fijación de un precio máximo puede reducir de manera inmediata el costo visible de ciertos productos, pero no garantiza por sí sola que estos alimentos se mantengan disponibles en el mercado.
Los vendedores privados suelen justificar sus tarifas señalando que dependen de factores como el costo de importación, el transporte, la adquisición de divisas y la reposición de mercancías.
Las autoridades, en contraste, argumentan que detrás de esas cifras se esconden márgenes de ganancia excesivos y prácticas especulativas que deben ser enfrentadas con rigor.
El caso del aceite resulta especialmente sensible: en los últimos meses este producto ha llegado a venderse en el mercado informal por valores muy superiores a los nuevos límites fijados en las provincias.
La marea inflacionaria coincide con el agravamiento de las presiones extraterritoriales de Estados Unidos contra navieras extranjeras que transportan mercancías hacia Cuba, circunstancia que limita o cancela la llegada de insumos básicos y encarece la distribución interna.
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Reacciones ciudadanas
Las redes sociales se han convertido en un termómetro del malestar popular. “Lo que gano de salario lo tengo que coger para el aceite, ¿y qué como, aceite?”, escribió una cubana en un comentario viral.
Otros usuarios celebran las medidas, aunque con escepticismo: “Bien este paso, ahora viene el más importante que es ponerle el cascabel al gato”, opinó Julio Alejandro Vera Yera.
Muchos dudan de la efectividad de los controles. “Del dicho al hecho va trecho”, comentó Maricelys Pérez Santos. “Ahora esconden los productos y te dicen bajito yo tengo a este precio si lo quieres”, añadió Mayelín Montero, aludiendo a la práctica de ocultar mercancías para revenderlas a precios más altos.
¿Qué hacer?
El debate sobre la regulación de precios enfrenta dos visiones: por un lado, la necesidad de proteger a los consumidores; por otro, la lógica de mercado que rechaza los topes.
“La economía de mercado no es lógico topar precios, pero sí cumplir los porcentajes de ganancias establecidos”, opinó Leonel Alfaro Pérez, quien sugirió informatizar la conformación de precios para facilitar el control gubernamental.
La intervención en Villa Clara, Holguín y Guantánamo refleja la tensión entre la política nacional de liberalización de precios y la presión social por contener una inflación insoportable. Mientras algunos ven en estas medidas un alivio temporal, otros las consideran insuficientes o incluso contraproducentes.
De momento, la crisis de precios ha desbordado los mecanismos tradicionales de control y ha puesto en evidencia la fragilidad del poder adquisitivo de la población. El desenlace dependerá de la capacidad de las autoridades para hacer cumplir las disposiciones y de la respuesta de los actores económicos, en un escenario donde la escasez y la especulación siguen marcando la pauta.
