Cuba cuenta con un nuevo Decreto-Ley de la Caja de Resarcimientos, entidad pública encargada de los cobros y pagos por delitos.
La norma, publicada este sábado en la Gaceta Oficial junto al reglamento para el sistema de trabajo de dicha Caja, establece nuevos procedimientos en esta materia en la isla y sustituye a otra vigente desde 1954 que ha regido ese tema desde entonces.
Sobre su funcionamiento, el Decreto-Ley establece que “a los fines de resarcir a las víctimas o perjudicados de los delitos, la Caja de Resarcimientos garantiza la ejecución efectiva de la responsabilidad civil mediante el cobro a los sancionados, a los terceros civilmente responsables y el pago a personas naturales de las cuantías dispuestas en resolución judicial firme”.
Subordinada al Ministerio de Justicia, la entidad “tiene una estructura y organización basadas en el principio de territorialidad”, y cuenta con una Oficina Central encargada de cumplir las funciones establecidas en la normativa y “exigir el cumplimiento de estas a las secciones subordinadas a nivel provincial y municipal.
Al respecto, Tayliana Elias Morales, directora de la Caja, explicó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN), que esa entidad pública “ejecuta todo lo concerniente a la responsabilidad civil derivada del delito mediante el cobro a los sancionados y el pago a las víctimas”.
La funcionaria aseguró que a pesar de que transcurriera “un tiempo extenso” para la modificación de la norma de 1954, ello no podía ocurrir “sin que se desarrollará un perfeccionamiento en el ámbito penal” como el ocurrido a raíz de la aprobación de la nueva Constitución de 2019.
Según Elias Morales en el Decreto-Ley ahora publicado “se trabaja desde 2021con mayor intensidad a partir de que se reconoce en la Carta Magna el derecho de las personas a un debido proceso con la consecuente seguridad jurídica y a obtener la reparación por los daños materiales y morales”.
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— Ministerio de Justicia de la República de Cuba (@Minjus_Cuba) December 14, 2024
“Integración multidisciplinaria”
La especialista precisó que la normativa contiene “la integración multidisciplinaria de todas las normas que se han desarrollado, no solo en justicia penal, sino también en el Código de las Familias, porque se protege a las víctimas menores de edad y mujeres”.
A manera de novedades establece como “principios fundamentales” del funcionamiento de la entidad “la obligación individual del sancionado en el pago y cumplimiento de esta responsabilidad civil, además de la subrogación en lugar y grado de la víctima”, lo que, dijo, “evitará entre otros aspectos, el enfrentamiento con el agresor”.
En cuanto al cobro los sancionados, estos se podrán hacer en los municipios —a diferencia de lo establecido hasta ahora, que obligaba a hacerlo en las cabeceras provinciales— y también de manera electrónica, a tono con “el proceso de bancarización y las transformaciones digitales en el país”.
De igual forma, el sancionado puede determinar una persona encargada de cumplir las obligaciones de pago, lo que permite el avance del proceso mientras este se halle en la cárcel.
De acuerdo con lo normado, apunta la ACN, la Caja tendrá un “tratamiento autofinanciado”, lo que “permite la utilización de parte de los ingresos para el pago a los afectados y una menor cantidad para su funcionamiento”.
Ello, sostiene el reporte, “libera al Estado de un presupuesto que tiene que destinar para que se cumpla lo establecido en este aspecto”.
El Decreto-Ley de la Caja de Resarcimientos entrará a los 60 días de su publicación en la Gaceta Oficial, al igual que su reglamento.
