Daniel E.
El acuerdo de 2016, auspiciado por el gobierno cubano, entre el Estado colombiano y las FARC terminó formalmente con 52 años de guerra civil: mató a 260.000 y dejó a 7 millones de desplazados.
Una de las disposiciones del acuerdo fue la creación de un tribunal de paz especial que permitirá que las víctimas y los sobrevivientes obtengan justicia, aunque con penas reducidas para los perpetradores, que pueden evitar sentencias en las cárceles tradicionales si confiesan sus delitos. Uno de los delitos que estaba fuera de la agenda posconflicto eran los abusos sexuales perpetrados por las FARC pero también por fuerzas oficiales y paramilitares.
Víctimas de @FARC_EPueblo denuncian miles de abusos sexuales y no vemos a la gente exigiendo nombres de los victimarios. Cada vez apesta más en Colombia esa morbosidad y la falta de empatía con las víctimas… #ClaudiaMoralesEnLaW
— LaCadena (@LaCadenaEs) January 22, 2018
La violencia sexual fue generalizada durante el conflicto colombiano, pero en medio de masacres y secuestros masivos, tendió a ser ignorada o impune. Solo entre 1985 y 2016, 15.076 personas fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, y el 91% de ellas eran mujeres.
Las tasas de impunidad para los delitos sexuales superan el 90%. Ahora el tribunal creado por el acuerdo de paz abrirá el espacio para corregir esa estadística preocupante.
«Es lo más cercano que tendremos a la justicia, y con alguna garantía de que no volverá a suceder», dijo Fulvia Chungana, una mujer que denunció un abuso sexual por parte de un miembro de las FARC. «A menos que la gente diga la verdad sobre lo que sucedió, estamos condenados a ver que suceda de nuevo». Chungana armó su propia fundación para documentar casos de abusos.
En agosto, se presentaron ante el tribunal unos 2000 casos documentados de violencia sexual. Setecientos de esos casos fueron presentados por la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales , con la cual trabaja la fundación Chungana.
«Aquí está nuestra confianza y nuestra verdad porque confiamos en ustedes», le dijo a la corte Yolanda Perea, representante de otro grupo nacional de víctimas, mientras reprimía las lágrimas. «Si Colombia tuvo la confianza de llevarnos a este tribunal, es porque nos va a devolver algo de verdad y esperanza de que la guerra nos quitó».
Todos los bandos del conflicto cometieron actos de violencia sexual. Los miembros de las Farc habrían obligado a las mujeres a abortar si estaban embarazadas , para no agobiar “los esfuerzos de guerra”.
Los paramilitares alineados con el Estado (y vinculados personalmente con Álvaro Uribe) fue el grupo más sanguinario entre los innumerables grupos armados de Colombia: usaron rutinariamente la violación como arma de guerra y como medio para establecer el control de los territorios.
En Mapiripán, un remoto puesto ribereño al pie de las extensas llanuras orientales del país, un grupo de mujeres se reunió recientemente en una habitación de hotel alquilada para conocer sus derechos. El pueblo ha sido sinónimo de atrocidad desde julio de 1997, cuando un escuadrón de la muerte paramilitar llegó en busca de miembros de las Farc. Durante varios días, decapitaron y asesinaron a cualquier persona que sospechaban de colaborar con los rebeldes, arrojando docenas de víctimas en el río. Las mujeres fueron violadas, dicen los sobrevivientes, aunque los casos nunca fueron denunciados a las autoridades.
Doctors of the World (o Médicos Del Mundo en español), una ONG francesa, dirigió el taller en Mapiripán y otras dos regiones en conflicto, con fondos de la embajada británica en Colombia. Sus conclusiones serán llevadas ante el tribunal de paz. Sandra Milena Martínez, una enfermera especializada en violencia sexual dio allí un taller y dijo que las víctimas “hablan abiertamente aún cuando enfrentan la amenaza de represalias”.
«Todavía hay grupos armados por aquí», dijo Martínez al diario inglés The Guardian. Son miembros disidentes de las Farc que optaron por no dejar sus armas pero también bandas criminales (las “bacrim” en la jerga local) con orígenes paramilitares. «Este es un pueblo pequeño: los esposos de estas mujeres sabrán dónde están y hablarán con otras personas».
A los sobrevivientes que aporten casos al tribunal de paz se les otorgarán “garantías especiales” de seguridad, informó el gobierno.
