Ecuador: ¿Gobernabilidad o democracia? ¡Sí, por favor!

Estabilidad. Acuerdos. Libertad. Oportunidades. Inversiones. Encuentro. Gobernabilidad, gobernabilidad y más gobernabilidad. Este parece ser el argot con que la prensa privada y el campo político liberal en Ecuador definieron el momento y los desafíos que se abren con la asunción presidencial del banquero opusdeiano Guillermo Lasso. 

Luego de su tercer intento de llegar al Palacio de Carondelet, Lasso finalmente logró derrotar a la bête-noire, al ogro populista encarnado en el correísmo. La alianza política con el Partido Social Cristiano, quien decidió declinar una candidatura propia como estrategia para unificar a las derechas, fue la costura final que permitió lanzar con fuerza a Lasso a la presidencia. 

Por casi cinco puntos de diferencia, consiguió en segunda vuelta los apoyos de un espectro variado de fuerzas sociales y poderes: desde las naturales élites económico-financieras a las que pertenece, hasta los sectores indígenas de la sierra-centro, pasando por sectores medios comerciantes, emprendedores, jóvenes universitarios y colectivos feministas. 

En cambio, el campo de las izquierdas (desde el etno-comunitarismo, hasta el progresismo nacional-popular) se ha librado a la contienda electoral no solo de forma fragmentada, sino, enfrentado. Esta fisura no fue una novedad. 

Los desencuentros ya se habían mostrado sin un ápice de sorpresa en la campaña electoral cuatro años atrás, cuando Lasso se granjeó el beneplácito de organizaciones sindicales y vertientes del movimiento indígena. En esta ocasión, pese a haber presentado candidato propio y haber estado a tan solo 0,30 centésimas de enfrentar en segunda vuelta al candidato del correísmo, Pachakutik (PK), el partido político afín al movimiento indígena, finalmente dio su apoyo al candidato de la derecha conservadora. 

La continuidad neoliberal

Con la promesa de un programa económico de austeridad, apertura comercial y libertad de mercado, adornado con un progresismo culturalista tiktokero de último momento (seguramente despreciado por los opus dei), Lasso recibió el apoyo del 52% de la sociedad ecuatoriana. 

En medio de una crisis social y económica sin precedentes en las últimas décadas, aún requiere ser explicado cómo las mayorías optaron por la continuidad de los últimos años. 

¿Acaso la sociedad se ha neoliberalizado? ¿Ha quedado atrapada en el síndrome de Estocolmo luego de un cuatrienio de disciplinamiento social represivo? 

¿O acaso el anti-correísmo continúa siendo la pulsión odiadora por antonomasia de la política ecuatoriana, que ofrece un goce capaz de anestesiar los estragos causados por un persistente neoliberalismo autoritario? ¿O, en su defecto, cierto anti-correísmo, menos odiador pero anti-correísmo en fin, aún no perdona los innecesarios gestos de desconsideración y desprecio de aquellos cuyas identidades no encajaban en el proyecto nacional, aunque hubiera gozado de mejores condiciones de vida?

La gubernamentalidad necrófila de Lenin Moreno deja a su paso los peores indicadores sociales,  económicos y sanitarios en años. Según lo estimó la CEPAL, 35% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza mientras que 12% es pobre de forma extrema; la desigualdad ha aumentado a 0,50 del coeficiente de Gini, y el trabajo se ha precarizado aún más, contando con un 46% de la población económicamente activa trabajando en el sector informal, lo que ha implicado que se haya reducido en un 10% la afiliación al seguro social.

Esta crisis se combina con un deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones y en el sistema político: más del 80% de la población no confía en los partidos políticos, 75% no cree en el parlamento ni en el poder judicial. 

Asimismo, para fines de 2018, 83% de la población ecuatoriana afirmaba que el gobierno nacional era un “gobierno de los poderosos”, que gobernaba en detrimento del pueblo, según datos de Latinobarómetro referentes a 2019. 

Esta apreciación se profundizó en el contexto de la pandemia, cuando el régimen de Moreno llevó al límite el despojo social. Ecuador es el segundo país de la región con mayor número de muertes en exceso por el coronavirus. 

El retiro de los subsidios a los combustibles —medida bloqueada por la inmensa sublevación popular de octubre de 2019—, la aprobación de la “Ley Humanitaria”, que consistió en una reforma laboral para flexibilizar y precarizar las condiciones laborales, el pago de la deuda externa y la concomitante reducción presupuestaria en educación y salud, fueron todas políticas apoyadas por el partido ahora gobernante, “Movimiento Creando Oportunidades” (CREO). 

Como corolario, su (des)gestión finaliza con la carencia de un plan de vacunación que pueda atemperar los estragos del COVID-19. 

En este contexto, ¿cómo comprender que la mayor preocupación política y mediática del último mes haya sido la obtención de gobernabilidad por parte del flamante gobierno? Este concepto, tan caro para la democracia latinoamericana y que parecía olvidado, resurge con ímpetu. Incluso las fuerzas populares de oposición anunciaron al siguiente día de su derrota su intención de darle gobernabilidad a Lasso. 

Gobernabilidad, la anestesia neoliberal

La noción de gobernabilidad tiene una larga tradición en las Ciencias Sociales, especialmente las Ciencias Políticas, con una primacía de la perspectiva institucionalista y conservadora preocupada por el orden. 

La categoría se posiciona a mediados de los 70 desde los países “desarrollados”, de la mano de la Comisión Trilateral, conducida por Huntington, Crozier y Watanuki, para diagnosticar el agotamiento del Estado de bienestar y la necesidad de descomprimirlo de la sobrecarga de demandas sociales, dado el desequilibrio al que había llevado el “exceso de democracia”. 

En América Latina la preocupación por la gobernabilidad se introdujo en la década siguiente por los organismos internacionales de crédito, para explicar la crisis del “inflado y excesivo” Estado y de la deuda externa, y dar soluciones a estas problemáticas.

Dichas soluciones vinieron dadas por las reformas institucionales del Estado —es decir, su achicamiento y retiro de funciones sociales y económicas— y las políticas de ajuste estructural. 

La gobernabilidad sería entonces garantizada con la existencia de un Estado mínimo, cuya arquitectura institucional pudiera blindarse frente a las demandas sociales. Descentralización, reducción de presupuesto, delegación de funciones a la sociedad civil, fueron algunos de los mecanismos empleados entonces. Lo importante era conseguir orden y estabilidad. Neutralizar el conflicto. 

La señal de un buen gobierno, era, pues, su capacidad de gobernabilidad, de conseguir equilibrios en que las demandas sociales queden diluidas. 

El orden, como decía acertadamente el político Norbert Lechner, fija, dictamina, ofrece previsibilidad y pautas eficientes, crea expectativas, así como ofrece recompensas y seguridades. El orden garantiza derechos (de propiedad), asigna lugares y roles, establece jerarquías que procura volver legítimas. Así, la altísima preocupación por el orden puede volverse una despreocupación por la democracia. 

En los años noventa, con las transiciones democráticas ya consolidadas, ese fue el tono de las discusiones y de la gubernamentalidad ejercida por el poder político. El debate por la gobernabilidad invisibilizó, paradójicamente, el debate por la democracia. 

El término invitó a pensar la política desde el orden y su estabilidad, no su cambio democrático y una transformación igualitaria, que rompa con la institucionalizada matriz de desigualdades y la captura estatal por los poderes fácticos —capital financiero, medios privados— que atraviesan históricamente a la región de América Latina. 

Como un revival, Ecuador franquea hoy el mismo debate. La pregunta por la democracia brilla por su ausencia. Urge, entonces, recuperar el concepto para repensar su orientación y especialmente, reconocer el lugar del conflicto social en lugar de pretender atemperarlo. ¿De qué sirve obtener gobernabilidad si las mayorías siguen sumidas en condiciones de vida infrahumanas? ¿Cuál es la virtud de obtener estabilidad política si eso implica adhesión a la continuidad de un proyecto que pone en cuestión la vida misma? 

¿Es posible que el “nuevoviejo” poder político logre separarse de esta gobernabilidad post democrática —para retomar el concepto del sociólogo Colin Crouch— que anuló violentamente el conflicto social en beneficio del capital financiero adueñado del Estado? ¿Bajo qué condiciones podría gestionar la res-pública una clave democrática e incluyente? 

Hasta el momento, las señales lanzadas son poco auspiciosas. 

Las declaraciones sobre privatizaciones de empresas públicas (“monetización de activos” como les gusta decir a los neoliberales); la composición de un gabinete ministerial con la conducción económico-financiera de un ex representante del FMI y la asesoría de un consejero que promovía la fuga de capitales y evasión impositiva en paraísos fiscales; el acercamiento de Lasso al polo geopolítico conservador y fascistoide (el abrazo con Bolsonaro en el balcón presidencial es elocuente), y su intención de acercarse aún más a la Alianza del Pacífico; el anuncio, ya en campaña, de la eliminación de impuestos que gravan las grandes fortunas y a los sectores pudientes, así como el establecimiento de créditos universitarios (en lugar de becas, palabra que detestan), son medidas que afianzarán indudablemente aquel modelo de despojo. 

Si Lasso no se desconecta, al menos en determinadas decisiones y políticas, de sus bases electorales y especialmente, de las élites que lo catapultaron a la presidencia, difícilmente podrá lograr una gobernabilidad que contenga elementos democráticos.

Su primer intento político de forjar un acuerdo legislativo con la principal fuerza de oposición de izquierda (el correísmo) fue bloqueado desde los medios privados y la “twittosfera” dominada por la derecha neoconservadora, a los que, además, acaba de premiar con un nuevo proyecto legislativo para eliminar la Ley de Comunicación “populista”. En cambio, prefirió un acuerdo con PK, lo cual ya está activando tensiones con el movimiento social indígena. En este marco, la conflictividad social por parte del campo popular no se hace esperar. 

El día de la asunción presidencial, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi se declaró en estado de asamblea permanente y de  movilización territorial. Reclaman el restablecimiento de los subsidios a los combustibles, la derogación de la Ley de Defensa de la Dolarización que beneficia a la banca privada y repudian las futuras privatizaciones anunciadas. 

Al siguiente día de la toma presidencial, protestas protagonizadas por organizaciones indígenas y gremios de transporte en el norte del país también demandaron por los subsidios a los combustibles y rechazaron el “paquetazo” por venir.

¿Estará Lasso dispuesto a tramitar democráticamente estas demandas, o reiterará en el libreto  autoritario, haciéndose eco del vecino modelo represivo uribista? Si bien el campo progresista y popular se encuentra a la defensiva y fragmentado, la acumulación de fuerza que el movimiento indígena viene consiguiendo en los últimos años, sumado a la fortaleza identitaria de la primera minoría legislativa (el correísmo, con 49 de 137 asambleístas), funcionarán como contrapeso. 

Salvo que el anti-correísmo siga operando como frontera antagónica irreductible y que el partido político indígena reitere, a su vez, la estrategia corporativa durante el morenato en vistas de conseguir reducidos espacios de poder estatal, el campo de las izquierdas permanece en resistencia. Solo una confluencia de las distintas izquierdas tanto en la arena legislativa, como en las calles y en la visión de proyecto de Estado, podrá detener el persistente avance necroneoliberal.