La jueza federal Jia M. Cobb, del Tribunal del Distrito de Columbia, suspendió este viernes el uso de las “deportaciones aceleradas” del Gobierno de Donal Trump como método para expulsar de Estados Unidos a aquellas personas que ingresaron al país al concedérseles parole en la frontera o a través del programa de parole humanitario de la Administración Biden.
En su sentencia, Cobb escribió que “en un mundo de malas opciones, actuaron conforme a las reglas” y que “ahora, el Gobierno no solo ha cerrado esas vías para los recién llegados, sino que también ha cambiado las reglas para las personas con parole que ya se encuentran aquí”.
“La pregunta subyacente de este caso… es si las personas con parole que escaparon de la opresión tendrán la oportunidad de defender su caso dentro de un sistema de regla o, alternativamente, ¿serán deportadas sumariamente de un país que… podría parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar?”, dijo también la magistrada, citada por CNN.
El fallo judicial es resultado de una demanda presentada desde finales de marzo de este año por Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Red UndocuBlack (UBN) y CASA, luego de que la Casa Blanca anulara totalmente el programa que permitía ingresar legalmente al país a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses.
La demanda tiene como punto más importante denunciar la decisión de la Administración Trump de aplicar un método, que normalmente se utiliza para quienes cruzaron la frontera recientemente, a los beneficiarios del parole que ingresaron legalmente y cumpliendo con un programa de la Administración Biden.
Las redadas de la autoridad migratoria (ICE), promovidas por el gobierno Trump, han estado deteniendo arbitrariamente y sin previo aviso a personas beneficiadas por el parole y procesando sus deportaciones sin ofrecerles el derecho a representación legal.
El mayor evento de deslegalización masiva en la historia de Estados Unidos
La suspensión de estos procesos de deportaciones aceleradas no es la sentencia final de este caso judicial, sino que estará vigente mientras es tramitada la demanda y se aplica específicamente solo a las personas que se les concedió la entrada al país bajo libertad condicional.
Esta orden supone además un freno total para la aplicación de tres directivas de la administración Trump: un memorando de Seguridad Nacional de enero, una directiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de febrero y la cancelación en marzo de los programas de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
La demanda presentada por CHIRLA, UBN y CASA asegura que el Departamento de Seguridad Nacional está tratando a los inmigrantes con libertad condicional como si hubieran ingresado ilegalmente a Estados Unidos, a la vez que expone las irregularidades del proceso al que son sometidos para su arbitraria deportación.
La batalla contra el parole
Desde su entrada a la Casa Blanca, Donald Trump ha llevado adelante una férrea política migratoria, que incluye la eliminación del programa de parole humanitario creado por la Administración Biden para beneficiar a ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, y a la vez frenar la masiva entrada por la frontera sur de Estados Unidos.
Solo un día después de sentarse en la silla presidencial Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional poner fin a todos los programas de libertad condicional, incluido el parole humanitario que había permitido ingresar al país de más de 530 mil inmigrantes de esas cuatro naciones.
Un mes después, puso en pausa “indefinidamente” el procesamiento de las solicitudes de migración y en marzo el asunto se tornó especialmente complejo, pues Trump comenzó el cruel camino de buscar dejar sin estatus legal y en posición de deportación a quienes ya habían ingresado al país mediante el programa del Gobierno demócrata anterior.
Los últimos meses han estado marcados por una encarnizada batalla judicial en la que jueces de las cortes federales de Boston y Massachusetts han puesto algunos frenos a las medidas del presidente, mientras la Corte Suprema, en respuesta a una “solicitud de emergencia” de Trump, dio luz verde al actual Gobierno para seguir adelante con la suspensión del programa.
El fallo de este viernes es otro importante cuestionamiento judicial a la política migratoria de Trump y, según CNN, puede entenderse “como un indicador de cómo los tribunales federales interpretarán el poder ejecutivo luego de la decisión de la Corte Suprema en Trump v. CASA, que redujo el alcance de los mandatos judiciales a nivel nacional”.
