|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El 13 de mayo de 2024 Eduardo, su esposa María del Carmen y su hija menor de edad llegaron a Estados Unidos procedentes de La Habana gracias al Programa de Parole Humanitario (PPH) implementado por el presidente Joe Biden.
Después de haber pasado por los papeleos de rigor, a las pocas semanas empezaron a trabajar en el tipo de empleos reservados por el mercado laboral a las personas recién llegadas, al margen de la titularidad profesional de cada una, en caso de tenerla. María del Carmen se ubicó en una factoría. Eduardo empezó a trabajar como chofer de un van de la empresa FedEx.
En enero del año siguiente, con la nueva Administración, comenzaron a ver señales de que podrían tener problemas. El mismo 20 de enero el presidente Trump firmó la orden ejecutiva titulada “Protecting the American People against Invasion” que, básicamente, sentaba las bases para la suspensión del Programa Parole Humanitario (PPH) del Gobierno anterior.
El 28 de febrero una demanda colectiva (class action) presentada por Justice Action Center (JAC) y Human Rights First (HRF) ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, impugnó varias acciones planteadas por la Administración con el objetivo de afectar a los inmigrantes; entre ellas, finalizar “los procesos especiales para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela” y deportar a sus beneficiarios que no tuvieran “otros alivios migratorios”. El caso fue codificado como Svitlana Doe v. Kristi Noem.
La Administración anunció que el PPH se eliminaría desde el 24 de abril y que a partir de entonces los permisos de trabajo no serían válidos. De pronto, los implicados comenzaron a ver esa información en sus buzones o en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). En breve estarían en un limbo.
Evidentemente, era una estrategia diseñada para, entre otros objetivos, reforzar la autodeportación anunciada por el Gobierno en marzo con el llamado CBP Home, una vuelta al revés del mecanismo establecido por Biden para conceder entrevistas / acceso a la frontera. Y una manera de ahorrar costos una vez identificado el propósito de deportar a un millón de personas durante el primer año de Trump.
Eduardo y María del Carmen tuvieron cierto respiro cuando el 14 de abril, diez días antes de que el Gobierno pusiera en práctica lo anunciado, un tribunal de distrito presidido por la jueza federal Indira Talwani, de Boston, impidió temporalmente que el Gobierno Federal cancelara por completo el programa.
Dos fueron los elementos centrales que alimentaron su decisión. El primero, que no era de interés público declarar que cientos de miles de personas beneficiarias del PPH “ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar de forma legal en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos ni a sus familias”.
El segundo, que el estatus legal de los beneficiarios del PPH (lo cual incluye el permiso de permanencia y trabajo) debía mantenerse hasta su vencimiento natural; es decir, hasta que se cumplieran los dos años permitidos desde el inicio para estas personas.
Fue, en efecto, una victoria y un alivio. La Administración tuvo que congelar, de manera provisional, sus planes de deshacerse de esos inmigrantes. No hubo más remedio que anunciar lo siguiente:
El 14 de abril de 2025, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts emitió una Orden Preliminar que suspendió parte de la notificación del Registro Federal publicada el 25 de marzo de 2025, titulada “Terminación del Proceso de Permiso de Permanencia Temporal para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV)”. Véase Svitlana Doe, et al., v. Noem, et. al., n.° 25-cv-10495 (D. Mass., 14 de abril de 2025). En virtud de la orden, las notificaciones de terminación de los permisos de permanencia temporal (parole) enviadas a extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, de conformidad con la notificación publicada en el Registro Federal, se suspenden y, por lo tanto, no están vigentes. No se procesarán nuevas solicitudes de permiso de permanencia temporal (parole) para CHNV.
La solicitud de emergencia a la Corte Suprema y el Programa Parole
El Gobierno apeló. Pero el 5 de mayo el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston y compuesto por dos jueces liberales y uno conservador, le dio la razón a la jueza y, por tanto, denegó la solicitud oficial.
“El tribunal de distrito determinó que el artículo 8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A) no otorga a la Secretaria de Seguridad Nacional discreción no revisable para cancelar la libertad condicional, salvo caso por caso”, escribieron los tres magistrados.
Eduardo y María del Carmen pudieron entonces seguir con sus trabajos en espera de los nuevos permisos que pidieron por haber solicitado acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Gracias a eso, y a la ayuda familiar, al año y un día de haber entrado por el aeropuerto pudieron pagar 1400 dólares por cada uno, más el costo del nuevo permiso de trabajo para la residencia (green card): 260 dólares por persona.
El 8 de mayo el Gobierno se dirigió a la Corte Suprema con una solicitud de emergencia (docket). Y el viernes 30 del mismo mes la Corte dio a conocer, en una decisión 7-2, que la Administración Trump podía revocar el PPH hasta tanto hubiera un pronunciamiento de las cortes inferiores.
Las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor discreparon y advirtieron las consecuencias devastadoras de la movida para los inmigrantes antes de que se resolvieran los reclamos legales.
En otras palabras, y contrario a lo que suele creerse, la decisión de Suprema no cerraba el caso, pero sí le permitía al Gobierno continuar las deportaciones y revocar los permisos de trabajo. Como resultado, los beneficiarios del PPH perdieron instantáneamente su estatus legal.
Se considera el mayor evento de deslegalización masiva en la historia de Estados Unidos.
Corte Suprema autoriza el fin del parole humanitario: Medio millón de inmigrantes en riesgo
Los funcionarios hicieron entonces lo esperable: volver a mandar emails a los implicados con la noticia de que sus permisos estaban suspendidos. Y actualizar el E-Verify, esto es, un sistema de verificación laboral online operado por USCIS disponible a los empleadores. Todos los permisos de trabajo bajo la categoría C11 —la del PPH— habían perdido su validez.
Muchísimos empleadores hicieron, también, lo esperable: dejar en la calle a esos trabajadores, en no pocos casos bajo protesta y hablando hasta por los codos de una política migratoria que, de hecho, estaba afectando sus respectivos negocios.
Ahora le toca al Primer Circuito de Apelaciones decidir si el tribunal de base (Talwani) se excedió o no en su autoridad al permitir la continuación del PPH. Ese Circuito estableció un calendario acelerado de alegatos a solicitud de las partes. Los demandados presentaron los suyos el 11 de junio. Los demandantes, el 25. Los argumentos orales se expusieron el 29 de julio a las 2:00 p.m en el mismo Boston.
Lo nuevo en este caso es que una organización, el Public Rights Project, ha presentado un escrito amicus curiae sobre la terminación abrupta de varios programas de libertad condicional humanitaria. Lo han hecho en nombre de 14 gobiernos locales y 18 líderes de estos.
Ahí sostienen: “Nuestro documento detalla cómo la finalización de este y otros programas de libertad condicional humanitaria perjudicará directamente a los gobiernos locales y sus comunidades. Deportar a cientos de miles de miembros de la comunidad daña las redes sociales, tiene consecuencias económicas negativas y sobrecarga los servicios públicos”.
Más adelante: “Las pérdidas económicas se sentirán en los sectores de la salud, la manufactura, la hostelería y la construcción. Además, la eliminación de las protecciones legales para los inmigrantes erosionará la confianza entre los miembros de la comunidad”.
Y concluyen: “Nuestro escrito insta al Primer Circuito a confirmar la decisión del tribunal de distrito de mantener el programa vigente”.
Eduardo y María del Carmen esperan, sin trabajar. La página de USCIS les anuncia que sus nuevos permisos de trabajo les serán concedidos en septiembre de este año.
