Alfredo Prieto
El punto de partida de la estrategia de Donald Trump ante los sucesos de Mar-a-Lago consiste en afirmar que el registro del FBI y el Departamento de Justicia constituye un acto de persecución política y evidencia de mala fe. Se trata de una continuación del mantra de la cacería de brujas, el mismo que emplea cada vez que se ha visto cuestionado/investigado por violar la ley.
Este argumento simple, pero efectivo, le permite llegar con facilidad a un público que no entiende ni puede entender medianamente los vericuetos de la ley y sus complejidades. Y apela, fundamentalmente, al plano emocional, no al racional, un dato típico del populismo. En esencia, con esos mensajes Trump logra socializar en la red falsedades de diverso talaje y convertir a sus bases populares en caja de resonancia, aun a sabiendas de sus potenciales efectos peligrosos en un país sumamente dividido y polarizado. Las palabras, desde luego, no caen en el vacío. El asalto al Capitolio fue apenas un botón de muestra de sus posibilidades disruptivas y destructivas.
Lo anterior le posibilita dejar a la sombra la factualidad del caso Mar-a-Lago, básicamente: a) que su inquilino tenía en su poder información de seguridad nacional, es decir, documentos clasificados y altamente secretos debidamente marcados como tales por los aparatos correspondientes; b) que el gobierno le notificó que no se le permitía retener esos documentos en sus instalaciones; y c ) que a pesar de ello continuó reteniéndolos y que supuestamente realizó esfuerzos para ocultarlos en diferentes lugares de la propiedad, hasta que el FBI finalmente tuvo que ejecutar la orden de allanamiento en casa de un expresidente, hecho en efecto sin precedentes en la Historia de Estados Unidos.
Pero tal vez la ventana más reveladora de todas esas estrategias es lo que acaba de colocar en Truth Social, la plataforma que Trump utiliza desde octubre de 2021 después de que le fuera bloqueado el acceso a Twitter, Facebook e Instagram. Lo nuevo, aquí, consiste en sostener que el FBI “enterró” intencionalmente información sobre Hunter Biden antes de las elecciones de 2020 para obstaculizar sus aspiraciones políticas. Así lo dijo: “el FBI ENTERRÓ LA HISTORIA DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL DE HUNTER BIDEN ANTES DE LAS ELECCIONES sabiendo que si no lo hubieran hecho, Trump habría ganado fácilmente las elecciones presidenciales de 2020. Esto es FRAUDE E INTERFERENCIA ELECTORAL a un nivel nunca antes visto en nuestro país”.
Se trata a las claras de un corolario dirigido a calzar/retroalimentar la idea aludida al inicio, acompañada de otra muy simple: “NO HE HECHO NADA MALO”. Esto último asegurado a contrapelo de la Sección 2071 del Código Penal de Estados Unidos. Es un delito ocultar, eliminar, mutilar, borrar, falsificar o destruir documentos oficiales que, según lo codifica la Presidential Records Act, son propiedad del gobierno, no del expresidente.
Aquí emerge una pregunta que no se formulan ni Trump ni sus acólitos, tanto dentro como fuera de esas peculiares bases populares. Si esto es así, ¿por qué y para qué se los llevó de la Casa Blanca? Si la respuesta consiste en que no lo sabía, como a veces se ha argumentado de manera bastante torpe, es claro que en cualquier caso el desconocimiento de la ley no implica abdicación de la responsabilidad penal. Es más: de acuerdo con el estatuto legal antes citado, la persona que incurra en ese delito “será multada […] o encarcelada por no más de tres años, o ambas, “perderá su cargo” [de tenerlo] y “quedará inhabilitada para ocupar cualquier cargo en Estados Unidos (2071-b)”.
Pero a los efectos de lo que ahora interesa, lo más relevante es la propuesta de Trump en estas nuevas circunstancias cambiantes y crecientemente desfavorables para él y su equipo legal: convocar nuevas elecciones o reinstalarlo en la presidencia. Así de simple.
REMEDIO: ¡Declarar al ganador legítimo o, y esta sería la solución mínima, declarar las elecciones de 2020 irreparablemente comprometidas y tener una nueva elección, de inmediato!
Departamento de Justicia cree que Donald Trump ha ocultado premeditadamente documentos secretos
¿Y esto qué significa? —se preguntaron muchos. La respuesta es, a mi modo de ver, clara. Flip-flop. Distracción. Diversionismo. Y más gasolina para el bosque del sempiterno y supuesto fraude electoral. Esto parece sugerir que a medida en que vaya siendo acorralado, de mal en peor, los mensajes de Trump serán más epatantes e incluso demenciales. Y por descontado que no se trata de un acto de insanidad mental, sino de un procedimiento político fríamente calculado.
Por eso el experto constitucional y profesor de Derecho de Harvard, Lawrence Tribe, dijo que si Trump estaba intentando una “defensa de locura contra las diversas investigaciones en su contra, esa estrategia no funcionará”.
Más recientemente, el Departamento de Justicia ha revelado detalles hasta ahora desconocidos respondiendo a la solicitud de los abogados acerca de una revisión independiente de los documentos incautados en Mar-a-Lago. En un documento de 36 páginas, el Departamento profundiza la figura de “obstrucción de la justicia“, antes solo mencionada en la declaración jurada autorizando el allanamiento. Lo más notable es que el Departamento tiene evidencia de que Trump “ocultó y eliminó” documentos clasificados en lo que catalogan como un esfuerzo para “obstruir la investigación del gobierno”.
Por eso también el abogado Andrew Weissman, todo un cuarto bate en este tipo de lides, pudo concluir lo siguiente: “No se hace una presentación tan fuerte, audaz y acusatoria si no se tiene toda la intención de acusar”. Si eso ocurre, se habrá cumplido entonces la sentencia: nadie está por encima de la ley. La flecha ha sido lanzada.
Mientras, el viejo aforismo está en el aire: “si los hechos están en tu contra, argumenta la ley. Si la ley está en tu contra, argumenta los hechos. Si la ley y los hechos están en tu contra, golpea la mesa y grita como un demonio”.
