Alfredo Prieto
Los historiadores le dan crédito a Franklin D. Roosevelt (1933-1945) por haber sido el pionero en implementar el concepto de los cien días una vez instalado en la presidencia. Marcada por los efectos de la crisis, su administración enfrentó severos problemas económicos propios de las crisis 1929-1933, por lo cual el presidente se movió desde el principio mismo con su gabinete para diseñar/implementar de manera expedita programas correctivos al respecto.
Se calcula que para entonces una cuarta parte de los estadounidenses estaban desempleados; miles vivían en barrios marginales, como lo recoge Charles Chaplin en su filme Tiempos Modernos (1936). Al final de sus (primeros) cien días, Roosevelt había impulsado quince proyectos de ley en el Congreso, renovado los sistemas financiero y agrícola, ampliado la ayuda a los desempleados y sentado las bases para la recuperación económica.
Lo cierto es que ese plazo define desde entonces el estilo del liderazgo ejecutivo y sus prioridades, una suerte de sello identitario o marca de agua. Durante ese lapso se impulsan los principales puntos de la agenda de la nueva presidencia, en la medida en que se va delineando y aprobando un nuevo gabinete al frente del Gobierno Federal. El mandatario entrante nombra a los secretarios de las distintas ramas del ejecutivo que, en general, deben ser confirmados por el Senado.
No es entonces un hecho festinado que Biden haya colocado un cuadro de Roosevelt en el centro de una pared de la Casa Blanca, rodeado por Washington, Lincoln, Jefferson y Hamilton. La figura de Andrew Jackson, el presidente favorito de Donald Trump, demiurgo del populismo y de la llamada democracia jacksoniana, tan asociada sin embargo a las matanzas de americanos nativos, desapareció por razones obvias de las paredes de la mansión.
Ese nuevo programa se refleja, de entrada, en la cantidad de acciones ejecutivas firmadas por el presidente: 17 durante el primer día, apenas abandonando la ceremonia inaugural. Como resultado, a las pocas horas de su toma de posesión, Estados Unidos se reincorporaba a los Acuerdos de París y a la Organización Mundial de la Salud y anulaba el llamado travel ban o prohibición musulmana de la administración Trump. El mensaje era, pues, consistente con su campaña: su presidencia rechazaría el aislacionismo de su predecesor, quien había instalado esas tres cosas justamente mediante órdenes ejecutivas a contrapelo de la administración Obama.
COVID-19
Como se sabe, Biden llega a la Casa Blanca en un momento de crisis. Por un lado, debe enfrentar y resolver la pandemia de la COVID-19, que ha redundado en más de 460.000 estadounidenses muertos y desaparecido alrededor de 10 millones de empleos. Y lo hace en medio de una cultura políticamente polarizada, acaso tanto como durante los días de la Guerra Civil.
Al cabo de esos (primeros) cien días, en materia de COVID-19 la administración espera haber vacunado a cien millones de estadounidenses, autorizado la Ley de Producción de Defensa para aumentar el suministro de vacunas, reabrir de manera segura las primarias y secundarias y brindar asistencia económica a las familias necesitadas. En este último punto, la propuesta extiende el seguro de desempleo hasta el próximo septiembre, aumenta la cantidad asignada de 300 a 400 dólares semanales a los desempleados y envía 1.400 dólares en pagos directos a la mayoría de los estadounidenses.
También ha postulado aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares la hora y asignar más fondos a las clínicas comunitarias. «Es el equivalente doméstico de la teoría del dominó», dijo el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Rahm Emanuel, quien ocupó el cargo cuando Obama asumió la presidencia en medio de la Gran Recesión de enero de 2009. También el proyecto de ley de ayuda financiera para los días de enfermedad de los trabajadores de bajos ingresos.
Asimismo, el ejecutivo ha lanzado una campaña para tratar de despolitizar el uso de mascarillas recurriendo a líderes empresariales y religiosos —pastores, curas, rabinos e imanes. Y ha apelado directamente a los estadounidenses para que acepten utilizarlos durante cien días. Otra orden exige el uso de mascarillas en el transporte público (ómnibus, trenes y aviones).
Para aprobar legislación en un Senado dividido de manera redonda (50 vs. 50, desempatando el voto la vicepresidenta Kamala Harris), Biden necesitará no solo el apoyo demócrata en pleno, sino también los votos de al menos diez senadores republicanos. Los demócratas podrían eludir el requisito de 60 votos empleando un procedimiento presupuestario conocido como reconciliación, pero hacerlo probablemente restringiría el alcance del paquete y podría socavar el mensaje de cooperación bipartidista de Biden.
Pero no toda la agenda económica del presidente depende del Congreso. Por eso ha pedido a las agencias involucradas extender la moratoria federal sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias hasta el 31 de marzo, y una pausa en los pagos de préstamos estudiantiles federales hasta el 30 de septiembre.
En última instancia, hay un límite a lo que el poder ejecutivo puede hacer por sí mismo. «No hay un conjunto de botones y palancas que el presidente pueda presionar y tirar para generar la combinación óptima de crecimiento económico, desempleo e inflación», dijo Kenneth Mayer, profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, experto en órdenes ejecutivas.
La perspectiva administrativa, basada en la ciencia, apuesta a la idea de que tan pronto como desaparezca la COVID-19 mediante la vacunación masiva y la inmunidad colectiva, la economía comenzará a recuperarse. Pero el cronograma es un desafío: incluso si tienen éxito los planes de Biden para acelerar la distribución de vacunas, no se espera que Estados Unidos lo logre hasta el verano u otoño de este año 2021.
Cambio climático y justicia racial
El nuevo presidente tiene que lidiar con el cambio climático, usualmente negado por los republicanos. Además de reincorporarse a los Acuerdos de París, Biden echó para atrás el permiso para explotar el oleoducto Keystone y ordenó a las agencias federales restablecer las regulaciones ambientales que Trump había revocado –por ejemplo, sobre emisiones de metano en la producción de petróleo y gas. Y ha sostenido que utilizaría el poder del Gobierno Federal para impulsar la demanda de productos ecológicos, medida que conducirá a que a las agencias federales adquieran vehículos de bajas emisiones y otros bienes en esa tesitura.
En términos de justicia racial, el 20 de enero Joe Biden se convirtió en el primer presidente de la historia en condenar de manera clara y distinta la supremacía blanca en un discurso de inauguración. El plan de estímulo la economía antes mencionado, también aborda varios problemas de la agenda del movimiento Black Lives Matter. Uno de ellos ayuda a las comunidades negras, afectadas de manera desproporcionada por la pandemia; da fondos para expandir los centros de salud comunitarios y prioriza la ayuda a las pequeñas empresas propiedad de minorías.
Biden ha nombrado a Susan Rice como directora del Consejo de Política Nacional, a cargo de supervisar las iniciativas de equidad racial que se vayan implementando. Igualmente, está lanzando iniciativas para ampliar el acceso a la atención médica para las mujeres negras y para reformar el sistema de justicia penal.
Inmigración
Otro de los rasgos distintivos de estos (primeros) cien días ha sido, sin dudas, la reversión de varias políticas de inmigración del trumpismo creando, en primer lugar, un proyecto de ley con un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados. También se espera que Biden revierta la política que intentó excluir a los inmigrantes indocumentados de ser contados en el Censo.
A pocas horas de su toma de posesión, Biden anuló la llamada prohibición musulmana de la administración Trump, que restringía la inmigración de una serie de países de mayoría musulmana, movida denunciada en su momento como antiestadounidense y racista.
El presidente firmó el martes pasado tres órdenes ejecutivas destinadas a hacer retroceder aún más la huella de Trump en la inmigración y a reunir a los niños migrantes separados de sus familias en la frontera con México.
Las tres subrayan, sin embargo, la dificultad que enfrenta para desmontar decenas de políticas y regulaciones. En materia de niños separados de sus padres, el presidente ordenó al secretario de Seguridad Nacional, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, liderar un grupo de trabajo para reunir a cientos de familias desmembradas debido a política de «tolerancia cero» de la administración Trump, que buscaba desalentar la migración en la frontera sur.
Con las otras dos autorizó a revisar las políticas inmigratorias que limitaron el asilo, detuvieron el financiamiento a países centroamericanos, dificultaron la obtención de tarjetas de residencia o naturalización y ralentizaron la inmigración legal.
Y, alas, la opinión publica favorece al presidente. Según una reciente encuesta de Associated Press/NORC Center for Public Affairs Research, el 35% de los estadounidenses aprueba firmemente el trabajo de Biden y el 26% lo aprueba de alguna manera, para un de total, 61%. Otro 26 % lo desaprueba fuertemente y el 11% lo desaprueba de alguna manera. Para seguir la rima, esos resultados están marcadamente marcados por el partidismo: el 97% de los demócratas y el 58% de los independientes lo aprueban, por oposición al 77% de los republicanos.
Los temas/problemas de política exterior se irán abordando de manera progresiva a partir de la alocución de Biden el 4 de febrero, en la que dejó claro el nuevo territorio. Pero como expresara John F. Kennedy en su discurso inaugural (1961), el mensaje va, en todo caso, por este camino: «Todo esto no se terminará en los primeros cien días. Tampoco se terminará en los primeros mil días, ni en la vida de esta administración, ni siquiera quizás en nuestra vida en este planeta. Pero comencemos».
