El Gobierno español aprobó este martes un real decreto que permitirá la regularización extraordinaria de unos 500 mil inmigrantes en situación irregular, indicó el diario español El País.
La medida, calificada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como “uno de los grandes hitos de esta legislatura”, otorga acceso a residencia, trabajo, número de afiliación a la Seguridad Social y tarjeta sanitaria.
“Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles, y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones”, afirmó Saiz.
El permiso tendrá una vigencia inicial de un año y abre la puerta a una integración plena en la sociedad, especialmente en el mercado de trabajo.
En España viven 10 millones de personas nacidas en el extranjero, el 20 % de la población, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas. En los últimos tres años, se sumaron dos millones. El 26 % de la población laboralmente activa (entre 20 y 64 años) nació fuera de España.
Cubanos entre los beneficiados
La comunidad cubana en España, una de las más numerosas de América Latina, se verá directamente favorecida por la iniciativa. Muchos cubanos que residen en el país europeo de manera irregular podrán ahora acceder a empleos formales, cotizar y regularizar su situación familiar.
El decreto reconoce que estas personas “ya forman parte de nuestra vida cotidiana”, en palabras del presidente Pedro Sánchez, y busca garantizarles derechos y obligaciones en igualdad de condiciones.
Según el centro de análisis Funcas, citado por El País, en España residen más de 16 mil cubanos en situación irregular, dentro de un total estimado de 840 mil extranjeros sin papeles.
Para ellos, las dificultades de acceso a empleo formal, vivienda y servicios básicos son mayores y la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español en 2026 representa una oportunidad histórica para su integración.
Requisitos y garantías
El proceso exige la presentación de certificados de antecedentes penales, un punto reforzado tras las recomendaciones del Consejo de Estado, en tanto el Gobierno se compromete a asistir a los solicitantes en la obtención de estos documentos desde sus países de origen. El procedimiento podrá iniciarse de forma telemática desde el 16 de abril y presencialmente a partir del 20 de abril.
Por otra parte, los inmigrantes que deseen acogerse a la regularización extraordinaria planteada por el Gobierno, tendrán que ser mayores de edad y haber entrado en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar que han permanecido cinco meses consecutivos en el país al presentar la solicitud, cuyo plazo se extiende hasta el 31 de junio, de modo que si alguien llegó el 31 de diciembre del año pasado puede quedar incluido en el proceso.
Para demostrar la estancia por cinco meses en España bastará “cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar la identidad”. La residencia habitual se podrá certificar mediante cualquier prueba válida en derecho.
Para acreditar una estancia mínima de cinco meses en España será suficiente presentar cualquier prueba válida en derecho que incluya datos personales y permita verificar la identidad.
La residencia habitual también podrá certificarse mediante documentos de ese tipo. Entre los requisitos figura aportar una copia completa del pasaporte —vigente o caducado—, la cédula de inscripción o un título de viaje reconocido en España, igualmente en vigor o vencido. Además, los solicitantes deberán abonar la tasa correspondiente, que en borradores previos se había fijado en 38,28 euros.
La medida generó una fuerte discusión política. Mientras el Ejecutivo defiende la regularización como un acto de justicia y normalización, el Partido Popular anunció una ofensiva jurídica y parlamentaria contra el decreto, argumentando que podría producir un “efecto llamada” y tensionar los servicios públicos. El Gobierno, por su parte, subraya que cuenta con legitimidad social, política y económica, además del aval de organismos y estudios.
“El PP intentó que la Comisión Europea la rechazara y le han dicho que forma parte de la soberanía española. Y el Consejo de Estado también avala que se haga a través de una reforma del reglamento de la ley de extranjería”, dijo Saiz.
Homologación de títulos universitarios
La regularización se complementa con avances en la homologación de títulos extranjeros, un aspecto clave para la comunidad cubana formada en universidades de la isla.
En 2025 se resolvieron más de 85 mil expedientes, la mayoría favorables, con un alto porcentaje de médicos y profesionales sanitarios, según refirió El País.
El Ministerio de Ciencia e Innovación estima que para 2027 se eliminará el atasco de solicitudes, gracias a un nuevo modelo que incorpora inteligencia artificial, más funcionarios y acuerdos de reconocimiento recíproco con países latinoamericanos como Cuba, Argentina y Colombia.
Para los cubanos, esto significa la posibilidad de ejercer en España las profesiones que estudiaron en su país, fortaleciendo tanto su integración como la economía española.
De acuerdo con El País, “la mayoría de las homologaciones son de profesionales sanitarias (todas reguladas), porque son quienes más solicitan el reconocimiento y además con éxito (por encima del 70 % de resoluciones positivas en la mayoría de los empleos). A los médicos les siguen a mucha distancia en la lista de homologados los enfermeros (8,1 %), psicólogos clínicos (3,1 %) y fisioterapeutas (2,1 %)”.
Las tasas de homologación presentan notables diferencias. Mientras la mayoría logra resoluciones favorables, los psicólogos clínicos apenas alcanzan un 52% de aprobaciones, y los odontólogos se sitúan en el extremo más bajo, con solo un 22,4% de expedientes positivos, lo que representa apenas el 0,9% de los solicitantes homologados.
En este último caso, la baja aceptación se explica por la resistencia de los colegios profesionales y universidades españolas, que advierten un mercado laboral saturado y limitan el acceso de nuevos titulados.
Colombia ocupa el segundo lugar en número de expedientes resueltos de convalidación, con 16 924 casos. España encabeza la lista con 19 078, en gran medida porque muchos solicitantes poseen doble nacionalidad; en cambio, son pocos los nacidos en el país ibérico que cursan estudios en el extranjero. Después, con cifras inferiores a 7 mil, se ubican Venezuela, Cuba y Argentina.
