El gobierno español ha autorizado a varios grupos humanitarios a zarpar con destino a las islas griegas, donde quieren entregar suministros en campos migrantes. Sin embargo, las organizaciones se exponen a cuantiosas multas si sus barcos se internan en las aguas designadas oficialmente como de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central.
España había bloqueado la salida de varios barcos de rescate temiendo que causaran malestar en países mediterráneos como Italia si navegaban buscando y recogiendo migrantes.
Italia y Malta han afirmado que no pueden abrir sus puertos a los barcos de rescate porque sus actividades en la costa de la anárquica Libia han alentado a los traficantes de personas.
Después de cuatro meses de disputas legales, el Aita Mari recibió el martes luz verde para navegar al Mar Egeo.
El barco lleva material médico y sanitario para los campos en las islas de Lesbos y Chios, explicó Daniel Rivas, portavoz del grupo Salvamento Marítimo Humanitario.
Otro barco, de la organización Proactiva Open Arms, tenía previsto zarpar esta semana de Barcelona con mantas y otros suministros, indicó el miércoles el fundador del grupo Oscar Camps.
Ambos han recibido instrucciones de mantenerse alejados de las zonas de búsqueda y rescate salvo que las autoridades les pidan que participen en una operación específica para ayudar a personas con problemas en el mar.
Las organizaciones afrontan multas de entre 300.000 y 900.000 euros (de 340.000 a un millón de dólares) si incumplen esas condiciones.
Camps dijo que su grupo seguiría realizando rescates si se cruzaba con personas necesitadas.
“Es nuestra obligación legal rescatar a personas en el mar. Si las encontramos, lo haremos”, dijo a la televisora catalana TV3.
En lo que va de año han muerto 407 personas cruzando el Mediterráneo para intentar llegar a Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones, dependiente de Naciones Unidas.
