Horas después de circular la noticia de que un polémico inciso del Decreto Ley 370 sobre la Informatización consideraba violación “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional”, el Ministerio de las Comunicaciones tuiteó una aclaración.
“DL-370 informatizacion, contravenciones inciso f), en el caso de las personas naturales, se refiere a las plataformas y aplicaciones nacionales de servicios q se ofrecen en Internet y de uso por los ciudadanos, no se refiere a blogs, sitios personales o informativos”.
DL-370 informatizacion, contravenciones inciso f), en el caso de las personas naturales, se refiere a las plataformas y aplicaciones nacionales de servicios q se ofrecen en Internet y de uso por los ciudadanos, no se refiere a blogs, sitios personales o informativos. pic.twitter.com/gTKjo11U48
— Ministerio de Comunicaciones Cuba (@MINCOMCuba) 5 de julio de 2019
Sin embargo, es el documento publicado por la Gaceta Oficial lo que tiene fuerza legal, y este no incluye expresamente la salvedad publicada en la cuenta de Twitter del Ministerio, con lo cual hay espacio para la aplicación discrecional de este inciso y, a menos que se modifique el texto, serán vulnerables las garantías de los ciudadanos de hospedar sus blogs o sitios web en servidores fuera de Cuba.
En las propias redes sociales, varias personas han expresado que este no es el único inciso polémico y/o que dejar un espacio demasiado abierto a la interpretación.
Por ejemplo, el inciso i) del artículo 68 del mismo decreto identifica como contravención “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, violación que se penaría con multas de 3 mil pesos a quien incurra en ella, además del decomiso de los equipos y la clausura de las instalaciones en los casos que proceda. Los encargados de detectar a quienes incurran en estas “violaciones” y aplicar las sanciones correspondientes serán inspectores designados por el Ministerio de Comunicaciones y las administraciones locales del Poder Popular.
Es la lógica de “con la revolución todo, contra la revolución, nada” El problema radica en quién establece el límite entre una cosa y la otra? Por eso las leyes deben ser lo más explícita posible.