Cientos de mujeres marcharon en silencio este domingo en la Ciudad de México para exigir se les haga justicia a las mujeres que sufren violencia en uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer, con víctimas que incluyen a estudiantes asesinadas por pretendientes rechazados, niñas violadas antes de la pubertad y madres solteras que desaparecen.
Los parientes de las mujeres agredidas sostenían fotografías de hijas y hermanas desaparecidas y asesinadas. Llevaban letreros en los que afirmaban “¡No pararemos hasta encontrarte!”, y algunas tenían escrita la palabra “justicia” sobre cinta adhesiva en la boca. Contenían las lágrimas mientras daban detalles acerca de las investigaciones prácticamente inexistentes de sus casos y la capacidad de los agresores para quedar en libertad.
“Es un estado impune que no garantiza derechos de las mujeres, mucho menos las víctimas”, dijo María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y una de las organizadoras de la marcha.
En promedio, señaló Estrada, 10 mujeres son asesinadas a diario en México, con frecuencia luego de sufrir una agresión sexual. Por lo menos otras 9.000 han desaparecido en los últimos años.
A las estadísticas les falta precisión porque sólo alrededor de uno de cada 10 delitos en México es denunciado. Solamente el 10% de los casos penales totales derivan en sentencias de cárcel, y en lo que respecta a las violaciones, sólo el 2% de los agresores pasan tiempo en prisión.
“Es una cultura machista, discriminatoria que siempre ve que la mujer provocó la situación”, dijo Estrada, que lleva más de 20 años luchando por la seguridad de las mujeres desde que cientos de ellas fueron halladas asesinadas en el desierto en las afueras de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas.
Cuatro de cada 10 mujeres mexicanas experimentarán violencia sexual, tales como manoseos o violaciones, durante su vida, según las Naciones Unidas. Con frecuencia las mujeres que reportan delitos sexuales son culpabilizadas durante las investigaciones, enfrentando preguntas acerca de qué ropa portaban al ser agredidas y cuántas parejas sexuales han tenido. A menudo las autoridades de salud no recolectan evidencia forense.
Las familias de las que han sido agredidas sexualmente, asesinadas o desaparecidas están muy al tanto de las fallas del sistema de justicia penal mexicano.
Elideth Yesenia Zamudio fue la primera madre que llegó el domingo, portando una camiseta que traía impreso el rostro de su hija muerta.
Zamudio dijo que solía pasar sus fines de semana paseando por la capital o haciendo ejercicio. Eso cambió en enero de 2016, cuando su hija María de Jesús fue arrojada desde un apartamento en un quinto piso. La estudiante de ingeniería de 19 años fue hallada semidesnuda, aparentemente con la ropa arrancada por la fuerza. Los vecinos fueron los que llamaron a una ambulancia, no los compañeros de cuarto de la estudiante ni los huéspedes varones de la casa.
Zamudio sospecha que su hija fue asesinada por un profesor joven que había dicho sentirse atraído por la chica y que se encontraba en el apartamento esa noche. María de Jesús no estaba interesada en sostener una relación íntima con él, agregó la madre. El maestro sigue libre y continúa impartiendo clases en la universidad.
Ahora la madre en duelo pasa la mayoría de los fines de semana haciendo activismo en pro de la justicia para las mujeres jóvenes. Dijo que la motiva más el amor que el dolor, y que salir a las calles la hace sentirse útil mientras el caso de su hija se estanca en las oficinas gubernamentales. Pero aún se le dificulta soportar la pérdida, así como la frustración de que nadie haya sido castigado.
Esto “nos ha destruido la vida”, afirmó Zamudio. “Desafortunadamente somos muchas las mamás que sentimos ese dolor”.
Zamudio perdió su empleo como agente de seguros, despedida por faltar demasiado mientras investigaba detalles acerca de la muerte de su hija. Sus antiguas amigas la evitan, diciendo que ya no es divertido andar con ella. Se ha vuelto desconfiada y muy consciente de las deficiencias en la seguridad pública.
“Tenemos el derecho de vivir sin miedo”, afirmó. “Hay que cambiar el chip como sociedad. Estos hombres están acostumbrados a que estamos sumisas”.
Un sondeo gubernamental efectuado en 2018 señaló que 80% de las mujeres en México no se sienten seguras. El acoso sexual y las agresiones son tan habituales en el transporte público que el tren subterráneo de la Ciudad de México reserva dos vagones de cada convoy exclusivamente para mujeres.
Víctor Hugo Aguilar, otra de las personas en la marcha, nunca imaginó que su familia enfrentaría una tragedia así.
Su hermana Tania desapareció en julio tras salir una noche con amigos de la infancia en la Ciudad de México. Ahora sus hermanos se hacen cargo del hijo adolescente de Tania. Lo poco que la familia sabe sobre lo ocurrido esa noche lo ha investigado por sí sola, sin que la policía haya hecho nada.
La lentitud de la investigación habla de un sistema de justicia penal ineficiente, denunció Aguilar.
“Ocultan y maquillan cifras en vez de enfrentar lo que se está viviendo”, afirmó. “Es la consecuencia de tantos años de ineptitud e indiferencia”.
