A pesar de que las principales cadenas de noticias proyectaron el 7 de noviembre que Joseph R. Biden ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y del reconocimiento internacional casi universal de su victoria, el presidente Donald J. Trump se ha negado a admitir la derrota.
En cambio, ha prometido continuar impugnando el proceso de recuento de votos y los resultados de las elecciones en los tribunales. Pero hasta ahora su estrategia de litigio no ha obtenido ninguna victoria legal y parece más diseñada para atraer la atención de los medios que para lograr victorias judiciales.
Muchas de las demandas ya presentadas en nombre o en apoyo de la campaña de Trump han sido sumariamente desestimadas, y las que quedan no buscan un resultado que, de otorgarse, cambiaría al ganador declarado en cualquier estado.
No está claro qué demandas futuras pudiera presentar la campaña, pero no ha habido informes independientes sobre irregularidades electorales que puedan respaldar una demanda meritoria.
Según un artículo del New York Times del 7 de noviembre, “buscando fomentar una duda generalizada sobre la legitimidad de la elección, el Sr. Trump y sus subrogantes parecían menos enfocados en argumentos legales sustantivos que pudieran sostenerse en la corte que en reforzar la narrativa política del presidente, sin el respaldo de los hechos, de que de alguna manera le estaban robando el segundo mandato”. En otras palabras, la naturaleza frívola o trivial de las demandas presentadas hasta ahora ha llevado al Times a concluir que se están iniciando con fines de relaciones públicas y no como parte de un esfuerzo legítimo para obtener una victoria judicial.
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La reciente petición del Partido Republicano de Pensilvania a la Corte Suprema de Estados Unidos refleja muy bien esa dinámica. El viernes, antes de que se diera como ganador a Biden, el Partido Republicano solicitó un decreto a la Corte Suprema, en el cual requiriera que los funcionarios electorales estatales apartaran las boletas que llegaron por correo después del día de las elecciones. Pero Pensilvania ya estaba separando ese tipo de boletas y, en cualquier caso, Biden gana en Pensilvania incluso sin que esas boletas se cuenten.
Varias doctrinas judiciales impiden que los tribunales otorguen una reparación en circunstancias en las que: (1) la reparación solicitada ya se ha obtenido (la doctrina de la controversia) o (2) el remedio solicitado no cure la lesión (la doctrina de la legitimación). Por lo tanto, la demanda parece destinada al fracaso. Fue descrita por el Times de la siguiente manera: “Por demostrar casi por completo”.
Otras demandas a escala estatal parecen haber tenido fallos similares. En Michigan, por ejemplo, el tribunal desestimó la demanda de la campaña de Trump para evitar que el estado contara los votos ausentes, con el argumento de que esos votos ya habían sido contados (una vez más, discutible).
En Georgia, un juez local rechazó una solicitud de la campaña de Trump para descalificar 53 votos después de determinar que la campaña no había proporcionado evidencia de invalidez. La ventaja de Biden sobre Trump en Georgia es mucho mayor que esos 53 votos, por lo que incluso si la demanda hubiera tenido éxito, habría sido irrelevante para el resultado.
En Arizona, la campaña de Trump presentó una demanda alegando que ciertos funcionarios electorales habían rechazado de manera indebida algunas papeletas debido al tipo de bolígrafo que se utilizaba para marcarlas. Esas acusaciones parecen haberse basado en un rumor de Internet. Los funcionarios electorales de Arizona dicen que es falso. La campaña retiró la demanda sin explicación.
Otras demandas, incluida la única que ha ganado la campaña de Trump hasta ahora, buscan mejorar la capacidad de la campaña para observar el conteo de votos, en lugar de cambiar los resultados de cualquier conteo de boletas. Hasta ayer se habían contado casi todos los votos, lo que hacía que esos derechos fueran prácticamente inútiles.
Las preguntas vigentes sobre la estrategia de litigio de Trump no se refieren a si los casos tendrán éxito en los tribunales. Todo indica que no. Más bien las preguntas son: (1) si la sola existencia de las demandas (aunque infundadas o triviales) engañará a un número significativo de estadounidenses para que crean las afirmaciones infundadas de fraude electoral de Trump; y (2) si algunos de los abogados de la campaña que presenten estas demandas serán sancionados por violar las reglas de la corte, que prohíben la presentación de litigios frívolos o vejatorios.
Por lo tanto, aunque no se acercan a los méritos, las demandas de Trump siguen planteando un problema para el país.
Nota de la editora
Peter Fox es socio de la firma de abogados Scoolidge, Peters, Russotti & Fox (SPRF) de New York. Este texto fue escrito especialmente para OnCuba.
