La comisión que elaborará el proyecto de nuevo Código de las Familias de Cuba fue publicada recién en la Gaceta Oficial, según informan medios de prensa estatales.
Según el Acuerdo Número 149 del Consejo de Estado, el grupo está integrado por 31 personas, a las que les corresponde “perfeccionar la labor que se ha desarrollado por años en diferentes versiones del documento”, señala la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
Además, le corresponde “ampliar los estudios y consultas necesarios” para la elaboración final del Código, “en aras de dar cumplimiento al Cronograma Legislativo, actualizado en diciembre de 2020”.
La agencia apunta que previamente se han elaborado “diferentes versiones del Anteproyecto por diputados, representantes de organizaciones de masas y sociales, especialistas y profesores, todos expertos en el tema”.
La comisión fue aprobada por el Consejo de Estado a fines de marzo. Entonces, la Asamblea Nacional no divulgó los nombres de quienes la integran, aunque precisó que se trataba de “diputados, representantes de organizaciones de masas y sociales, especialistas y profesores”.
Ahora, tras publicarse en la Gaceta Oficial, se conoce que forman parte de ella el ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera; José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional; Alexis Ginarte, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba; y Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).
Además, la integran Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Homero Acosta, secretario de la propia Asamblea; Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular; Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República; y los ministros de Educación y Educación Superior, Ena Elsa Velázquez y José Ramón Saborido, respectivamente.
Otros integrantes son Arelis Santana, presidenta de la Comisión de Atención a la juventud, la niñez y la igualdad de los derechos de la mujer, de la Asamblea; Joaquín Miguel Bernal, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos; Tania Margarita Cruz, viceministra de Salud Pública; y Rosabel Gamón Verde, viceministra primera de Justicia.
De igual manera, aparecen los expertos legales Yamila González, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas y profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana (UH); Leonardo Pérez Gallardo, profesor titular de la Facultad de Derecho de la UH y presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia; Ana María Álvarez, profesora titular de la Facultad de Derecho de la UH; y Martha Moreno Cruz, decana de la Facultad de Derecho de la UH.
También, dirigentes cubanos como Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas; Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba; Rafael Ramón Santiesteban, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños; José Ángel Fernández, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria; Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución; y Aylín Álvarez García, segunda secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Finalmente, se incluyen Hamlet Álvarez, presidente provincial de la Federación estudiantil de la Enseñanza Media en la provincia de Mayabeque; Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista; Raúl Alejandro Palmero, asesor jurídico Empresa Siderúrgica “José Martí”, y los diputados Idaliena Díaz, Yuniasky Crespo, Enrique Alemán y Pablo Oden Marichal, este último un líder ecuménico fallecido este lunes, por lo que presumiblemente su lugar deberá ser asignado a otra persona.
El cronograma legislativo estipula que el borrador del Código de las Familias debe ser presentado este año, para luego iniciar el proceso de convocatoria del referendo que decidirá su aprobación. Esta será la única de las normas jurídicas actualizadas con la nueva Carta Magna cubana que irá a referendo, en gran medida por la controversia provocada por la posibilidad de aprobación del matrimonio igualitario durante los debates populares sobre la Constitución.
El tema provocó encendidas discusiones y enfrentó en bandos contrarios al activismo LGTBI y a fieles de varias denominaciones religiosas, con especial peso de la iglesia católica y de las evangélicas, que cada vez tienen mayor presencia en la Isla.
Finalmente, la Comisión de Reforma Constitucional —encabezada por el expresidente Raúl Castro— optó por excluir una definición precisa del matrimonio de la nueva Carta Magna y aplazó el debate hasta la actualización del Código de Familia. Este giro buscaba asegurar un respaldo mayoritario a la nueva Constitución, pero provocó malestar entre los defensores de los derechos LGTBI, que vieron pospuesta una de las principales reivindicaciones de esta comunidad.
Los derechos de las minorías no se llevan a referéndum, imaginen un país racista con la mayoría ejerciendo ese racismo si les preguntan si debe o no haber racismo y la posibilidad de responder de modo seguro y secreto por medio de referéndum, es la forma más directa de lavarse las manos como Poncio Pilatos en relación a la homofobia y los derechos de las minorías. Si, pues los homosexuales no sobrepasan el 4 por ciento en ningún país. Todo el mundo occidental donde las iglesias y los extremistas ejercen mucha influencia han optado por emitir leyes de proteccion a nivel legislativo y parlamentario. Se corre un riesgo mortal hacer consulta en un país aún muy homofóbico, SOLO en este tema.