El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este martes por unanimidad que Hacienda facilite a un comité de investigación de la Cámara baja copias de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump.
La decisión allana uno de los principales escollos que ha enfrentado el Comité con un férrea oposición por parte del exmandatario, sus abogados y congresistas republicanos. Es una gran derrota para Trump, quien ha tratado de ocultar la publicación de sus declaraciones de impuestos durante años y actualmente se encuentra bajo múltiples investigaciones.
Su equipo legal ha tratado continuamente de mantener en secreto esas declaraciones y recurrió al Tribunal Supremo, compuesto por tres de sus nominados, después de haber perdido en un tribunal inferior.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que supervisa el tribunal de primera instancia que emitió la orden en el caso Trump, suspendió de manera temporal la citación el 1 de noviembre, presumiblemente para dar a los jueces más tiempo para considerar el tema.
El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal, un demócrata de Massachusetts, intentó conseguir por primera vez las declaraciones de impuestos de Trump en 2019, pero Hacienda, en ese entonces bajo la la administración del exmandatario, se resistió a entregarlas. El caso avanzó lentamente hasta 2021, cuando bajo la administración Biden el Departamento de Justicia cambió su postura legal y concluyó que Hacienda estaba obligada a cumplir con la solicitud del comité.
Un juez designado por Trump falló a favor de la Cámara a fines del año pasado . El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, donde se inserta la ciudad de Washington, se negó a revocar ese fallo. Más recientemente el pleno del tribunal de apelaciones se negó a aceptar el caso.
El tribunal sostuvo que la solicitud de los documentos cumplía un propósito legislativo legítimo para analizar las leyes fiscales que se aplican a un presidente en ejercicio y rechazó el argumento de Trump en el sentido de que el propósito declarado era un mero pretexto para ocultar un objetivo político.
Un caso legal separado relacionado con la búsqueda por parte del Comité de Supervisión de la Cámara baja de la información fiscal de Trump y de su entonces firma de contabilidad terminó en un acuerdo a principios de este año. Al llevar la nueva disputa al Comité de Medios y Arbitrios al Tribunal Supremo, Trump argumentó que los tribunales inferiores se han enfrentado a este caso en 2020 en un proceso conocido como “Mazars”.
Los abogados de Trump argumentaron que, al igual que el caso “Mazars”, la disputa actual “surge de una demanda del Congreso de información personal de un presidente entonces en ejercicio, un enfrentamiento entre ramas legislativas rivales sobre registros de intenso interés político para todos los involucrados”.
“Ningún Congreso ha ejercido nunca sus poderes legislativos para exigir las declaraciones de impuestos de un presidente”, argumentaron los abogados de Trump y advirtieron sobre las “implicaciones de gran alcance” del fallo del Circuito del Distrito de Columbia.
Sin embargo, Douglas Letter, un abogado de la Cámara baja, instó a la corte a rechazar la oferta de Trump de retrasar la citación y señaló que la Cámara había pasado “más de tres años” supervisando si Hacienda puede aplicar de manera efectiva e imparcial las leyes fiscales federales a los presidentes.
Letter dijo que el mandato de Trump en el cargo “amplificó” esas preocupaciones.
“Trump era dueño de una compleja red de negocios, participaba en actividades comerciales a nivel internacional, tenía un historial de evasión fiscal agresiva (como se jactaba), afirmó estar bajo ‘auditoría continua’ desde antes de su presidencia y denunció repetidamente las auditorías de Hacienda sobre su persona como él como ‘injusto’”, escribió Letter.
El caso se complica porque la procuradora general Elizabeth Prelogar, en representación del Departamento del Tesoro y Hacienda, se puso del lado de la Cámara baja y rechazó los argumentos de Trump, enfatizando que el Tribunal de Apelaciones “sostuvo correctamente que la solicitud del presidente articula un propósito legislativo legítimo y pasa el examen bajo todas las variaciones sugeridas de el análisis de la separación de poderes, incluido el estándar que este Tribunal adoptó en Trump vs. Mazars”.
