El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, detuvo temporalmente la expiración del Título 42, programado para suspenderse el miércoles, después de que 19 estados presentaran una apelación.
La política conocida como Título 42 comenzó en 2020 bajo la presidencia de Trump, durante en los primeros días de la pandemia de COVID-19. Desde entonces se ha utilizado para expulsar a migrantes de la frontera sur más de 2,4 millones de veces por motivos de salud pública.
La breve orden de Roberts no discutió los méritos del caso. La suspensión administrativa les da a los jueces suficiente tiempo para considerar la apelación de los estados a la luz de la inminente fecha límite para que finalice el Título 42.
Varios estados habían pedido a la Corte Suprema que interviniera y mantuviera el Título 42, alegando que no hacerlo “provocará una crisis de proporciones sin precedentes en la frontera“.
“Deshacerse del Título 42 pondrá en peligro de manera imprudente e innecesaria a más estadounidenses y migrantes al exacerbar la catástrofe que está ocurriendo en nuestra frontera sur”, dijo el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, en un comunicado. “Se estima que los cruces ilegales aumentarán de 7 000 por día a 18 000“.
Debido a la naturaleza expedita de las expulsiones, que suelen tener lugar en cuestión de horas, el acceso al asilo y a otras protecciones humanitarias se ve severamente restringido.
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La Unión Estadounidense de Libertades Civiles y otros defensores de los inmigrantes han estado librando una batalla legal contra la orden, alegando que viola el derecho federal e internacional.
En la solicitud de suspensión del pasado lunes, los estados, en su mayoría liderados por republicanos, argumentaron que levantar el Título 42 creará una afluencia de inmigrantes no autorizados que sobrecargarán indebidamente servicios gubernamentales como la aplicación de la ley, la educación y la atención médica.
La Patrulla Fronteriza registró un récord de 2,2 millones de detenciones a lo largo de la frontera sur el pasado año fiscal. Mientras tanto, la administración Biden eliminó a 1,4 millones de personas bajo el Título 42 y bajo la autoridad de inmigración estándar, el llamado Título 8.
Los estados también sostuvieron que el Gobierno Federal está tratando de tener las dos cosas en la controvertida política, lo que los estados llaman “colusión y contradicción”, porque el gobierno primero defendió el Título 42, luego cambió de bando y apoyó la decisión del tribunal inferior de anularlo.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el lunes, antes de la suspensión temporal, que la administración se estaba preparando para poner fin a los protocolos del Título 42, según lo ordenado por la ley.
